Los hogares ya destinan un 21% del salario mínimo para pagar los servicios

Hace dos años la incidencia era de apenas un 6%. La Argentina es el país de la región con mayor incremento desde 2015 y ya está tercero en la incidencia. Los sectores de menores ingresos son los más afectados.

La política de desregulación tarifaria que promovió y promueve el gobierno nacional desde su asunción tiene un alto carácter regresivo sobre los ingresos de la población. 

Las tarifas de los servicios públicos, un bien fuertemente inelástico, han subido muy por encima de los precios generales de la economía y los salarios. En dos años las tarifas eléctricas se incrementaron un 920% mientras que las de gas lo hicieron un 930%. El salario mínimo vital y móvil, por su parte, acumula un incremento de apenas un 56% desde enero de 2016 cuando se ubicaba en $6.060 hasta los actuales $9.500.

El suministro de agua corriente, por su parte, se incrementó un 683%, la tarifa de colectivo de corta distancia un 207%, los trenes un 224%, los peajes un 455% y las prepagas un 81%.  Según datos del ministerio de Trabajo basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) el salario promedio de los trabajadores bajo convenio en el período que va de enero 2016 al mismo mes de 2018 se incrementó un 58,2%, muy por detrás de los aumentos de tarifas. Si bien no se cuenta con la serie completa del IPC, a partir de estimaciones privadas y de otros organismos oficiales, se puede estimar que desde diciembre de 2015 a marzo de 2018, los precios generales de la economía crecieron más de un 70%.

Según un estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (UUNDAV), la incidencia de las tarifas de servicios públicos sobre el salario mínimo vítal y móvil pasó de un 6% hasta un 21% escalando 15 puntos porcentuales en apenas dos años. Por ese motivo la Argentina ocupa hoy el tercer puesto en ese ránking superada únicamente por la hiperinflacionaria Venezuela (en 2017 los precios subieron un 2.583%), donde los servicios públicos representan un 33% del salario mínimo y por Chile que llega a un 23% pero en una evolución decreciente ya que, hace dos años, la relación era de un 26%. 

A diferencia del país trasandino, todos los países de la región sufren un aumento relativo de las tarifas de servicios públicos con relación al salario mínimo. Uruguay, hoy por hoy último en el podio, pasó de un 9% a un 14%, Colombia de un 15 a un 17%, Perú de un 13% a un 18%, Ecuador de un 16% a un 19%, Brasil de un 15% a un 19% y Venezuela de un 20% al ya señalado 33%. Como se ve, la Argentina es el país de la región donde el incremento relativo de los servicios públicos dio el salto más importante.

Pero además la política de incrementos de tarifas no concluyó. De hecho, se espera que en los próximos meses haya aumentos del 56% en electricidad, del 36% en gas natural y del 40% en agua potable, entre otros. Como esas correcciones se harán sobre las tarifas actualizadas, el impacto sobre la tarifa inicial de enero 2016 será exponencial. Por eso la electricidad acumulará casi un 1.500%, el gas 1.300% y el agua 996%. 

Según el informe de UNDAV, la actualización tarifaria fue resultado de la merma en los subsidios económicos. Sin embargo, la misma no se verificó en una mejora en las cuentas públicas toda vez que “fue más que compensada” por la quita de retenciones al sector agrícola y minero y la baja de contribuciones patronales a la seguridad sociales consagrando, en los hechos, una transferencia directa de recursos desde los sectores medios y bajos en favor de esos sectores dominantes de la economía.

Este crecimiento relativo de las tarifas sobre los salarios, a su turno, deberá reflejarse con mayor nitidez en el IPC puesto que, por el momento, ese índice se construye sobre la base de una ponderación que surge de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2005 subestimando la incidencia de los mismos sobre el total. En este momento el INDEC está realizando un operativo para actualizar esa canasta que, así las cosas, deberá reflejar esta mayor incidencia de los servicios públicos en la canasta de las familias, incluso ante el improbable hecho de que disminuyan su consumo medido en cantidades.