El debate abierto tras la presentación de la propuesta de reestructuración de una parte de la deuda externa argentina es un mentís a quienes suponen que ya nada será igual tras la pandemia de coronavirus. La pelea por el lucro y el beneficio goza de buena salud. De allí que todas las partes involucradas en esta negociación vaticinen que las próximas semanas serán “durísimas”.
El nuevo round de esta pelea arranca con la claridad de que la propuesta argentina no tiene el acuerdo de los bonistas, según subrayó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su presentación del jueves pasado en Olivos. En rigor, acá hay una primera demostración de ese afán de lucro ya que muchos de los bonos ahora en camino a ser canjeados fueron comprados por sus actuales propietarios cuando su valor estaba en torno del 40%, nivel en el que se encuentran estos títulos desde hace un año. Para esos acreedores, todo lo que proponga la Argentina es ganancia pura porque le va a reconocer 94,6 dólares por cada 100 nominales, cuando en el mercado no les darían ni 30. Es cierto que en la propuesta hay una rebaja del flujo de intereses del 62%; pero el 38% que sí se considera será sobre un gasto de adquisición del bono de entre 30 y 40 dólares, lo que arroja una tasa real de entre el 5 y el 6,5 por ciento.
Esta ventaja se pierde a medida que nuevos especuladores deben pagar más por los bonos. De hecho, el viernes subieron hasta un 15% sus cotizaciones, justamente por la ganancia que hay en la propuesta argentina.
Los acreedores dicen que ellos tienen en su poder los bonos desde su lanzamiento y que la oferta es mala porque pagaron 100 dólares por cada 100 nominales. Según sus cálculos, pagaron 100 y sólo se les reconoce 65. Se trata de un discurso que se golpea con la realidad del mercado financiero del último año. Insistiendo en ello, han hecho saber que quieren más: capitalizar los intereses de los tres años y medio de gracia en los que la Argentina no pagaría; también, que se les dé un bono del tipo del cupón PBI del canje 2005; y por último, un resarcimiento porque quieren convencer que la tasa de descuento debería ser del 13 al 15%, que al duplicar la que calcula el gobierno resultaría en un menor valor presente de la propuesta oficial. El nuevo round empezó.
