A través de un comunicado, la delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado perteneciente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (ATE-INCAA) cuestionó un documento que circula desde hace una semana de forma extraoficial, en el cual se reproduce el nuevo organigrama según el cual se pretende modificar la estructura administrativa del Instituto Nacional del Cine. En dicha comunicación gremio estatal afirma que la gestión que encabeza el actual presidente del organismo, Ralph Haiek, “pretende” aprobar esa nueva estructura en los próximos días, acción que según opinan contradice el discurso de “tranquilidad, transparencia, mayor producción y despidos cero con el que asumieron”. 

Así mismo consideran que dicho plan responde a un “esfuerzos por hacer la tarea que exige (el Ministerio de) Modernización”. Dicho ministerio, creado por el presidente Mauricio Macri a poco de asumir como jefe del estado argentino a fines de 2015, tiene como principal función la de intentar optimizar las estructuras estatales, para adaptarlas a su proyecto económico. Es por eso que este Ministerio de Modernización es acusado de forma recurrente de ser el el responsable directo de muchos de los despidos  ocurridos en los últimos años dentro de las oficinas y dependencias del Estado.

El comunicado de ATE–INCAA señala que este plan de restructuración significaría la eliminación las gerencias de de Administración y la de Asuntos Jurídicos convirtiéndolas en subgerencias que pasarían a responder a la Gerencia General lo cual, afirman, “atenta claramente contra la independencia de criterios que deben existir en el ámbito de la administración pública”.  Al mismo tiempo amplia el nivel de las subgerencias, creando un total de 11 que no existen en el organigrama actual, además de abrir 30 áreas con rango de Coordinación que tampoco existían. Desde ATE–INCAA estiman que, de aprobarse, esta nueva estructura resultará “más cara para el Estado en términos del ensanchamiento en los cargos entre las gerencias y las coordinaciones”, lo cual según estiman significaría “una violación incluso el propio convenio colectivo sectorial”. 

Pero además, y no menos importante, tal modificación  redundaría en la concentración del “poder en la Gerencia General, un gran monstruo con cabeza pequeña que, lejos de facilitar el flujo de trabajo, facilita la corrupción y la discrecionalidad y contradice la Ley de Cine (ley N° 17.741 y sus modificatorias)”. Según analiza el documento emitido hoy, las razones para suponer esto tendrían que ver con el hecho de que las “funciones como el fomento, la regulación y la fiscalización de la industria cinematográfica nacional dentro y fuera del país, no pueden relegarse al rango de subgerencias”. El documento concluye que el nuevo organigrama esbozado en el documento extraoficial al cual se cita, no representa “una estructura funcional a la Ley de Cine”, sino que se trata de una cuyo principal objetivo es el de “ajustar como pide el FMI”.

La comunicación de ATE-INCAA regresa además sobre la denuncia realizada la semana pasada por DOCA (Documentalistas Argentinos) respecto de “la subejecución de los fondos para el fomento cinematográfico, de $ 401 millones en 2017, sumados a los $420 millones de 2016”. DOCA había denunciado que 756 de esos 821 millones de pesos del Fomento Cinematográfico se encuentran colocados en un plazo fijo. “Una completa ilegalidad que explica el recorte en subsidios y créditos denunciado desde varios sectores de la industria”, agregan desde ATE-INCAA, que además también se preguntan por el destino de los $65 millones de diferencias, “de los que no se rinde ninguna cuenta”. “Ante este estado de situación”, continúan, “no podemos esperar que el tan anunciado ‘Cambio de estructura’ sea para bien”.