En un episodio confuso, el pasado viernes la Secretaría de Cultura dispuso a través de la Resolución 1082/2018 establecer un arancel de 100 pesos que deberán abonar quienes deseen visitar la muestra J. M. W. Turner. Acuarelas, que el Museo Nacional de Bellas Artes inaugurará el miércoles 26 de septiembre. Pero una combinación de circunstancias, que incluye la redacción poco clara del texto legal y una consecuente lectura errónea, derivó en que se extendiera la noticia de que dicha resolución en realidad disponía el final del régimen de entradas gratuitas a los museos nacionales. En busca de aclarar los alcances de lo dispuesto por la resolución 1082, Tiempo consultó a la Secretaría de Cultura, que a través de su Oficina de Comunicación y Prensa confirmó que la misma  solamente dispone la modificación de las condiciones de ingreso a la mencionada exhibición temporaria, dedicada a quien fuera uno de los más destacados pintores ingleses del período romántico. En otras palabras: los museos públicos continuarán siendo gratuitos para todos los argentinos. Al menos por ahora.

Más allá de que esta confirmación trae alivio a quienes temían un cambio radical de una de las políticas culturales que cuenta con mayor consenso dentro del arco político, la resolución 1082 de todas formas representa un quiebre histórico en la gestión de los museos públicos, que en la Argentina y desde hace muchos años se vinculan con el público dentro de un régimen de absoluta gratuidad. Es que la de Turner será la primera muestra arancelada que en más de 20 años se presenta en el espacio del Museo de Bellas Artes. Una señal que plantea no pocos interrogantes a futuro.

El anuncio revela además el verdadero carácter de otra resolución muy discutida, la 268-E/2017, que el 17 de abril de 2017. La misma se encargaba justamente de establecer la entrada gratuita a todos los muesos nacionales, que hasta entonces aplicaban un sistema de bonos contribución que funcionaba a la entrada de los museos y que por entonces tenían un valor de 20 pesos, pero cuyo pago era opcional y librado a la voluntad del visitante.

Aquella resolución fue objeto de muchos reclamos por parte de los museos nacionales, que utilizaban el sistema de bonos voluntarios para solventar su caja chica, un recurso fundamental en el contexto de un presupuesto que, en el caso del área de Cultura y según fuentes extraoficiales dentro de su propia órbita, lleva por lo menos dos años consecutivos de subejecución. Apremiado por estos reclamos, el entonces ministro de cultura Pablo Avelluto debió salir corregir el problema causado, autorizando a los museos a ofrecer a todos sus concurrentes el uso de los mismos bonos contribución que los visitantes podían pagar voluntariamente al ingresar a dichos establecimientos. En resumen: aquella resolución que comunicaba como una conquista la entrada gratuita en todos los museos nacionales en realidad no cambió nada. O tal vez sí.

Porque el enrevesado texto de la Resolución268-E también le otorga al Ministerio de Cultura la potestad potencial de imponer aranceles de ingreso a aquellas muestras que “por las especiales características de determinados lugares o la relevante significación cultural de las obras que ellos se expongan, resulte necesaria la percepción de aquellos derechos”. Para ello la resolución se apoya en el artículo primero de la Ley 17.321, sancionada en 1967 durante el gobierno del general Juan Carlos Onganía. Este detalle, lejos de pasar desapercibido, fue criticado oportunamente por la junta interna la Asociación de Trabajadores del Estado del entonces Ministerio de Cultura, quienes a través de un comunicado advirtieron que aquella resolución le abría la puerta a futuros arancelamientos que podrían atentar contra el principio de gratuidad de los museos. De esa potestad es de la que ahora hace uso por primera vez la actual Secretaría de Cultura para imponerle un arancel de 100 pesos a quienes se acerquen a visitar la muestra de Turner.

Pero la Resolución 1082 firmada el viernes incluye sus propias inconsistencias. Se trata del texto correspondiente a su artículo 3º, en el cual por un lado estipula que, si bien la entrada a la muestra de Turner tendrá un valor de 100 pesos, la misma continuará siendo gratuita para “jubilados, personas discapacitadas, menores de 12 años, acompañados por sus padres o tutores, y los alumnos y docentes de los establecimientos educacionales oficiales y privados de nivel primario, secundario, especial, técnico y universitario cuando concurran en delegación debidamente acreditada”. Sin embargo a continuación establece lo siguiente: “También será gratuito el acceso a los museos, para el público en general, un (1) día por semana, el cual será determinado por la Dirección del Museo Nacional de Bellas Artes”. Lo extraño del texto es la contradicción que marca el paso de su especificidad respecto de la muestra de Turner, a limitar el carácter gratuito de la entrada a “los museos” a sólo un día a la semana, decisión que se deja a cargo de la dirección del Museo de Bellas Artes.

Este fue el error en la redacción a partir del cual muchos interpretaron que se trataba del fin de la gratuidad en todos los muesos nacionales, cuando en realidad este artículo 3º solamente hace referencia a la muestra de Turner en Bellas Artes. 

Pero la confusión no terminó ahí. En su anuncio del viernes la actual Secretaría de Cultura volvió a dar una nueva muestra de desprolijidad a la hora de comunicar, cuando horas más tarde y a través de una simple gacetilla sobre la muestra de Turner se introducía una nueva e importante modificación al régimen de entrada al Museo de Bellas Artes. Por un lado este nuevo texto, sin ningún carácter de documento oficial, confirmaba que la muestra tendría una entrada con valor de 100 pesos, que de la misma estarán excluidos los grupos ya mencionados y que los días martes el ingreso a la muestra será gratuito para todos los visitantes. También se informaba que el ingreso a las muestras permanentes del museo, las visitas guiadas y las actividades educativas, seguirá siendo gratuito para todos los residentes argentinos. Pero como sorpresiva novedad el documento agrega que a partir de ahora “los no residentes argentinos deberán abonar una entrada de 100 pesos de miércoles a domingo”. Para decirlo de un modo llano: el museo dejará de ser gratuito para los extranjeros.

Sin embargo, aunque el principio de gratuidad para que los ciudadanos puedan acceder a las muestras que presentan sus instituciones públicas parece absolutamente lógico y deseable, el caso de la muestra de Turner en el Bellas Artes también tiene sus particularidades, vinculadas más a la coyuntura económica actual que a una discusión acerca de la gratuidad o el arancelamiento de la cultura. Es que se trata de una muestra que pertenece a la colección permanente del Tate Britain, la galería nacional de arte británica, equivalente en algún punto al Museo de Bellas Artes. Es, por lo tanto, una muestra con costos en moneda extranjera y que a partir de la corrida cambiaria del último mes se ha incrementado de la misma forma descontrolada en que aumentaron los costos de absolutamente todo lo demás. Aunque la muestra cuenta con el apoyo económico de la asociación de Amigos del Museo más el aporte de varias compañías privadas (entre ellas un banco y una empresa de medicina pre-paga), no es improbable pensar que los costos se incrementaron mucho más de lo que los colaboradores pueden eventuales aportarán.

En ese contexto, y coherentes con lo que el gobierno ha hecho en todas las áreas, la mejor solución que la Secretaría de Cultura encontró para tratar de resolver este problema con el que (no tan) inesperadamente se encuentra es la de trasladarle parte de los costos al consumidor, cobrándole una entrada. Este detalle, aun sin compartir el camino adoptado para solucionar el problema, permitiría entender las razones por las cuales se decidió abandonar una larga tradición de gratuidad. Pero la discusión de fondo continúa abierta y la posibilidad de que el arancelamiento cultural se convierta en una política habitual pasa a ser entonces una amenaza latente.

¿Gratis o pagando? Cómo se ve el problema en otras partes del mundo.

La discusión sobre el arancelamiento o la gratuidad de la entrada a los museos públicos también se ha dado en otros países. En Chile, por ejemplo, donde la entrada a dichas instituciones comenzó a ser gratuita a partir de una resolución implementada en 2014 durante el gobierno de Michelle Bachelet. En ese momento Claudio Gómez, director del Museo de Historia Natural de Chile, el más visitado de ese país, sostuvo que se trataba de “una conquista ciudadana”, porque “se ve la cultura como un derecho y no como una oportunidad”, subrayando que por otra parte “los ciudadanos ya están pagando su entrada a través de sus impuestos», ya que a los museos como los que el dirigía entonces los «financia el Estado».

Algunos critican la gratuidad por izquierda, argumentando que los visitantes más habituales de los museos pertenecen a los grupos sociales con mayores recursos. Es decir, aquellos que no tienen problemas en pagar una entrada. Según esta mirada, la gratuidad de los museos subsidia los consumos culturales de “los ricos” con dinero de los impuestos y a expensas de los grupos sociales menos favorecidos que, parafraseando a la gobernadora María Eugenia Vidal, de todas forman no entran a los museos aunque sean gratuitos.

A comienzos de año el estado de la ciudad de Nueva York tomo la decisión de arancelar la entrada al famoso Museo Metropolitano de Arte de esa ciudad, el MET. De ser gratuito para todo el mundo, la entrada el MET pasó a costar 25 dólares, manteniendo su gratuidad solamente para quienes vivan dentro del propio estado de Nueva York. Se trata de una política con algunos puntos de contacto con la que la Secretaría de Cultura acaba de aplicar al Museo de Bellas Artes. En aquel momento el prestigioso diario New York Times publicó una charla entre dos de los críticos de arte de su redacción, Holland Cotter y Roberta Smith, en la que discutían acerca de este asunto. En esa charla Cotter sostenía: “por principio creo que los grandes museos públicos deberían tener entrada gratuita universal. Uno debería poder entrar de la calle y ver las obras de arte tal como se entra a una biblioteca pública y se leen los libros de los estantes”. La respuesta de Smith complementa y amplia los conceptos de su colega: “Si las bibliotecas empezaran a cobrar entrada, habría un gran alboroto. No tenemos que pagar para acceder a los libros de propiedad pública y no deberíamos tener que pagar para ver arte en los museos cuyo carácter de organizaciones sin fines de lucro está sostenido por nuestros impuestos”. Lapidario, Cotter responde: “Si Estados Unidos tuviera un gobierno al que le importaran sus ciudadanos en lugar de uno que complace a la clase económica gobernante, quizá podríamos vivir alguna versión de este ideal”.