Derecho de admisión insólito: la justicia porteña y Vélez castigan a hinchas por portación de bandera

Por: Andrés Burgo

La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público de CABA, en base a un listado entregado por el club de Liniers, continúa prohibiendo el ingreso al Amalfitani a simpatizantes que estaban a más de 10.000 kilómetros de distancia durante los incidentes de agosto pasado ante Talleres, por la Copa Libertadores.

La primera fecha de la Liga Profesional terminó este lunes por la noche con un partido en el que, en apariencia, para el público local fue todo festejo: Vélez venció 3-1 con autoridad a Gimnasia y los 23.000 hinchas que acudieron al José Amalfitani dejaron el estadio con la esperanza de un 2023 a tono con la historia del club, peleando los primeros puestos.

Pero detrás de la apariencia de una noche de verano ideal -las dos populares llenas, plateas concurridas, un partido resuelto sin complicaciones con un 3-0 parcial antes de los 60 minutos- aparece un foco de descontento en Liniers: un grupo de simpatizantes de Vélez sigue sin poder ingresar al estadio por una causa judicial que deja en evidencia cómo la Justicia, en este caso porteña, y la dirigencia de los clubes pueden señalar a los llamados hinchas “normales” en velada protección de la barra brava o de quienes cometieron los incidentes.

El caso es en Vélez pero podría ser en otro club: pocas veces quedó tan claro cómo parte del sistema del fútbol –que incluye a la policía y a la Justicia, claro- puede ampararse en los «perejiles», o sea culpar a quienes no tuvieron nada que ver con el hecho de violencia para encubrir a los verdaderos responsables.

La historia comenzó en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022. El 3 de agosto, Vélez recibió a Talleres en Liniers. Lo curioso, o no -ya no se sabe qué es curioso-, es que ambas hinchadas se llevan bien, y sin embargo se registró un episodio de violencia: en la platea alta, barras de Vélez (¿y de Talleres también?) avanzaron contra hinchas cordobeses ubicados como «infiltrados», supuestamente algunos de ellos de la facción disidente de la T -de ahí que habrían participado los visitantes como parte de una interna-.

Por un momento se temió una tragedia aunque, finalmente, no hubo heridos de gravedad. Tampoco detenidos. Las imágenes, sin embargo, generaron altísimo impacto. «Días después, desde la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Orden Público de CABA se anunció que cerca de un centenar de socios de Vélez recibían la prohibición a ingresar a las canchas durante 48 meses», reconstruyó, en noviembre pasado, el periodista Guillermo Tagliaferri, muy reconocido dentro del mundo Vélez, en el sitio IAM Noticias.

Amplió Tagliaferri: «Lo insólito es que en ese listado figuran socios que ni siquiera estuvieron en el estadio y varios que estuvieron ubicados en sectores distintos a donde se produjeron los hechos de violencia. El parámetro que se tomó para confeccionar el listado fue recurrir a los propietarios de banderas -que están registrados con sus nombres completos, números de documentos y números de socios- y sin comprobar si participaron de los golpes a los hinchas cordobeses».

Por si no quedó claro: la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, responsabilizó de los hechos a 93 dueños de banderas que, durante la pandemia, debían dejar su nombre y sus datos para que un empleado del club las colgase durante los partidos sin público. Es decir, el derecho de admisión fue elegido a dedo, o con una lista que no se correspondía con los hechos.

El caso más emblemático fue el de Juan Pablo, un hincha de Vélez que vive en Barcelona desde hace varios años y, durante el partido contra Talleres, también estaba en España. Tuvo la mala suerte que, en una de sus visitas a Argentina, había acompañado a sus amigos a registrar la bandera de su grupo en el club. Y ni siquiera ese «trapo» estuvo esa noche de la Copa Libertadores. Otro hincha que sí acudió al Amalfitani, pero a otro sector, Gastón Pérez Ng, también entró en la lista de derecho de admisión: «Se dan casos rarísimos porque en la lista figura gente que estaba fuera del pais, gente que estaba internada y hasta el caso de un socio de River que ni siquiera conoce la cancha de Vélez”, dijo Ng a IAM Noticias.

Entonces, entre las paredes silenciosas de quienes toman las decisiones, el caso entra en una confusión. En Vélez no quieren confirmar quién entregó esa lista y se desligan de la responsabilidad: «Es una decisión de la Justicia». Pero en el ministerio señalan que el listado fue otorgado por Vélez. El sistema Tribuna Segura, que implementa controles sobre personas con restricciones de acceso y pedidos de captura individualizados, queda en el medio y muestra sus debilidades.

El presidente del club, Sergio Rapisarda, es mirado de costado o criticado por la mayoría de los hinchas, al igual que Celsa Ramírez, fiscal penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, con habitual participación en eventos masivos o en vía pública. En diciembre de 2021, Ramírez fue denunciada por ordenar «tareas de inteligencia artificial» contra vendedores ambulantes.

El episodio, además, abrió una causa por supuesta asociación ilícita en la que se investigó a varios integrantes de la barra brava de Vélez, pero fue cerrada pocos días antes del Mundial: de hecho, algunos integrantes de «La Pandilla» se sumaron de inmediato a los 100 barras argentinos que estuvieron en Qatar 2022. Pero la prohibición para varios de los «bandereros» de concurrir al Amalfitani siguió y sigue. Muchos de ellos empezaron a reunir material en el mail lasbanderasnomatan@gmail.com.

Es cierto que, en los últimos días, al fin desde Vélez y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Ciudad de Buenos Aires se acercaron a buena parte de los hinchas que empezaron a protestar por lo que consideran una prohibición injusta e insólita -y perjudicial desde lo económico, porque siguen pagando la cuota del club y en algunos casos el abono-.

Según el recuento del excelente sitio @sabadovelezok, para el partido de anoche ante Gimnasia fueron levantados 45 derechos de admisión, muchos de ellos en las últimas horas: esos hinchas pudieron volver al Amalfitani después de cinco meses. Aún quedan 48 con la prohibición vigente, pero entre ellos sólo 10 pidieron la revocación de la medida -los otros 38 no se comunicaron para que les levanten el impedimento-.

Como los damnificados entienden que recién ahora hay buena predisposición desde la seguridad porteña y desde el club, estiman que esos 10 restantes -o algunos de ellos- también podrían volver a la cancha en el próximo partido de Vélez como local, el sábado 11 contra Independiente. Atrás quedará una prohibición que, si se hiciera un torneo de derechos de admisión insólitos, también saldría campeona del mundo.

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