El enga駉so discurso del lobby de la propiedad intelectual en el Congreso Nacional. Opini髇 por Beatriz Busaniche

La especialista de la Fundaci髇 V韆 Libre detalla el trasfondo del debate sobre propiedad privada y libertad de expresi髇

La libertad de expresi髇 es un derecho fundamental que se aplica a Internet del mismo modo que a todos los dem醩 medios de comunicaci髇. Esta afirmaci髇 es obvia, pero a鷑 as es necesario repetirla cuando estos principios se ven amenazados por la acci髇 de diversos sectores que buscan controlar las publicaciones de los usuarios de Internet.

En Argentina, este principio fue consagrado hace ya m醩 de una d閏ada mediante la Ley 26.032. En ese sentido, la jurisprudencia ha marcado un camino al validar posiciones protectoras de la libertad de expresi髇 en diversos casos. Uno de ellos se dirime por estos d韆s en Diputados: la responsabilidad de los intermediarios de Internet.

Las relator韆s de libertad de expresi髇 de los principales organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas, expresaron en 2011 los principios que la Corte Suprema de Justicia de la Naci髇 ratific en 2014 con el Fallo Mar韆 Bel閚 Rodriguez c/ Google. Los proveedores de servicios de internet no deben ser tenidos por responsables de lo que hagan los usuarios en esas plataformas, salvo que no cumplan con orden de juez competente.

El Fallo Rodriguez c/ Google estableci que no se debe obligar a los intermediarios a ejercer el rol de contralores de los contenidos que publican los usuarios y que la baja de esos contenidos, en caso de resultar da駉sos para los derechos de terceros, requiere orden judicial.

Las 鷑icas salvedades a esta doctrina son los casos de flagrancia como la publicaci髇 de pornograf韆 infantil, por ejemplo. Bajo ninguna circunstancia se contempla notificaci髇 y baja para potenciales violaciones a la ley de propiedad intelectual.

La Corte Suprema inst adem醩 a legislar sobre la materia para dotar de certezas y claridad a la justicia. Todo mecanismo de censura y control de contenidos debe ser especificado de forma estricta por ley y cumplir con los est醤dares fijados por la Convenci髇 Americana de DDHH.

Es en este contexto que llega a la C醡ara de Diputados el proyecto que cuenta con media sanci髇 de Senado y la firma de dos integrantes de bancadas diferentes: Federico Pinedo de la Alianza Cambiemos y Liliana Fellner del Frente para la Victoria.

縌ui閚es se oponen al proyecto?

En las 鷏timas horas hemos visto enormes esfuerzos de un sector concentrado de la industria del entretenimiento local. Aunados en declaraciones grandilocuentes sobre el da駉 que esta legislaci髇 implica para el patrimonio de los autores, no han dudado propalar falasias para trabar la aprobaci髇 de un proyecto que cumple con los est醤dares del debido proceso judicial.

Es falso que, de aprobarse este proyecto de ley, los autores se vean perjudicados. No se deroga aqu ning鷑 art韈ulo de la ley de propiedad intelectual vigente. Es falso que plataformas como Google o Netflix no abonen los derechos por las obras que ponen a disposici髇 del p鷅lico. Es falso tambi閚 que la circulaci髇 de obras en Internet perjudique a los autores del modo en que indican las c醡aras de las industrias del entretenimiento.

Lo que se esconde detr醩 del pataleo del sector de la propiedad intelectual es la vocaci髇 de disponer de medidas autom醫icas de notificaci髇 y baja de contenidos tal como contempla la muy criticada Ley de Copyright para el Milenio Digital de los EEUU, regulaci髇 famosa en el mundo por habilitar abusos de todo tipo en la baja de contenidos de Internet. Los sistemas de Notificaci髇 y Baja de contenidos son inaceptables desde el punto de vista de los derechos a la libertad de expresi髇, tal como claramente ha dicho en reiteradas ocasiones el ex relator de Naciones Unidas, Frank La Rue.

El marco de la regulaci髇 internacional sobre responsabilidad de Intermediarios

Sobre el particular, vale citar completa la definici髇 sobre responsabilidad de intermediarios de el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opini髇 y de Expresi髇, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicaci髇 para la Seguridad y la Cooperaci髇 de Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organizaci髇 de los Estados Americanos (OEA) para la libertad de Expresi髇 y la Relator韆 Especial sobre Libertad de Expresi髇 y Acceso a la Informaci髇 de la Comisi髇 Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP):

2. Responsabilidad de intermediarios
a. Ninguna persona que ofrezca 鷑icamente servicios t閏nicos de Internet como acceso, b鷖quedas o conservaci髇 de informaci髇 en la memoria cach deber ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a trav閟 de estos servicios, siempre que no intervenga espec韋icamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminaci髇 cuando est en condiciones de hacerlo ("principio de mera transmisi髇").

b. Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el pre醡bulo, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros en las mismas condiciones establecidas en el p醨rafo 2(a). Como m韓imo, no se deber韆 exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deber韆n estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelaci髇 de contenidos que no ofrezcan suficiente protecci髇 para la libertad de expresi髇 (como sucede con muchas de las normas sobre "notificaci髇 y retirada" que se aplican actualmente).

Es decir, lo que reclaman las c醡aras del sector del entretenimiento es un tipo de legislaci髇 rechazada a nivel global por los Relatores de Libertad de expresi髇 de los principales organismos internacionales de Derechos Humanos.

Nunca los derechos de propiedad privada tal la naturaleza jur韉ica de los derechos de propiedad intelectual contemplados en el art. 17 de la Constituci髇 Nacional pueden ser usados como argumento para coartar los derechos fundamentales al debido proceso judicial y a la libertad de expresi髇, que son los derechos en pugna con la posici髇 que defienden las c醡aras de la propiedad intelectual.

Los intermediarios juegan un rol crucial en el ejercicio de derechos fundamentales en Internet y por lo tanto, se debe amparar a la ciudadan韆 de cualquier regulaci髇 que desnaturalice su funci髇 y les otorgue potestades de remoci髇 de contenidos que son exclusivas del Poder Judicial. Nunca debe ser el Sector Privado el encargado de dirimir la legalidad o no de la informaci髇 publicada por un usuario de Internet.

En cumplimiento de los art韈ulos 8.1 y 25 del Pacto de San Jos de Costa Rica, la debida tutela judicial debe ser garantizada en toda esfera, y muy especialmente en relaci髇 a los principios de Libertad de Expresi髇. En este sentido, el proyecto de ley bajo estudio cumple con el est醤dar de intervenci髇 judicial para la remoci髇 de contenidos, lo que garantiza adecuadamente este derecho y es la raz髇 por la cual diversas organizaciones de la sociedad civil apoyan el esp韗itu de la legislaci髇 propuesta.