Según una nota aparecida en El Cronista (03.08.18), desde el gobierno admiten un cambio de estrategia: «Ya no podíamos dejar de lado la realidad (…) No hay más lugar para plantear lo de los brotes verdes. Hay que cumplir con la meta fiscal».

No es para menos. Los números de la economía real exhiben un deterioro muy fuerte en los últimos dos meses. Es producto del efecto combinado de la depreciación de la moneda, de la inflación que, ante salarios nominales estancados, impacta severamente en el poder de compra de las familias, del impacto de la sequía en la cosecha gruesa (soja y maíz), y de las altas tasas de interés, entre otros motivos.

Salvo la sequía, el resto de las variables mencionadas están determinadas por la política económica seguida por el gobierno de Macri, reforzada a partir de la firma del acuerdo con el FMI.

En muchos casos se producen contradicciones entre las políticas adoptadas. El tema de los aumentos de tarifas de electricidad resulta un buen ejemplo. Las boletas llegarán con incrementos promedio del 24,4%, evitando aplicar ahora el 60% que resultaría de trasladar al precio final todos los costos de la devaluación. Por ese motivo, el subsidio a la demanda pasaría del 20% del total en el primer semestre, al 33% en el segundo, según lo expresó el ministro de Energía, tal como informa La Nación Web (01.08.18).

La lógica de estas medidas, no reconocida por el gobierno, indica que la prioridad es no alterar la elevada rentabilidad a las prestadoras energéticas, y si para ello hay que aumentar los subsidios, se procede. Pero como hay que cumplir con el Fondo, seguramente se recurrirá a recortar en otras partidas.

El mencionado cambio de discurso no puede evitar que el gobierno caiga en fórmulas que fueron famosas en los noventa. El presidente Macri propuso su solución al problema inflacionario: «La gente tiene que caminar porque en este momento de devaluación hay diferencias de 30% en los precios». Imposible no relacionarlo con las arengas de Lita de Lázzari en los noventa, que proponía la misma actividad. La propuesta de Macri, además de hacer recaer todo el esfuerzo en la gente, da a entender que no le preocupa, como jefe del Ejecutivo, resolver los problemas de posición dominante o de grupos concentrados que aumentan los precios para incrementar su tasa de ganancia. Tampoco intenta resolver una de las situaciones más injustas: una cadena de producción y comercialización que deja al productor con una parte mínima del precio de los bienes que terminan en la góndola.

En picada

La caída de la producción industrial en junio es más que importante. El Estimador Mensual Industrial del Indec indicó una caída interanual del 8,1%, afectando a la mayoría de los sectores, sólo un bloque (metálicas básicas, esencialmente acero y aluminio) evidenció crecimiento. Los once bloques restantes mostraron caídas: químicos, textiles, caucho y plástico y resto metalmecánica evidenciaron mermas del 10% al 11 por ciento.

Quizá lo más preocupante no sean estas cifras, sino el rápido deterioro de las expectativas por parte de los industriales. Hace tres meses (marzo 2018), el 35% de los industriales esperaba que en el corto plazo la demanda interna creciera, y sólo un 12,1% proyectaba una disminución. En junio, sólo el 13% espera un alza, pero un 45,8% prevé un achicamiento de la demanda interna. Impactante. Coincidente con esta previsión de junio, el 8,6% espera aumentar su personal, mientras que el 21% planea reducirlo.  

La construcción sigue similar tendencia. El Indicador Sintético de la Construcción (ISAC) del Indec mostró en junio una caída interanual del 0,1%, mientras que la superficie a construir (a partir de los permisos de construcción para obras privadas en 60 municipios), también cayó: si tomamos la variación acumulada en el semestre, que da una idea más tendencial, esta se redujo un 8,5% comparada con igual período del año anterior. Las expectativas también muestran un fuerte deterioro. Un 45,9% de las empresas que realizan principalmente obras privadas, esperan que en el corto plazo la actividad disminuya, y sólo 2,7% espera un aumento. En el caso de las empresas dedicadas a la obra pública, el 65,6% espera una reducción de la actividad, y el 3,4% un incremento.

La caída en la actividad económica, la inestabilidad de los precios y los atrasos en la cadena de pagos son las principales causas que llevan a los empresarios de la construcción a prever la caída en la actividad del sector. El Indec no informa la razón por la cual no aparecen como en meses anteriores, entre las opciones para justificar la proyección de la actividad, la de «nuevos planes de obras públicas» y la de «reinicio de obras públicas». Pero el motivo parece claro.

Al ser preguntados por el tipo de obras que creen que mantendrán la actividad de la construcción, los dedicados a obra pública respondieron, en un 45,6%, que serán las obras viales y de pavimentación. Muy probablemente, los constructores estén pensando en algún avance en los contratos de participación público privada (PPP) que están orientados a este rubro de obra vial.

En este mes también cambió una tendencia que se venía observando en la recaudación tributaria. Despojando los números del efecto blanqueo, los ingresos fiscales venían evidenciando en la gran mayoría de los meses un continuo aumento por sobre los índices inflacionarios. Pero la recaudación tributaria de julio evidenció un aumento interanual menor al índice inflacionario: creció el 23,8%, mientras que el IPC esperado ronda el 31%. En términos deflactados, la recaudación caería el 5%, como resultado de varios efectos. Creció el IVA que se aplica sobre las importaciones, con un aumento del 29% debido al impacto del alza del dólar. Los que disminuyeron fueron el impuesto a las ganancias, el rubro comercio exterior (impactado por la reducción de las retenciones y la menor cosecha exportada) y los ingresos a la seguridad social (cerca del 7% en términos reales). Este último ítem podría estar indicando la reducción de los salarios reales y una mayor dificultad de pago de los aportes por parte de las empresas. Hay que seguirlo con atención.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo: «No es cierto que estemos frente a una crisis estructural como otras que hemos pasado». Pero como lo indican los números mencionados, y las expectativas, es el modelo el que tiende a generar recesión. Ya lo hemos vivido en los noventa. El ajuste fiscal genera menor actividad económica, esta achica los ingresos fiscales, y debido a esto la reducción del déficit fiscal está más lejos y por lo tanto el recorte en los gastos se tiene que seguir profundizando, y comienza el nuevo ciclo recesivo.

De allí que el responsable para América Latina del FMI, Alejandro Werner, sostuviera que «hay dudas en la implementación plena del programa por parte de inversores y empresas». No es ilógico: la aplicación del modelo que sigue el gobierno de Macri, y refrenda el FMI, lleva en su germen una alta posibilidad de incumplimiento, como ha pasado en la mayoría de los países en los que se ha aplicado. Dejando, además, una dolorosa secuela de deterioro de la capacidad productiva, en especial de las pymes y las economías regionales, y en la calidad de vida de la población. «