El anuncio del presidente Mauricio Macri, de que por medio de un blanqueo de capitales financiará el pago de las deudas que mantiene el sistema previsional con los jubilados y pensionados, puso de relieve el continuo desequilibrio que presentan las finanzas de la ANSES. Dado que en el actualidad casi la mitad de los ingresos de ANSES provienen de impuestos, el aporte de una fuente de financiamiento sujeta a los vaivenes de las decisiones de las personas que quieran blanquear sus fondos no declarados abre un gran interrogante sobre la posibilidad de que ese fondeo se realice en tiempo y forma. Del mismo modo, queda de relieve que la actual política del gobierno de favorecer el despido de trabajadores en el sector privado y, por su parte, concretarlos en el sector público, reduce cada vez más las distancias entre los ingresos y los egresos de la ANSES. En este escenario, la pérdida del 15% de la recaudación impositiva derivada desde las provincias sólo profundiza la fragilidad del equilibrio de las cuentas del organismo previsional.

Según el diputado Diego Bossio, último titular de la ANSES del gobierno de Cristina Fernández, para que el proyecto de Macri funcione, se necesita que “se incorporen entre 4 y 5 millones de trabajadores en blanco para que no se desfinancie la ANSES”. En diálogo con Tiempo, Bossio indicó que la ANSES “ya perdió el 15 % de las provincias. Ese es el talón de Aquiles del sistema previsional.” 

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En la actualidad hay poco más de 9,7 millones de aportantes a la Administración Nacional de la Seguridad Social. El número refleja una caída de poco más de 100 mil aportantes entre diciembre y febrero de este año. Para los analistas, ese es el reflejo de los despidos generados en el verano aunque consideran que puede ser también un resultado de la mayor morosidad de parte de los empleadores. 

La tendencia actual y que algunos analistas prevén que seguirá así hasta fin de año, es la de una pérdida de puestos de trabajo o, en el mejor de los casos, un congelamiento de los mismos luego de llegar a un piso. 

Es decir que una de las fuentes de financiamiento de la ANSES se encuentra en descenso y con pocas posibilidades de cambiar en lo que reesta del año. “Si hubiera un blanqueo de los más de 4 millones y medio de trabajadores no registrados, la ANSES dejaría de tener la perspectiva de los problemas financieros en el horizonte”, explicó a Tiempo Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad y especialista en el tema. “Hoy hay un desequilibrio y, obviamente, la actual estructura de ingresos y egresos no es razonable. Para solucionar el problema de fondo de la seguridad social hay que modificar la estructura impositiva”, afirmó Semino. 

El ombudsman apuntó que además de los despidos, atenta contra los ingresos de la ANSES el pago de sumas no remunerativas, masificadas durante los últimos seis años, y la persistencia del trabajo en negro. “El 47% de los ingresos de la ANSES para el pago de jubilaciones son impuestos. Entre lo que se pierde por las sumas no remunerativas y el trabajo en negro, queda claro que el sistema no puede funcionar así”, indicó. 

El proyecto de ley que el gobierno nacional remitirá mañana al Congreso para saldar la “deuda histórica” demandará un esfuerzo fiscal de hasta 75 mil millones de pesos al año, en caso de que se incorporen al programa los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, y otros $ 47 mil millones para el pago de retroactivos. Estas cifras son las que plantean dudas acerca de las verdaderas intenciones del gobierno respecto del blanqueo de capitales, que no otorga seguridad de proveer los fondos necesarios para costear los nuevos desembolsos. Ahí es donde toman fuerza las versiones sobre posibles ventas de activos incluidos dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), como las acciones de las grandes empresas en poder del Estado. Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, desmintió esta posibilidad. 

Hay otra versión. Ayer, el presidente Macri volvió a hablar del tándem blanqueo-deuda jubilatoria, y anticipó que el gobierno apunta “a pensar en el futuro y debatir y estudiar un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo”. En algunos círculos preocupa la idea de que el gobierno podría estar estudiando la ampliación de la edad jubilatoria. 

Estos condimentos estarán presentes en el debate que desarrollará el Congreso para tratar el proyecto del gobierno. Marcos Peña, jefe de Gabinete, aseguró ayer que “en las primeras conversaciones se observa que hay un espíritu de acompañamiento muy amplio” y que en el oficialismo están “dispuestos a dialogar”. 

Para la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT, Buenos Aires) la propuesta del gobierno “es una trampa porque lo presenta, una vez más, con un beneficio a todos aquellos que evadieron, con un blanqueo. Porque los trabajadores y los jubilados no pueden evadir porque la gran masa de impuestos que entra al Estado lo hace por el IVA y el impuesto a las ganancias. Esto es un beneficio para los que tienen fondos no declarados en Bahamas o Panamá.” En tanto, el diputado Adrián Grana (Nuevo Encuentro, Buenos Aires) aseguró que “nadie puede estar en desacuerdo con saldar la deuda con los jubilados. Lo que me preocupa es de dónde sale el dinero para financiar este pago porque no respaldaré un desfinanciamiento del Estado”.