Cinthia Choque era agente de tránsito y falleció por la acción criminal de un automovilista que pretendió eludir un control de alcoholemia. En el mismo hecho también resultó gravemente herido su compañero Santiago Siciliano que, en estos momentos, pelea por su vida en el Hospital Fernández. La reacción de sus compañeros que detuvieron las actividades y, paradójicamente, realizaron un corte de calle en el Obelisco, fue inmediata y puso de relieve las condiciones de precarización laboral en las que trabajan los jóvenes que tiene la tarea de ordenar la circulación de vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta realizar multas a los conductores. Cinthia tenía 28 años; Santiago tiene 30.
Cinthia era madre de dos nenas de 6 y 4 años, ganaba $25 mil y estaba contratada como monotributista hace más de seis años. No contaba con seguro de vida ni ART, al igual que la inmensa mayoría de los 2.700 agentes que prestan servicios para el Gobierno liderado por Rodríguez Larreta.
El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte fue creado por una ley aprobada por unanimidad en la legislatura porteña el 13 de marzo de 2008 que transfería el personal de la Guardia Urbana (creada en 2004 por Aníbal Ibarra) a esa dependencia bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
Los agentes no forman parte de las fuerzas de seguridad aunque, sin embargo, tienen facultades para realizar multas, labrar actas contravencionales, realizar controles de alcoholemia y solicitar documentación vehicular y de los propios conductores y ciudadanos. Incluso la ley les confiere el derecho a detener los vehículos en infracción. Para eso tienen la facultad de recurrir a la fuerza pública en caso de que el afectado no colabore o no reconozca la autoridad que les confiere la ley.
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Con todo, más allá de las cuestionables facultades que le confiere la legislación porteña, ellos mismos no disponen de los derechos que asisten al cuerpo de seguridad y, por el contrario, perciben salarios de entre $21 y $25 mil. El 70% de la planta está contratada bajo la modalidad de monotributo.
Una de las empleadas y compañeras de Cinthia y Santiago explicó a Tiempo, solicitando extrema reserva de su identidad, que “está todo muy hermético y a la expectativa de lo que suceda. Las condiciones no son las mejores y nadie nos ampara”, es que, según graficó “sobre todo los monotributistas están a la buena de Dios” porque no los defiende “Ni la conducción, ni el gremio… imaginate!”, se quejó con inocultable bronca y temor.
La trabajadora explicó que, en su caso, tuvo “bastante suerte en salir rápido de esa modalidad de contratación, pero tengo compañeros que hace siete años que son monotributistas”.
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Según pudo saber Tiempo Argentino, representantes de los trabajadores elegidos ad hoc por sus compañeros y compañeras mantuvieron una reunión con el Secretario de Transporte, Juan José Méndez acompañados por el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor que participó de las protestas en el Obelisco. La trayectoria de Amor, refleja una extendida actividad en el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) muy cuestionado por los agentes de tránsito y, en general, por los empleados porteños que los responsabilizan por la situación que padecen. Con todo, a instancias del propio Defensor del Pueblo se constituyó una mesa de diálogo entre las partes que funcionará en la Defensoría a partir del próximo viernes.
Pero la situación de los agentes de tránsito es apenas una muestra de la precarización laboral sobre la que descansa el conjunto de la gestión de gobierno del distrito más rico del país.
Según los últimos datos oficiales disponibles existían en 2017 un total de 214.429 empleados municipales entre docentes y agentes del sector público. Entre los 130 mil docentes, apenas un 29% goza de plena estabilidad con su cargo titularizado mientras que el resto se divide entre cargos de suplencia, interinatos o transitorios. Del resto de los 84 mil agentes que incluyen funcionarios y autoridades superiores, según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), unos 17 mil se desempeñaban bajo diversas modalidades precarias de contratación (que pueden ser monotributistas o contratados con modalidades de renovación anual y sin estabilidad). Se trata del 20% de la planta total. Una situación similar afecta a los empleados del Estado Nacional.
Por otra parte, el legislador y candidato a Jefe de Gobierno del FIT-PO Gabriel Solano, ya realizó un pedido de informes e interpelación al Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la CABA, Franco Moccia, para que de cuenta de las condiciones laborales de los agentes de tránsito porteños. El dirigente señaló que “la situación de precariedad de los agentes de tránsito es responsabilidad de Larreta, que viola abiertamente las leyes laborales que le corresponden a los trabajadores de su gobierno. La contratación como monotributistas dentro del Estado representa un fraude laboral ejecutado por el mismo gobierno que debe velar por el cumplimiento de las leyes laborales”. Solano destacó que “no es casual, por eso, que la violación de las leyes laborales se extienda al conjunto de la Ciudad, como lo prueba la situación de los miles de trabajadores de las plataformas”.
Al mismo tiempo, el dirigente destacó que “para enfrentar esta situación nuestro bloque en la Legislatura presentó un proyecto de pase a planta permanente de todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad. Esa presentación fue hace más de un año pero el oficialismo en la Legislatura bloquea su tratamiento.”, denunció.