Exclusivo: las pruebas del plan de Clarín para volver a quedarse con el fútbol

Una precisa y coordinada estrategia que aprovechó un expediente judicial como elemento de presión le permitió a la sociedad Turner – Fox – Clarín quedarse con el fútbol argentino. Para ello, fue necesario despertar un expediente, manejar tiempos judiciales y, finalmente, disparar la bala de plata para quedarse con todo.

Televisión Satelital Codificada (TSC), la empresa relacionada con el Grupo Clarín que tenía los derechos de televisación del fútbol hasta 2009, activó el juicio contra la AFA –e indirectamente contra el Estado Nacional– cuando el gobierno de Mauricio Macri convirtió al «Fútbol para Todos» (FPT) en el «fútbol para todos los que lo puedan pagar». El juicio transitaba un lento camino procesal que llevaba ya casi seis años. Se inició a mediados de 2010, pero tomó velocidad a partir de que el 20 de julio de 2016 Macri anunció oficialmente el fin de FPT.

Tiempo Argentino tuvo acceso al expediente judicial, que está a cargo del juez de primera instancia en lo Comercial, Alberto Alemán. De su lectura se desprende que hasta julio del año pasado se movía errático, pero el 5 de agosto el abogado Damián Cassino (conocido como representante del Grupo Clarín por su actuación en la audiencia pública por la Ley de Medios) impulsó la causa pidiendo que se fijara la «audiencia preliminar» que establece el Código Procesal en lo Civil y Comercial. ¿Qué significaba eso? Que le pidieron al juez que llamara a las partes a «conciliar», pero previamente resolviera dar inicio formal al juicio propiamente dicho, por entre 6000 y 7000 millones de pesos, monto aproximado actualizado.

¿Qué más hizo TSC? Le anotició al juez que se terminaba FTP, que la AFA iba a renegociar los derechos de televisación y le pidió que notificara a todos los potenciales interesados en adquirirlos (que nada tenían que ver, hasta entonces, con el proceso) que, junto con el fútbol, también se llevarían un juicio millonario resucitado. Y, además, que también el Estado Nacional, en su condición de “tercero interesado”, fuera notificado.

¿Por qué el Estado si el reclamo de TSC apuntaba a la AFA? Para el eventual embargo el dinero que el gobierno le pagaría a la AFA por la rescisión del contrato. Esos 350 millones de pesos que posibilitaron la reanudación de los campeonatos. «La notificación deviene absolutamente necesaria a fin de garantizar los derechos de TSC». Así, el dinero que el Estado le iba a pagar a la AFA corría el riesgo de no llegar nunca a los clubes. ¿La consecuencia? Otra vez sin fútbol.

El 22 de diciembre pasado, cuando estaba en plena eclosión el tironeo para determinar quién se quedaría con el fútbol, el abogado Cassino le pidió al juez que les avisara a los interesados en comprar los derechos «la existencia del presente pleito, detallando su objeto y estado procesal», para «garantizar la ejecución de una eventual sentencia favorable a esta parte, evitando la invocación de eventuales derechos privados de un accionar de buena fe por desconocimiento».

No era el único interesado en que trascendiera la existencia de ese juicio. El fallo que confirmó el procesamiento de exjefes de Gabinete y dirigentes de la AFA por FPT incluyó un párrafo en el que la Cámara Federal le recomendó a la jueza María Servini «requerir información sobre el expediente 21.315/2010 ‘Televisión Satelital Codificada c/ Asociación del Fútbol Argentina s/ ordinario’ de la justicia comercial, de donde podrían surgir nuevos perjuicios para el Estado Nacional». El fallo fue firmado el 9 de marzo pasado.

TSC empujó la notificación de la existencia del juicio a Cablevisión, DirecTV, Telecentro, Fox Latin American Channel, ESPN, Turner International Argentina y Mediapro. Todas ya sabían. Las dos primeras, porque son parte del Grupo Clarín, al igual que Fox, asociada con Turner en la puja. El resto de los «notificados» son (eran) los competidores.

Cuando la negociación por el fútbol entró en su etapa decisiva, TSC le pidió al juzgado, el 13 de febrero pasado, que suspendiera la audiencia que había pedido en agosto (cuando reactivó la causa). Los abogados Ramiro Riobó Aráoz y José María Méndez Acosta (esta vez no firmó Cassino) pidieron la postergación. «Es de público conocimiento y se informa periódicamente por diversos medios de comunicación que la AFA, los clubes que la integran, el Estado Nacional y terceras empresas interesadas en la comercialización de los derechos se encuentran llevando a cabo negociaciones y tratativas para concretar la ‘normalización’ del fútbol argentino y la reanudación de los campeonatos. La concreción y finalización de dichas tratativas y negociaciones necesariamente influirá en el presente pleito y en las reales posibilidades de conciliación con los demandados». El Grupo Clarín negociaba los derechos del fútbol a través de Fox, y operaba en el expediente judicial como TSC.

En la audiencia, TSC podía haber dicho que si ganaban Fox y Turner desistiría del juicio. Pero la audiencia estaba fijada para el 21 de marzo y para esa fecha ya debía haberse reanudado el fútbol, que ya llevaba casi tres meses de parate. Entonces pidieron la postergación de la audiencia y el 22 de febrero TSC jugó el ancho de espadas: le «envió» a Turner-Fox la carta en la que le prometía que si resultaba adjudicataria de los derechos del fútbol no continuaría adelante con el juicio, que –ahora sí– estaba en pleno movimiento. «

Se queda con el fútbol, pero en las sombras

El regreso del fútbol premium (o lo que se conocía como codificado) resulta vital para los negocios del Grupo Clarín, cuyas ganancias principales se sostienen en Cablevisión, la operadora que maneja el 40% del mercado de la televisión por cable. Clarín ya se sabía ganadora desde el momento en que conoció que volvería el fútbol de pago, más allá de qué empresa se quedara con los derechos de transmisión de los partidos del fútbol argentino. Pero la sociedad entre Fox y Turner era el vehículo para hacerse el dueño de manera directa. Van a tener el fútbol, fue la promesa del gobierno, pero debían aparecer camuflados.

La clave se puede ver a través de los nexos societarios que unen a Fox y Turner con Clarín. Turner es propiedad de AT&T, que a la vez es dueña de DirecTV, la cual tiene acciones en Torneos, socia de Clarín en Televisión Satelital Codificada (TSC) y Tele Red Imagen (TRISA), la empresa que controla el canal de deportes TyC Sports.

Precisamente, fue a través de TSC que Clarín comenzó a presionar por el fútbol a favor de Fox-Turner en la disputa con ESPN y Mediapro, las dos empresas que también le habían realizado una oferta a la AFA. Lo hizo en la Justicia, como demuestran los documentos que Tiempo publica en esta edición. Y lo hizo también al presentar ante la Comisión Audiovisual de la AFA una carta en la que se comprometía a dar por finalizado el juicio iniciado a partir del Fútbol para Todos, siempre que los derechos recayeran en Fox-Turner.

Con Clarín también ganó su socia, Torneos, que en diciembre pasado se responsabilizó ante la Justicia de Estados Unidos por las coimas que su exCEO, Alejandro Burzaco. Se comprometió a pagar 112 millones de dólares. Ya recuperará el dinero: tiene un gran negocio por delante con el fútbol argentino.