La carestía en febrero fue del 2% pero según la junta interna del Indec, una familia tipo precisa $ 63.783 para vivir. La mitad de los asalariados privados cobra un 55% de este valor.
Hace mucho tiempo que los resultados reales no se ubican por debajo de las proyecciones que surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica el Banco Central basado en las proyecciones de una cincuentena de consultoras, que habían situado ese pronóstico en un 2,5% para febrero.
Así las cosas, la suba de precios acumulada en los dos primeros meses del año alcanza al 4,3%, y si se tomaran los pronósticos del REM, llegaría al 7,3% en el primer trimestre.
El rubro Alimentos y bebidas, con mayor impacto en los sectores asalariados y de menores recursos, sin embargo, se incrementó un 2,7% en febrero. Algo similar ocurrió en enero, cuando la suba de precios general fue de un 2,3% mientras que la de alimentos llegó al 4,7%. Así, solo en los dos primeros meses acumuló un 7,5 por ciento.
Con todo, la desaceleración de precios debiera analizarse a la luz de la evolución de los ingresos de la población.
La evolución del salario sigue por detrás de la inflación, según el último dato disponible del Indec de diciembre de 2019. En diciembre los precios escalaron un 3,7% mientras que los haberes lo hicieron un 2,6%.
Según la junta interna de ATE Indec, en enero de 2020 una familia necesitó reunir $ 63.783 para afrontar el costo de los bienes y servicios que componen la denominada canasta familiar.
Esa canasta de bienes y servicios supera el concepto de las canastas Alimentaria y Total del Indec, que establecen el límite de la indigencia y la pobreza, respectivamente.
La tradición sindical indica que el salario debiera establecerse alrededor del valor de la canasta familiar ya que esta incluye, además de los bienes y servicios básicos para alimentarse y movilizarse al trabajo, otros gastos como el alquiler de la vivienda y los consumos vinculados con el ocio y el esparcimiento que hacen al disfrute de la vida de una familia tipo de la clase trabajadora.
Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo y basados en los registros de la Afip, en noviembre de 2019, el haber bruto promedio de los trabajadores registrados del sector privado se ubicó en $ 51.234.
Si a ese valor se le aplicara el aumento para ese segmento registrado por el Indec en diciembre, que fue de un 1,5%, y se le agregan los $ 3 mil que estableció el decreto oficial 14/20 para ese mes (luego escalaría a $ 4 mil), surge que el haber bruto promedio del sector privado alcanzó los $ 55.094.
En términos netos, de bolsillo, implica un ingreso promedio de 44.626 pesos. Pero esos ingresos incluyen los salarios de gerentes y directivos de empresas que, por supuesto, elevan el promedio. Así y todo, el ingreso neto equivale a sólo un 69% de esa canasta familiar.
Si se tomara la mediana del salario, que divide el universo de asalariados por mitades y por eso desestima valores extremos, esa relación para el mes de enero alcanza un 55%. Dicho de otra forma, la mitad de los asalariados percibe apenas un 55% de lo que se necesita para vivir con dignidad.
Por otro lado, según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, el promedio de ingresos del 10% de la población con mayores ingresos alcanzaba los $66.902 en el tercer trimestre de 2019. Es decir, las estadísticas marcan que sólo el segmento de la población de mayores ingresos puede alcanzar a cubrir el costo de la canasta familiar. «
La CGT se reúne por las obras sociales
El secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, confirmó a Tiempo que el próximo jueves 19 se reunirá el Consejo Directivo de la CGT en la histórica sede de Azopardo.
Se trata del primer cónclave formal de la central obrera desde que asumiera, en diciembre de 2019, el gobierno de Alberto Fernández a quien la confederación ofreció su apoyo en forma cerrada.
La semana que pasó se reunió la mesa chica con otros dirigentes sindicales de peso. El temario formal incluirá el análisis de la coyuntura económica y las paritarias y, especialmente, el tratamiento de la deuda que el Estado mantiene con las obras sociales sindicales que ascendía a $ 22 mil millones cuando asumió el nuevo gobierno.
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