El legislador porteño envió hoy una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que para que se evalúe la continuidad en el cargo del ex mandatario argentino, luego de la denuncia de su complicidad en el golpe de Estado en Bolivia.
La solicitud se apoya en la denuncia por el envío de material represivo a Bolivia, en noviembre de 2019, durante su mandato. Morresi explica que «motiva» su «pedido la reciente denuncia pública efectuada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en referencia a la provisión de material bélico de manera clandestina, de la administración de Mauricio Macri al régimen de Jeanine Añez, con el fin de reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado perpetrado contra el expresidente Evo Morales».
«A la citada denuncia se suma la del propio Gobierno argentino por el hecho delictivo que consistió el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia», agregó el legislador porteño en la carta, en la cual también mencionó que el material consistió en «por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC».
A modo de cierre, Morresi advirtió que la FIFA «no puede seguir contando en sus filas con personas que han sido denunciadas por dos países por hechos altamente repudiables para la comunidad internacional y que contradicen los objetivos institucionales».
Macri fue designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA el 28 de enero del 2020, a poco de finalizar su mandato, para hacerse cargo «de incentivar un cambio social positivo y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo», según consta entre los objetivos de la organización.
Hace algunas horas, Gobierno nacional denunció al expresidente y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de «material represivo» a Bolivia en noviembre de 2019. La presentación judicial llevó las firmas de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
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