Cuatro integrantes de la Comisión Directiva del club Central Norte de Embarcación fueron imputados por los delitos de estafa y fraude a la administración pública ya que montaron un esquema de intimidación y extorsión que mantenía de rehenes a beneficiarios de distintos planes sociales, como el Salario Social Complementario y el Ingreso Familiar de Emergencia. El armado rozaba el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en el cual se incluían la imposición de multas y castigos como cortarle el pelo al comisario del pueblo o postear en sus redes sociales consignas favorables al presidente del club.
El juez federal de Garantías de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni ordenó la detención de Nancy Romero, prosecretaria del club, que se sumó así a los otros tres acusados: el presidente Jorge Moya, su pareja Moira Pabloff y el secretario Jesús Horacio Tarqui. El equipo del fiscal Eduardo José Villalba recibió las declaraciones testimoniales de más de 30 personas y descubrió las maniobras delictivas que se destaparon por las irregularidades en el pago del IFE, el subsidio de 10 mil pesos provisto por el gobierno nacional en el marco de la pandemia del COVID-19, pero luego también se conoció que comprendían otro plan social, en este caso el SSC, por lo que se estima que la conducta delictiva es de larga data.
Los imputados tramitaban los empadronamientos para beneficiarse con el cobro, lo cual desnaturalizaba “el objetivo de esas herramientas destinadas a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social”. “Las numerosas testimoniales, las escuchas telefónicas, los informes de las fuerzas de prevención, la documentación secuestrada, entre otras pruebas, indican que los acusados llevaban adelante esta conducta fraudulenta en contra del estado nacional, al menos, desde 2019”, sostuvo Villalba, quien además señaló que existía elaborado un esquema de monitoreo y vigilancia de la percepción de esos fondos. “Hemos detectado conductas como las de engaño, intimidación, amenazas hacia los beneficiarios. Todo ello, dirigido a obtener una parte de ese dinero, en algunos casos a través de sumas que iban de 750 a 1.500 pesos, aunque también se advirtió que se apropiaban de todo el monto del beneficio, para lo cual retenían las tarjetas de débito”, precisó. Esa cifra se les tomaba a los beneficiados con la excusa de ser “la cuota social del club”. Un despropósito si se tiene en cuenta que la cuota social de clubes de Primera División del fútbol Argentino rondan entre los 600 y 800 pesos.
“Moya, Plabloff y Tarqui, bajo la fachada del club Central Norte, dirigieron los planes en provecho propio, haciéndolo un medio de sustentabilidad y de vida, tanto del club, pero principalmente de ellos mismos, con lo cual engañaron al Estado Nacional y ocasionaron un perjuicio a las personas que deberían haber recibido esos beneficios”, sostuvo el fiscal, quien aseguró tener acreditado que parte de los fondos iban destinados a pagar a los jugadores del club: “cinco jugadores perciben la remuneración a través de fondos de planes sociales, o bien, lo hacen a través de sus mujeres, con lo cual se desnaturaliza claramente el objetivo de los planes sociales”. Los imputados crearon una gran base de datos en la cual se encuentran todas las personas potencialmente destinatarias del plan social IFE o SSC. Esa base de datos comprendía fotocopia de DNI, fotos del documento, datos personales, las tarjetas de débitos y las claves de las mismas.
Entre otras conductas advertidas de las declaraciones testimoniales, como así también cotejadas con las pruebas recolectadas, se reparó en varias maniobras extorsivas, las cuales “rozan” el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en el cual la imposición de multas, por ejemplo, era un común denominador. El esquema de monitoreo “aterrador” que expuso el fiscal incluía multas para quienes no cumplían con las exigencias de los dirigentes, que a veces no eran sólo dinero sino también algunas tareas puntuales. La más insólita: cortarle el pelo al comisario de la localidad, lo que explica, de alguna manera, por qué las denuncias que realizaron nunca tuvieron curso. Otras: el posteo de actividades del club, en especial nombrar a Moya, en sus cuentas personales de redes sociales; la asistencia a reuniones del club y la venta compulsiva de cartones de un bingo de esa entidad.
La demora o incumplimiento de estas asignaciones, expresó Villalba, tenía su penalidad. “Se aplicaban multas, algunas de mil pesos; el pago de intereses a los que no vendan determinada cantidad de cartones del bingo, mientras que otros castigos más duros consistían directamente en el bloqueo de la tarjeta de cobro”. Otra de las modalidades extorsivas utilizadas por los acusados consistía en la posibilidad del bloqueo de la tarjeta de débito, lo cual era fácil de hacer a partir de la base de datos que los acusados habían construido, lo que “ejecutaban quizás con la complicidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.
Al referirse a los métodos extorsivos, Villalba resaltó la “violencia psicológica” expuesta por los beneficiarios en sus testimoniales. “Los afectados eran objeto de violencia psicológica que se extendía desde el maltrato, la humillación hasta un trato prácticamente militar, todos ellos inadmisibles”, aseguró. Y siguió: “También, y según surge de una denuncia, estamos frentes a casos de acoso psicológico y también sexual. Esa violencia se demostraba en reuniones públicas, donde los beneficiarios padecían humillaciones públicas, lo cual adquiría un mayor prejuicio cuando sucede en comunidades pequeñas, como en este caso”.
