Con límites y excesos, el Gobierno apuesta a la tolerancia cero en las canchas

Primero fue la prohibición de ingreso a los estadios de 284 personas -el grueso de la barra brava de River- involucradas en la investigación por la reventa de entradas del Superclásico de la Copa Libertadores. La medida se amplió en los días siguientes a más hinchas de River, a un centenar de Colón, a otros de Chicago, Ferro y All Boys, y desde el Ministerio de Seguridad anunciaron que tienen una lista de cinco mil barras a los que les impedirán ir a la cancha. A esto se sumó la creación por parte de la administración porteña de un comité de seguridad en los estadios. Y el anuncio del gobierno de que en las sesiones extraordinarias de febrero intentará que se apruebe el proyecto de ley que endurece penas para delitos cometidos en espectáculos deportivos, que ya tuvo varios naufragios en el Congreso. Todo ese combo marca que en el inicio del año electoral, después del desastre del Monumental, el macrismo apuesta a mostrar tolerancia cero en las canchas.

El Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos que quiere aprobar el Gobierno tiene una larga historia. El Gobierno, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió ese proyecto al Senado en 2016. Pero no avanzó. A fines del año pasado, con unas leves modificaciones, volvió a entrar al Congreso como respuesta a lo que había ocurrido en el Monumental el día que se frustró el partido de vuelta entre Boca y River por la Copa Libertadores. En diciembre, la Cámara de Diputados lo aprobó en general, pero devolvió el texto a comisión por desacuerdos en el debate particular. Con la ley se endurecen penas a la intimidación individual o en grupo, con agravantes por el uso de armas de fuego. Tipifica, además, conductas que se producen en ese ámbito, como la reventa de entradas y el cobro por el cuidado de vehículos. Apunta, además, no sólo a quienes actúan dentro de una barra sino también a dirigentes.

El asunto, incluso, abrió una grieta en Cambiemos ante la propuesta del sector liderado por Elisa Carrió de que se prohiba a funcionarios públicos ejercer cargos en las comisiones directivas de los clubes. La movida parecía hecha a la medida del PRO, una fuerza política que creció desde la presidencia de Mauricio Macri en Boca, un club que aún mantiene bajo control. Y apuntaba contra el propio Daniel Angelici, con quien Carrió mantiene una puja desde hace tiempo dentro de las filas gobernantes. Esta propuesta generó resistencias de sus aliados, incluso enojó a Macri. Aunque ahora, según hicieron saber desde el propio gobierno, hay vía libre para que pueda avanzar. Todo para que salga la ley anti barras.

“No queremos que la dirigencia política forme parte de los clubes”, le dijo Guillermo Madero, director nacional de Seguridad en Espectáculos Deportivos, al sitio Doble Amarilla. Sin embargo, la medida no sólo se observa como anti política -clubes son en sí mismos instituciones políticas- sino que hasta podría ser considerada anticonstitucional. Los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, entidades privadas, cuyas autoridades se eligen mediante el voto de los socios. “Si existiera incompatibilidad en esos casos, ¿por qué no ocurriría lo mismo en empresas privadas o cooperativas?”, dice un dirigente. Angelici, además, ejerce sus cargos en el fútbol (también es vicepresidente de la AFA) sin ser funcionario público con cartera. Es cierto que están Gustavo Ferrari, vocal del club y ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Francisco Quintana, que es vicepresidente de la Legislatura y además titular de la asamblea de Boca, y Christian Gribaudo, secretario general de Boca y titular del Instituto de Previsión Social en el gobierno de María Eugenia Vidal. Gribaudo aspira a suceder a Angelici. De salir la prohibición, tendría que elegir si se presenta a las elecciones del club en diciembre o si mantiene el cargo en la provincia.

Y así como hay un discurso de que se pretende que la política no ingrese al fútbol -como si se pudiera separar-, Carrió estableció en su momento lo contrario. “No quiero que las mafias del fútbol gobiernen el país”, dijo. Sin nombrarlo, se refería a Angelici. El proyecto, de todos modos, también apuntaría a miembros de otros poderes del Estado, como el legislativo y el judicial. En otros clubes, hay dirigentes con cargo en los gobiernos. Incluso, como paradoja, el avance afectaría a Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad, es vocal de River. Como lo es Valentín Díaz Gilligan, que tuvo que renunciar como subsecretario general de la Presidencia después de que se le encontrara una cuenta no declarada en Andorra. Y Adrián Varela, vocal de River y funcionario en la subsecretaría de Derechos Humanos porteña. Es más, en uno de los primeros borradores de la presentación, también se extendía esta prohibición a líderes de sindicatos. Esto hubiera afectado, por ejemplo, a Claudio «Chiqui» Tapia (titular de la AFA y de Barracas Central, con cargo en Ceamse) y a Hugo y Pablo Moyano (presidente y vice de Independiente, al mando del sindicato de Camioneros).

Como sea, la línea discursiva será el combate contra las mafias en el fútbol. Y marcará el inicio del ciclo legislativo en el año electoral. Al programa Tribuna Segura que comanda Madero se le pretende sumar una variante: Tribuna Festiva. Que no haya barras, pero que haya color, organizado por los socios o el departamento del hincha del club. La idea es que se inicie en River. Madero suele recibir elogios dirigenciales por el trabajo que realiza. Su contracara es Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte, a quien se le achacan diversas arbitrariedades y hasta cierta sobreactuación en el accionar, incluso en su intensidad tuitera. Ahora, el gobierno porteño sumó a Valeria Sikorski al frente del Comité de Seguridad en Estadios. Estará en la órbita del ministerio de Seguridad que conduce Diego Santilli, quien asumió en reemplazo de Martín Ocampo, que pagó con su cargo el operativo que derivó el desastre en el Monumental. Ese episodio fue lo que comenzó a agitar todos estos movimientos. Pero el hincha detenido por arrojar una piedra no era barra. Según lo que investiga la Justicia, ese día las fuerzas de seguridad dejaron desprotegida la zona del ingreso del micro de Boca. Ante algo así, no hay ley anti barra que valga.