Un juez penal pidió la detención preventiva del excanciller del Ecuador, Ricardo Patiño, dirigente de Revolución Ciudadana (RC), el espacio liderado por el expresidente Rafael Correa, por el supuesto delito de «instigación». Patiño es el tercer exfuncionario de Rafael Correa que enfrenta una causa judicial en su país. Uno es el propio Correa, a quien se atribuye la autoría intelectual de un confuso secuestro a un exdiputado. El otro es el ex vicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión por un soborno que aún no fue demostrado.

A Patiño le adjudican el delito de «instigación» porque en un acto en Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, en 2018 llamó a la militancia correísta a «resistir combativamente» al gobierno de Lenín Moreno.

El juez Flavio Palomo resolvió detenerlo la tarde del jueves según pedido de la fiscalía general del Estado. También solicitó la difusión roja a la Interpol, ya que el exfuncionario salió del país un día antes para evitar el arresto, lo que se intuía como inminente. Según trascendió en la prensa estaría en Perú aunque al cierre de esta edición su espacio político no lo había confirmado. «Por su discurso político, en ejercicio del derecho de libertad de expresión y en pleno goce de derechos políticos consagrados por la Constitución y Tratados Internacionales de DD HH, será juzgado en un proceso penal nuevamente fabricado con fines de persecución», señaló la asambleísta de RC, Gabriela Rivadeneira. «Me apena que desde el Estado se continúe una persecución feroz contra todas las personas que trabajamos para el presidente Correa, empezando por él y por el vice de la república», dijo Patiño dos días antes de la decisión judicial en una entrevista con CNN. «Está ocurriendo en este país y en otros de la región: en las audiencias los jueces ordenan prisiones preventivas haciendo uso y abuso de esa figura legal excepcional de modo desproporcionada, ilegal y arbitraria», señaló Rivadeneira.

Patiño es uno de los dirigentes más cercanos a Correa. Como parte del acuerdo de continuidad con Moreno, ingresó a su gobierno como asesor presidencial, cargo al que renunció apenas se puso en evidencia la ruptura entre el presidente y su antecesor. En estos días levantó el perfil cuando Moreno le retiró la ciudadanía a Julian Assange, desencadenando su detención. En el entorno presidencial se acusaba al correísmo de haber operado junto a WikiLeaks la información de que el presidente tendría una empresa offshore para gestionar la compra de una mansión millonaria. Por eso le adjudicaron a Patiño vínculos con Assange y supuestos «agentes» extranjeros, acusándolo de intentar «desestabilizar» al gobierno. «El gobierno se desestabiliza solo, tiene el 10% de aprobación», contestó el excanciller.

Días atrás Patiño había declarado que podía irse del país si se pedía su detención. Por esa razón la fiscalía de Latacunga pidió la detención, pero la jueza Beatriz Benítez no lo consideró necesario. Ahora la fiscal general Diana Salazar pidió «revisar» la actuación de la jueza, es decir, destituirla.

El viernes a última hora se difundió un video desde una cuenta de YouTube llamada Justicia Latinoamericana donde Patiño defendió su inocencia y criticó por «absurda» la causa que se le pretende seguir. No aclaró dónde se encontraba ni cuándo pensaba regresar . «

Solidaridad regional

Más de 400 dirigentes, militantes políticos e intelectuales de América Latina expresaron su solidaridad con el informático Julian Assange y exigen que no sea extraditado a EEUU, donde le fundador de WikiLeaks podría incluso ser condenado a la pena de muerte por publicar documentos que muestran las atrocidades cometidas por tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Entre los firmantes figuran el Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, los ex presidentes Manuel Zelaya, de Honduras, y Fernando Lugo, de Paraguay, la senadora colombiana Piedad Córdoba, el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño; Nora Cortiñas y María Adela Antokoletz, de Madres Línea Fundadora; la dirigente de la Tupac, Milagro Sala, ambas CTA, la Liga Argentina por los DDHH, el CEMIDA, los Partidos Comunistas de la Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela, el MLN Tupamaros, de Uruguay, el PSUV de Venezuela y el Frente Guasú de Paraguay, el Frente Sandinista de Nicaragua y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) entre otros.