El 30 de julio de 2020 el Senado dio aprobación definitiva a la Ley de Teletrabajo. Sin embargo, según una encuesta realizada por la consultora Adecco, apenas el 4% de los teletrabajadores reconoce haber recibido alguna compensación económica por parte de la empresa para la que trabaja.

La ley, en realidad, vino a restituir derechos ya estipulados en la resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo vigente desde 2012 y que había sido congelada por el gobierno horas después de anunciada la emergencia sanitaria.

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La Ley de Teletrabajo disponía su entrada en vigencia 90 días después de concluido el ASPO, aunque su reglamentación del 20 de enero dilató aun más su aplicación confiriéndole al Ministerio de Trabajo la potestad de definir esa fecha, que fijó recién para el 1 de abril. Allí, además, se delegó gran parte de la aplicación a la discusión de las paritarias y los convenios.

Finalmente, una nueva norma del 18 de marzo esmeriló aun más los alcances de la ley puesto que, por su ambigüedad, abogados patronales interpretaron que lo dispuesto solo sería válido para aquellos trabajadores que explícitamente aceptaran continuar con esa modalidad contractual y no para quienes vinieran trabajando en esas condiciones como resultado de la pandemia. La cartera laboral aclaró entonces que la ley daba cobertura también a esos trabajadores.

En diálogo con Tiempo, uno de los asesores directos de Claudio Moroni, el abogado Pablo Topet, reconoció que, a más de tres meses de vigencia, «no hemos advertido acuerdos masivos. La ley ha establecido ciertas pautas y hay una serie de puntos que deberían ser precisados en los convenios colectivos». Sin embargo, confirmó, «mientras no se haga, los derechos son aplicables y exigibles. A la vez, nadie puede considerar que esa situación implica la manifestación de la voluntad de consolidar esa modalidad de trabajo».

Lo cierto es que, como se dijo, apenas un 4% de los empleados reconocieron haber obtenido algún beneficio por estar teletrabajando.

Para Topet, «se puede mandar un telegrama individual al empleador diciendo que no se cumple y lo mismo puede hacer el sindicato. Los mecanismos de inspección y de control están vigentes». El funcionario explicó que «la ley prevé un registro de esos acuerdos puntuales pero nadie nos ha enviado contratos que se hayan formalizado. Todavía no hay un control específico».

Señaló, además, que «estimulamos y participamos en negociaciones en actividades clave que pueden servir de espejo para otras. En concreto, se están desarrollando negociaciones asistidas en sectores como bancarios, seguros y en jaboneros para un acuerdo con Unilever. Allí hay mucha gente teletrabajando y es posible que muchos sigan bajo esta modalidad».

El funcionario destacó el acuerdo de los bancarios, que incluyó una modalidad para la transición: «Se aplica en este universo que teletrabaja sin haber manifestado su consentimiento definitivo y se actualiza cada cuatro meses. Es una regulación para el ‘mientras tanto’. En Seguros habrá una alternativa similar».

Eduardo Berrozpe, secretario de Prensa de la Asociación Bancaria, confirmó que «avanzamos en la negociación sobre teletrabajo parcial, pero estamos tratando en condiciones muy difíciles. Tenemos que avanzar en muchos derechos. Los gastos se están conversando porque no son solo por conectividad. Un tema clave es el reconocimiento del lugar de operatividad porque de ello depende la forma de relacionarse con la organización sindical. Pretenden disociar al trabajador con la estructura sindical».

Jorge Sola, secretario general del sindicato del Seguro y secretario de Prensa de la CGT, confirmó la marcha de la negociación y coincidió en que uno de los riesgos pasa por la representación sindical.  El dirigente dijo que «la mayoría sigue teletrabajando y son muy pocas las empresas que están pagando. Por eso estamos reclamando el pago retroactivo por los gastos en los que hemos incurrido».

El dirigente de la CGT señaló que «sabemos que están discutiendo los judiciales con el Consejo de la Magistratura, los bancarios y también Utedyc. La ley está aplicable pero se ve en los convenios porque hay que definir el desagregado de cada derecho».

De hecho, ha sido en negociaciones salariales donde, por caso, los docentes universitarios consiguieron un plus de mil pesos por conectividad. También debieron apelar a la lucha los trabajadores del diario Página/12, quienes luego de un conflicto consiguieron un reconocimiento de $ 750. Y en La Nación, luego de un año de reclamos, la empresa accedió en julio a otorgar un bono de $ 3 mil. «

Polémica en estatales

El 25 de junio, la Jefatura de Gabinete emitió una resolución para los empleados públicos en línea con lo dispuesto para el sector privado. Se autorizó a las conducciones de los ministerios a convocar a los empleados con al menos una dosis de cualquiera de las vacunas, «independientemente de la edad y la condición de riesgo». El titular de UPCN, Andrés Rodríguez, se mostró de acuerdo.

Pero también hubo desacuerdos. Por ejemplo, la Junta Interna de ATE-Indec recordó que «los decretos no pueden ser modificados por una resolución» y, en diálogo con Tiempo, su delegado general, Raúl Llaneza, explicó que «la resolución está vigente, pero el DNU 287 que prioriza el trabajo remoto se prorrogó. La direcciones hacen pedidos informales para que la gente vuelva en forma presencial, que estamos rechazando porque la convocatoria debe ser fundamentada. La ART puede negarse a dar cobertura. Además, los miles de monotributistas con contratos fraudulentos en el Estado no tienen cobertura».

La Anses convocó a todos sus trabajadores a regresar el 19 de julio, aunque adoptará una modalidad híbrida para cumplir con un aforo del 50 por ciento.