Deuda de la democracia: siguen vigentes 417 leyes de la 鷏tima dictadura

Entre ellas se encuentran el r間imen penal de minoridad, la Ley de Entidades Financieras y la del Personal de la Polic韆 Federal.

Casi una de cada diez leyes que regulan nuestra vida fueron pensadas, escritas y aprobadas por la 鷏tima dictadura c韛ico-militar. Son 417 sobre un total de 4449 normas vigentes que producen distorsiones permanentes y cotidianas. Dentro de la legislaci髇 que a鷑 lleva la r鷅rica de los integrantes de la Junta se encuentra el hoy debatido r間imen penal de minoridad, la Ley de Entidades Financieras y la Ley para el Personal de la Polic韆. Son legales, pero no leg韙imas, y constituyen una de las grandes deudas de la democracia.

"El plan de la 鷏tima dictadura militar no era hacer una intervenci髇 corta sino cambios de base, para lo cual necesitaban leyes. Porque, a menos que una ley se elimine, se anule y se proponga otra, iban a seguir funcionando", explica Emilia Simison, doctoranda en Ciencias Pol韙icas por el Instituto Tecnol骻ico de Massachussets (MIT) y autora de varios trabajos sobre el funcionamiento de la Comisi髇 de Asesoramiento legislativo (CAL), el 髍gano creado por la Junta Militar para reemplazar al Congreso entre 1976 y 1983 (ver p醙ina 3). Hoy esa legislaci髇 genera numerosas distorsiones sin que nos detengamos a pensar en su origen.

El colectivo de periodistas Sin Fin y la ONG Memoria Abierta (ver aparte) sistematizaron esa informaci髇 para abrir un debate sobre la necesidad de impulsar leyes democr醫icas para la democracia. El trabajo completo puede verse en www.leyesdeladictadura.com

As lo plantea el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Ra鷏 Zaffaroni: "Tendr韆 que ser una tarea del Congreso revisar esta legislaci髇 y ver si conviene mantenerla o sancionar leyes que las sustituyan. No se puede decir en bloque, plum desaparecen, porque hay un problema de seguridad jur韉ica y puede eso causar m醩 da駉 que mantener la vigencia de las leyes. Pero eso no quita que las autoridades constitucionales y los representantes del pueblo se pongan a revisarlas.

Un r間imen con la firma de Videla

Cuando se desat la tormenta, Lucas Mendoza se tap hasta la cabeza y esper que la lluvia dejara de caer. As estaba cuando su madre lleg a casa y se encontr con la puerta abierta. El piso mojado, el televisor estropeado. Ella estaba a punto de retarlo, cuando advirti lo que pasaba: "o estaba acostumbrado a cerrar puertas!", cuenta Marta Olgu韓. Lucas promediaba los 30 pero hab韆 pasado m醩 de la mitad de su vida en la c醨cel. Y all las puertas las manejan otros.

Hab韆 sido condenado a prisi髇 perpetua por dos asesinatos cometidos cuando ten韆 16. Tras un periplo por institutos de menores y c醨celes de distintos puntos del pa韘, sali por primera vez luego de que su caso 杍unto al de otros cinco menores llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte conden a la Argentina y la inst a sancionar un r間imen de justicia penal juvenil ajustado a las convenciones internacionales sobre derechos de ni馻s, ni駉s y adolescentes, disposici髇 que el Estado a鷑 no acat.

La Ley 22.278 permite que "al momento de dictar una sentencia a una persona que tiene entre 16 y 18 a駉s y comete un delito, despu閟 de un a駉 de tratamiento tutelar los jueces puedan absolverla, aplicarle la misma pena que a un adulto o bien una pena atenuada, que es la pena prevista para la tentativa del delito de que se trate", resume Claudia Cesaroni, abogada y referente del Centro de Estudios en Pol韙ica Criminal y Derechos Humanos (CEPOC). "Ten韆 que ver con que los j髒enes adolescentes eran parte del enemigo para el terrorismo de Estado", contextualiza desempolvando la firma de Jorge Rafael Videla que a鷑 se lee al final de la ley vigente.

Cada vez que la discusi髇 sobre la Ley 22.278 se puso sobre la mesa, el eje del debate se ubic en torno a la edad de imputabilidad. Tal como ocurre por estos d韆s. Una amplia mayor韆 de los especialistas consultados 杋ncluso los convocados por el gobierno rechaza la idea de bajar la edad. Pero desde el oficialismo contin鷄 el intento por reducirla de 16 a 14 a駉s. Lo mismo hizo Videla a poco de tomar el poder y as lo estableci la Ley 22.278 en 1980, hasta que la modificaci髇 de mayo de 1983 杄n el tramo final de la dictadura la elev a 16.

La "revoluci髇" de Mart韓ez de Hoz

En 2016 los bancos recaudaron 74.560 millones de pesos, seg鷑 datos del Banco Central. La mayor parte de ese dinero se origin en la especulaci髇 financiera, con la compra de deuda del Estado, pero tambi閚 provino de los hogares: cr閐itos personales, para el consumo, tarjetas de cr閐ito y cobro de servicios, aranceles y comisiones por cada peque駉 movimiento. Casi todas maniobras posibles a partir de la sanci髇 de la Ley 21.526 en 1977.

"Esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras argentinas, una peque馻 revoluci髇 que va mucho m醩 lejos de lo que la gente ve. Los vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo importante." As defini el entonces ministro de Econom韆, Jos Alfredo Mart韓ez de Hoz, su proyecto de ley de Entidades Financieras.
Ese a駉, el Banco Central contabilizaba 725 entidades financieras: un centenar de bancos privados y p鷅licos y m醩 de 600 entidades no bancarias. Hoy, esa cifra se redujo en un 89%: solo hay 78 entidades financieras. De estas, 63 son bancos.

"La ley de entidades desregul el sistema financiero, abri閚dolo al mundo. Esto result en una extranjerizaci髇 no solo de la propiedad de los bancos sino, y sobre todo, de su comportamiento", asegura el economista Alan Cibils. A partir de ese momento, explica, "las ganancias de los bancos pasaron de ser producto de la intermediaci髇 financiera (tomar dep髎itos y otorgar cr閐itos como en la banca tradicional), a ser producto de cr閐ito para el consumo, aranceles y comisiones, e inversiones financieras". El proyecto original tuvo 190 reformas desde entonces, pero no s髄o mantuvo el esp韗itu original sino que incluso se liberaliz.

Una polic韆 de estirpe militar

A fines de 1994, Hugo Airali egres de la Escuela Federal de Polic韆 Ram髇 L. Falc髇. Comenz a trabajar en la comisar韆 50 de Flores con el grado de oficial ayudante y, a diferencia de lo que le hab韆n ense馻do, se encontr con los delitos m醩 graves adentro del establecimiento.

Se neg a participar del sistema de recaudaci髇 ilegal proveniente del juego y la prostituci髇, de las detenciones arbitrarias y del armado de procedimientos fraguados. El comisario Norberto Antonio Vilela comenz entonces una persecuci髇 disciplinaria que incluy 43 d韆s de arresto y amenazas. Airali llev la denuncia a la Justicia ordinaria, pero la instituci髇 no se lo perdon.
Primero fue pasado a disponibilidad y luego se lo dej cesante. Para la fuerza, Airali hab韆 incumplido el art韈ulo 343 del decreto reglamentario de la Ley para el Personal de la Polic韆, que obliga al oficial a formular su denuncia "al superior de quien dependa". Quien deb韆 recibir la denuncia era quien estaba cometiendo el il韈ito.

Airali qued fuera de la Polic韆, Vilela fue ascendido y la denuncia en la Justicia civil no avanz. Este ejemplo muestra la dificultad de combatir la corrupci髇 estructural al interior de la Polic韆. Los motivos pueden buscarse en el hecho de que las leyes medulares que regulan su funcionamiento fueron sancionadas por dictaduras militares. La ley Org醤ica para la Polic韆 es, en los hechos, el decreto 333 de 1958 y lleva la firma de Pedro Eugenio Aramburu. La Ley Para el Personal de la Polic韆 (21.965) est rubricada por Videla en 1979.

La vigencia de la ley Org醤ica permite, entre otras cosas, que la Polic韆 pueda detener por averiguaci髇 de identidad. A pesar del fallo de la Corte IDH en el caso Bulacio (el fan de los Redondos apresado mediante ese recurso y asesinado por la polic韆), que oblig a modificar la legislaci髇 para evitar detenciones arbitrarias, todav韆 hay jueces que las avalan citando la norma de 1958. As lo hizo en enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.


La Ley para el Personal de la Polic韆, a su vez, define que al convertirse en agentes de la fuerza se adquiere un estado policial, distinto del civil, que no se pierde con el retiro ni estando de franco. Tambi閚 establece como derecho la portaci髇 de arma y como deber "reprimir las infracciones". Eso hace que muchos polic韆s intervengan en distintas situaciones cuando no est醤 trabajando. Seg鷑 datos del CELS, en siete de cada diez muertes con intervenci髇 policial producidas en 2015 estuvo involucrado un agente de franco.

Todo Golpe deja secuelas

Los aqu mencionados son apenas algunos ejemplos de las distorsiones que generan las 417 leyes y acuerdos de la 鷏tima dictadura a鷑 vigentes. Pero 閟tos a su vez son s髄o la punta de un iceberg que revela una sociedad encorsetada por normas heredadas de gobiernos dictatoriales.

Si analizamos todo el digesto jur韉ico vigente, encontraremos 998 leyes que fueron promovidas por distintos gobiernos de facto. Es decir que casi una de cada cuatro leyes actuales no tiene un origen democr醫ico.

Muchas normas y distorsiones

Entre las 417 leyes de la 鷏tima dictadura tambi閚 se encuentra la Ley de Inversiones Extranjeras (21.382), que otorg beneficios a las empresas for醤eas al equipararlas con las de capital nacional y sin la obligaci髇 de reinvertir en el pa韘. El actual C骴igo Aduanero tambi閚 fue sancionado en 1981, y la ley que regula las expropiaciones (21.499) fue sancionada cuatro a駉s antes.

La Iglesia fue objeto de una serie de leyes que a鷑 la benefician. La 21.950 estableci en 1979 que los arzobispos y obispos cobren un sueldo mensual equivalente al 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia, que hoy es de 77 mil pesos. Les otorg, adem醩, una jubilaci髇 m韓ima vitalicia a los sacerdotes a partir de los cinco a駉s de ejercicio, aunque no tengan aportes previsionales (Ley 22.430) y financia con una beca de un sueldo mensual a cada uno de los 1600 alumnos del Seminario (Ley 22.950).

Para ver los efectos presentes, tambi閚 puede citarse la Ley 22.243, que permite al Ejecutivo vender propiedades del Estado sin aval del Congreso. Fue citada en los decretos 952 y 1173 de Macri para vender 18 predios el a駉 pasado.