Cuando decidió barrer con la estructura del deporte nacional por decreto, el Gobierno sabía que en la Justicia se había abierto una compuerta de la que podía caer una catarata de reclamos para que pague la Asignación Universal por Hijo en el Deporte, un complemento a la AUH como estímulo para la práctica deportiva. Aunque era una ley aprobada por el Congreso en octubre de 2015, el Gobierno la incumplió desde que asumió y, sin haberla implementado jamás y con distintos reclamos judiciales, terminó por eliminarla la semana pasada con la creación de la Agencia Nacional de Deportes. Lo que hasta acá no se sabía, pero sí era conocido en el Gobierno y por eso su necesidad y urgencia, era que en noviembre pasado un juez federal había hecho lugar a un amparo de una mujer de Río Gallegos que reclamaba el beneficio para sus hijas.
La sentencia tiene la firma del presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, que subroga el juzgado federal de Río Gallegos por decisión de la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura. Se trata del expediente 16194/2018, cuya carátula es “Borquez, María Ofelia c/Administración Nacional de la Seguridad Social – Estado Nacional sobre amparo Ley 16.986”. Allí, Borquez, patrocinada por los abogados Mauricio Gómez Bull (ex diputado del Frente para la Victoria, actual presidente de la Federación de Básquetbol de Río Santa Cruz y uno de los autores de la Ley del Deporte) y Juan Pablo Codina, explica que por sus problemas económicos no puede pagar la cuota del club donde sus hijas practican handball y, por lo tanto, reclama que la ANSES le pague la AUH por Deporte, destinada a los chicos entre seis y dieciséis años. La ANSES local dijo que el tema había que derivarlo al Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (ENADED), también creado por la Ley 27.201, similar y complementario al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), integrado por representantes de la Confederación Argentina del Deporte y el Observatorio Nacional del Deporte y la Actividad Física. El decreto pretende desarmarlo.
“Advierto que la norma involucrada en autos se encuentra totalmente operativa y no puede excusar a la demandada en el incumplimiento de la aplicación de la misma y en consecuencia su negativa a cancelar el beneficio vinculado”, escribe Leal de Ibarra en su fallo, al que tuvo acceso Tiempo. “La procedencia de la acción de amparo se encuentra acreditada y asimismo entiendo favorable el progreso del reclamo”, agrega y sostiene que es “arbitraria e ilegítima la inacción estatal”, ya que “el Estado nacional tuvo tiempo prudencial para articular las herramientas y procesos administrativos necesarios para la implementación de la misma”. Si bien denega el cobro retroactivo que reclamaba la mujer, hace lugar a la demanda y condena a la ANSES a “a tramitar debidamente conforme a la ley 27.201 y demás normativa vigente y complementaria, la Asignación Universal por Hijo en el Deporte reclamado por la parte actora”.
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Esto abría la puerta a reclamos en todo el país. Se calcula que hay tres millones y medio de pibes en condiciones de cobrar la AUH por Deporte, establecida en su momento en un 40% de la AUH. Hoy sería de unos 720 pesos por mes. Si se aplicara, el Estado tendría que desembolsar unos 2500 millones de pesos. Era, además, una inyección a los clubes de barrio y pueblo. Nunca lo hizo, a pesar de que en diferentes informes a diputados y senadores, el jefe de Gabinete Marcos Peña dijo que el Gobierno trabajaba en su instrumentación. “Se está trabajando en su reglamentación”, le dijo al senador Julio Catalán Magni en el informe 92 de 2016. “Se canalizará la implementación de la Asignación Universal por Hijo en el Deporte”, le respondió a la senadora María Inés Vergara. Todo en ese mismo informe.
Mientras tanto, por una denuncia de la CAD ante los incumplimientos, los abogados del Ministerio de Educación y Deportes sostenían ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº3 que la ley estaba derogada en forma tácita. “No existe la posibilidad de derogar tácitamente una ley”, respondió Peña a Gómez Bull en el informe 95 a la Cámara de Diputados. Y en otro informe en Diputados, cuando se lo volvió a consultar por la AUH en el Deporte, dijo que lo que retardaba su instrumentación era que la misma estaba siendo “objeto de reproche judicial”.
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Pero el Gobierno lo que buscaba no era instrumentarla, era eliminarla. Argumentaba que no había financiación, algo que quedó manco, es cierto, cuando se aprobó la ley. En el proyecto original, la AUH en el Deporte se financiaba con una carga parafiscal de $ 0,45 sobre las bebidas alcohólicas, analcohólicas y energizantes y de 1,5% a la venta de cigarrillos. Sin embargo, las empresas del sector presionaron y el artículo fue eliminado.
A fines del año pasado, el artículo 124 del Presupuesto 2019 proponía la derogación de la AUH en el Deporte. Pero el oficialismo tuvo que dar marcha atrás. Ahora lo hizo directamente por decreto en una jugada que, tal como contó este domingo Tiempo, se venía cocinando desde julio. Y que también apunta a sacarse de encima a la CAD, una entidad centenaria que desde hace tres años litiga en la Justicia contra estas políticas. Entre ese fallo y la posible catarata de reclamos también puede encontrarse la urgencia oficial.
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