En una semana, vence el Decreto 320/20 que mantiene congelados los precios de los alquileres e impide los desalojos a quienes no pueden pagar, con la correspondiente acumulación de deuda. Si bien se espera por una prórroga, las demoras en el asunto generan intranquilidad en los 9 millones de inquilinos que hay en el país.

Hace 20 días, el presidente Alberto Fernández dio a entender en una entrevista que el citado decreto se extenderá. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo hasta que podamos tranquilizar la economía. La economía está intranquila, pero lo que tienen que saber todos es que vamos a seguir protegiendo a los sectores más débiles”, dijo Fernández al ser consultado sobre el tema. En el Ministerio de Hábitat y Vivienda, descansan también en esa afirmación.

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Sin embargo, desde la Federación de Inquilinos Nacional advierten sobre la incertidumbre que hay al respecto, a 7 días del vencimiento del decreto. “No hay más tiempo para especular con la vivienda de la gente. No se puede esperar más. Creo que se va a resolver mal porque ya estamos a fin de mes. Mucha gente decidió irse, buscar otra alternativa, porque ya no aguantó la presión. Se evitaban muchos desalojos y renovaciones complicadas, si se anunciaba antes la extensión”, indicó el titular de la federación, Gervasio Muñóz.

Muñóz resumió: “Pedimos la suspensión de los desalojos, el congelamiento de los precios, la extensión de los contratos y que el Estado pague los alquileres de la gente que está endeudada. Calculamos que alrededor del 30% de los inquilinos está endeudado, ya sea con el alquiler o las expensas. Son un millón de hogares. El 40% está en el AMBA. El Estado tiene que entender que pagar el alquiler es mejor que resolver una toma. Es urgente que el acceso a la vivienda se resuelva de otra manera”.

“Hay gente que hace meses no paga el alquiler y en octubre tienen que empezar a pagar las deudas y el alquiler. Que se anuncie con tan poca anticipación parece un guiño al mercado inmobiliario. Si la solución es otorgar un crédito, el costo social lo va a pagar el gobierno, no las inmobiliarias”, finalizó Muñóz.