Como ocurre con todos los ámbitos de la producción, la industria del cine también ha sido víctima de los embates provocados en la actividad económica por la pandemia de covid-19. La parálisis casi completa de la actividad productiva ha sumido al sector en una crisis que, en el caso de la Argentina, termina de agravar la situación generada por la administración anterior. Las nuevas autoridades del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), encabezadas por su actual presidente, el cineasta Luis Puenzo, nunca ocultaron el delicado estado en el que encontraron a la institución, pero tampoco imaginaban que les tocaría la responsabilidad de ser pilotos en una tormenta aún mayor.

El desembarco de la enfermedad en el país, a comienzos de marzo, generó la previsible suspensión de la vida pública y con ella un estancamiento que en el caso del cine alcanza casi el 100% de la actividad. Sin rodajes, sin las instancias de pre o post producción, ni estrenos, las dos primeras semanas de la cuarentena encontraron a la industria cinematográfica virtualmente congelada, con espacio apenas para que un pequeño sector administrativo mantuviera en movimiento la estructura mínima necesaria.

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Antes del final de marzo las cámaras de exhibidores, es decir, los dueños de las salas de cine, le solicitaron al Incaa a través de una carta pública que se hiciera cargo de los costos de mantener parada la actividad. Puenzo respondió con dureza, pero consciente de cuál es la prioridad de la institución que preside: el Estado argentino no puede ni debe velar por los intereses de compañías multinacionales que giran sus ganancias a sus casas matrices en el exterior.

Los reclamos y pedidos de intervención al Incaa continuaron las semanas siguientes, con cartas firmadas por las distintas asociaciones que nuclean a los distintos oficios y profesiones vinculadas al cine. Así, productores, directores, actores y técnicos solicitaron al Instituto distintas medidas para aliviar la presión generada por el parate. Entre los pedidos se encontraban la creación de ayudas de emergencia, la prorroga y/o exención de las obligaciones de las productoras con el Incaa y, del otro lado, el adelantamiento inmediato de los subsidios pendientes de liquidación. Y la inclusión de las compañías de streaming en el cobro del impuesto al cine, similar al que pagan los canales de televisión, prevista por la Ley del Cine para todas aquellas empresas que comercian con la producción cinematográfica en el territorio nacional.

Luego de tres semanas de silencio por parte de las autoridades del Incaa, el sábado se publicó un Informe de Gestión que incluye varias respuestas a las situaciones planteadas por estas cartas. Ahí se informa acerca del delicado estado financiero actual del organismo, aclarando en primer lugar “que la emergencia económica que atraviesa la industria audiovisual es anterior a la ampliación de la emergencia sanitaria dictada por el Poder Ejecutivo”. Y recuerda que no fueron “las medidas tomadas por el Gobierno las que paralizaron a la industria, sino la pandemia”.

El informe también reconoce que dichas restricciones han provocado que “los ingresos al Fondo de Fomento provenientes de los espectadores se hayan reducido a cero”, y que “los restantes ingresos son inciertos”. De estos datos se desprende la limitación para sostener la actividad normal, ya que “el funcionamiento del organismo dependen de que estos ingresos ocurran mes a mes”. A eso se le debe sumar la cancelación de gastos que se arrastraban de la gestión anterior, que dejó un déficit inicial de $800.000.000.

En ese marco las autoridades han priorizado las liquidaciones atrasadas, pagando “anticipos de rodaje y a cuenta de subsidios” y saldando las deudas de 2019 “con Festivales Nacionales y Distribuidores”. También activó la solicitud de prórrogas para aquellas producciones en regla que hayan comenzado a rodarse antes del 12 de marzo, día de la declaración de la Emergencia Sanitaria, suspendiendo además las obligaciones de los productores ante el Incaa. Y recuerda que el Instituto continúa trabajado “de forma remota” en diversas “cuestiones administrativas”.

El informe también se expresa respecto de la cuestión del impuesto a los servicios de streaming, evaluando “la posibilidad de extender a los abonos de las plataformas el impuesto que los espectadores pagan hace décadas cuando van al cine”. “Creemos que el streaming y los cambios en los hábitos sociales, anteriores a la emergencia actual, deberían incrementar los ingresos al Fondo de Fomento”, a través de “un impuesto razonable, simple y justo, destinado a fomentar la actividad en el mediano plazo”, expresa el comunicado firmado por las autoridades del Incaa. Aunque al mismo tiempo considera que la actual situación de emergencia no es la ideal para impulsar esa idea.

Además revela que “en los últimos dos meses la plataforma online Cine.ar Play triplicó su audiencia”, debido al aumento del consumo doméstico provocado por el aislamiento obligatorio de toda la población. Y anuncia la concreción de un acuerdo con el Sindicato de la Industria Cinematográfico (SICA), que reúne a los distintos oficios técnicos vinculados a la actividad, para ayudar a sostener la estructura de su obra social en principio hasta el mes de mayo.