A la luz de los sucesos internacionales, queda claro que nos encontramos en presencia de un gobierno descolocado, imposibilitado de reaccionar. A esta altura, la pregunta estratégica que se debería estar haciendo es: ¿cómo encaja el discurso de la competitividad, del libre mercado y del abrazo a la globalización, con un mundo cada vez más turbulento, que en lo económico incluye mayores costos financieros y una agudización de las disputas en el terreno comercial? Los hechos y novedades de esta semana aportan información valiosa para reflexionar al respecto.

Apenas asumió su cargo en EE UU, Donald Trump firmó una orden para retirar al país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). El TPP, impulsado por la administración Obama y pendiente de ratificación en los parlamentos, incluía a EE UU y otros once países de la cuenca del Pacífico, alrededor del 40% del PIB mundial. Tras ello, el nuevo mandatario volvió a afirmar que no avanzará con el tratado comercial con la Unión Europea y que renegociará el NAFTA.

Independientemente de lo que pase con el muro, México sufrirá particularmente los cambios, dado que destina a EE UU el 80% de sus ventas externas: un ejemplo claro de las consecuencias de las políticas que a inicios de los noventa invalidaron la construcción de su propio entramado industrial.

Todo indica que las nuevas autoridades estadounidenses apostarán por las negociaciones en la órbita bilateral, en detrimento de los ámbitos multilaterales, lo que les permitirá obtener más ventajas. Abonan este camino decisiones recientes que alteran la esfera de la geopolítica y del derecho internacional, como el anuncio de reducir drásticamente el apoyo financiero a la ONU.

En este marco, la idea del gobierno nacional de «reinsertarnos rápidamente en el mundo», participando de acuerdos como el extinto TPP o liberando abruptamente las importaciones, está más caduca que nunca. La reciente suspensión de la norma que autorizaba el reingreso de limones argentinos a EE UU, tras 15 años de restricciones, colisiona con las declaraciones del presidente Macri, para quien la reapertura era «una demostración de la seriedad y confianza que podemos generar como país».

No dejan de quedar en evidencia algunas similitudes conceptuales y metodológicas que hay entre el gobierno nacional y el de Trump. Se expresan en el espíritu de la política migratoria, en la idea de reducir impuestos y eliminar regulaciones a las empresas, o en el congelamiento de ingresos al sector público. También existen puntos en común en cuanto a las formas utilizadas, al recurrir a la vía del decreto, eludiendo los mecanismos parlamentarios.

Dichos y hechos
En una nota de esta semana (23.01.17) Clarín tituló: «Los hechos alternativos. El nuevo relato de Trump para construir la realidad». La frase se puede extrapolar rápidamente a la estrategia del gobierno argentino, que junto a sus voceros niega sistemáticamente las verdaderas problemáticas de la economía y la sociedad.

Por caso, este viernes apareció en primera plana de El Cronista: «Confirmado: la economía registró una recuperación sobre el cierre de 2016», una forma sesgada de interpretar los números. La nota hace uso de la comparación del valor sin estacionalidad de la actividad económica de noviembre respecto de octubre, que subió 1,4 por ciento. No obstante, hay que decir que sólo se trata de un dato puntual. En su apuro por mostrar alguna estadística positiva, el gobierno omite que para salir de la recesión hacen falta dos trimestres consecutivos de crecimiento, lo cual no es el caso, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre la actividad desestacionalizada cayó un 0,2% (el dato del cuarto aún no ha sido publicado). De hecho, en el acumulado de los primeros once meses la actividad cayó el 2,5%, en línea con la estimación del FMI para todo el 2016. 

También se festejó el ligero superávit comercial de 2016, aunque no se tuvo en cuenta que es algo usual en épocas de recesión, y pocos medios recogieron la clara tendencia a la reprimarización de nuestras ventas. El leve repunte que tuvieron las exportaciones el año pasado (1,7%) se explica en gran parte por un aumento de las ventas de cereales. Por el contrario, los productos industriales exportados cayeron. El perfil importador también muestra la estrategia productiva del gobierno nacional. Los productos ligados a la actividad industrial local mostraron descensos importantes, mientras que los bienes de consumo finales tuvieron un leve incremento, lo que determinó una caída del total de las importaciones del 6,9% en todo el 2016.

El gobierno no se privó de aplaudir los datos finales del ejercicio fiscal 2016. El saldo fue un déficit del 4,6% del PBI, menor al objetivo del 4,8 por ciento. Claro que sin los ingresos de las multas del blanqueo, el déficit habría sido del 5,9 por ciento. En términos del ajuste requerido para este año resulta muy preocupante. Por el lado de los ingresos, cayeron los aportes a la seguridad social de las empresas (-4,5%) y los tributarios (-3,6 por ciento). Ambos reflejan la parálisis en el nivel de actividad y cambios impositivos como la eliminación y baja de retenciones. Del lado de los gastos, los destinados a las inversiones públicas fueron los que más cayeron (-20% por ciento).

El panorama lo completa una inflación que no cesa y erosiona los salarios, mayor desempleo y pobreza. Estos resultados no pueden vincularse a la excusa de la «herencia» ni son un designio de la naturaleza: se explican a partir de políticas públicas concretas que el gobierno insiste en aplicar.

Las idas y vueltas con los «Precios Transparentes» permiten describir la típica agenda oficial. Desde febrero los comercios deberán mostrar de forma discriminada los costos financieros que estén involucrados en las compras. Inicialmente, según el secretario de Comercio, Miguel Braun, «el primer y más importante impacto de la medida es que van a bajar los precios al contado de los productos que hoy se venden», aunque el funcionario se apresuró a aclarar más tarde que «la medida no garantiza que bajen los precios» y que además «el gobierno no controla los precios».

Era de esperar. Raramente podrán bajar los precios si no analizan a fondo lo que ocurre al interior de las cadenas de valor. De hecho, las herramientas disponibles fueron desarticuladas por el actual gobierno. Por ello, el ministro Francisco Cabrera dijo que en caso de que se verifique un aumento de precios van «a incentivar la competencia». «Hay tres herramientas para hacerlo –añadió-, y la que es a corto plazo y mucho más efectiva es la competencia por el comercio internacional, es decir, la apertura para que se compita con artículos importados cuando se disparan algunos precios en el mercado interior». Parece no acusar el impacto de los más de 200 despidos que inicialmente anunció la fabricante de computadoras Banghó, a raíz de la inminente entrada en vigencia de la norma que elimina los aranceles al ingreso de productos informáticos. En contraposición, se acaba de anunciar una suba de los reintegros a las exportaciones de carne.

El gobierno sigue profundizando una estrategia que va a contramano de las necesidades de los trabajadores y de las pymes, y además desconoce el pulso que está marcando el nuevo entorno global. Precisamente por ello –una vez más– la única línea factible pasa por apostar por el mercado interno y, de manera complementaria, reflotar los lazos con países que apuesten a una integración verdadera. Sin el sello de la máxima ganancia y sin añorar el desmembrado y perverso esquema de la globalización neoliberal. Pero un cambio de esta trascendencia difícilmente pueda ser encarado por un gobierno de CEO.