La suba del gas para el consumidor fue del 1400 por ciento

Es por la combinaci髇 simult醤ea de la suba del precio del gas en boca de pozo con la quita de subsidios al usuario.

"Hagan juicio, si quieren" fue la respuesta que el ministro de Energ韆 y Miner韆, Juan Jos Aranguren, dio a distintas asociaciones civiles, en una reuni髇 en 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia hab韆 obligado al gobierno a dar explicaciones y a celebrar audiencias p鷅licas para poder aumentar las tarifas de gas. "Me resisto a contestar esa pregunta", le respondi al diputado Jos Luis Gioja, en el Congreso, ante la misma consulta. YPF s tuvo que responder a esa pregunta en Wall Street y el juicio lo inici el Centro de Estudios para la Promoci髇 de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), en base a esa respuesta.

El titular del CEPIS, Mariano Lovelli, explic a Tiempo: "Este expediente va a demorar. Si bien pedimos que sea un tr醡ite de plazos abreviados, pedimos pruebas, pericias e informes a distintos sectores, que llevan un tiempo de producci髇. Queremos instalar la ilegalidad del aumento. Es una parada dif韈il, pero creo que tenemos argumentos s髄idos que la Justicia deber atender".

Hasta fines de 2015, las productoras de gas cobraban 2,5 d髄ares por Mill髇 de BTU (MBTU, una unidad de medida del gas). Desde 2016, pasaron a cobrar U$S 6,8 por MBTU, por disposici髇 del gobierno. Una distancia sideral. Ni las empresas ni el gobierno mostraron la estructura de costos que justificase la brutal suba. Pero YPF reconoci en una presentaci髇 ante la SEC (la Comisi髇 de Valores de EE UU) que el precio del gas en boca de pozo ronda los U$S 2 por MBTU. De ah, que CEPIS present el lunes 鷏timo una demanda por considerar que el aumento del a駉 pasado es "confiscatorio" e "inconstitucional". CEPIS es la entidad que en 2016 logr que la Corte Suprema obligara al gobierno a celebrar las audiencias p鷅licas antes de las subas en la tarifa del gas.

De los U$S 2,5 que se pagaba en 2015, el 81% estaba subsidiado; es decir, el Estado pagaba U$S 2 y el usuario, U$S 0,5 (el d髄ar rondaba los $ 9). El gobierno puso el precio en U$S 6,8 y, al mismo tiempo, redujo los subsidios. As, en la actualidad el Estado se hace cargo del 45% y el usuario, del 55%; o sea, el Estado paga U$S 3 y el usuario, U$S 3,75 (el d髄ar ronda los $ 18). As, el Estado paga un 200% m醩 en pesos mientras que la inflaci髇 de 2016 y la primera mitad de este a駉 acumula un 50 por ciento. En el caso del consumidor, la distancia es en pesos es mucho mayor: pas a pagar un 1400% m醩.

A partir de noviembre, el Estado subsidiar el 38% y el usuario pagar el 62%. Si el precio se mantiene (puede haber una nueva suba en noviembre), el Estado pagar U$S 2,6 y el usuario, U$S 4,2. La producci髇 representa el 40% de la factura de gas. A eso, se agregar el ajuste de distribuci髇 y transporte, que significa un 30% de la boleta. El resto son impuestos.

La denuncia de CEPIS est en manos del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N 2 de La Plata, a cargo del juez Adolfo Ziulu, que la gir al fiscal Guillermo Ferrara, quien har el dictamen. En febrero de 2016, Ziulu hab韆 frenado los primeros aumentos de luz y en junio de ese a駉 termin por avalar las mismas subas tarifarias.