Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se aceleraron con el anuncio de que una delegación del gobierno argentino partirá rumbo a Washington el fin de semana, para entrevistarse con el staff técnico del organismo. La decisión fue anunciada por voceros del Palacio de Hacienda. «El objetivo es continuar avanzando en los entendimientos técnicos, en el marco de las negociaciones con ese organismo multilateral de crédito, para un programa que permita refinanciar el préstamo tomado en el año 2018”, señalaron las fuentes.

La comitiva viajará el sábado y será encabezada por Sergio Chodos, director argentino en el FMI y virtual negociador del gobierno ante esa entidad. El ministro de Economía, Martín Guzmán, permanecerá en Buenos Aires, aunque siguiendo atentamente por teléfono y videoconferencia el avance de las conversaciones. Su tarea es incorporar el saldo de esas discusiones en el programa económico plurianual, que el presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar al Congreso. Pese a su ausencia, Guzmán enviaría a la plana mayor del Ministerio: los secretarios de Política Económica, Fernando Morra; de Hacienda, Raúl Rigo; y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi. También serían de la partida altos funcionarios del Banco Central.

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Los puntos centrales a solucionar pasan por la velocidad y la magnitud del sendero para eliminar el déficit fiscal (el Presupuesto prevé un 3,3% del PBI para el año entrante), reducir la brecha cambiaria y la emisión monetaria. El Fondo quiere asegurarse excedentes de recursos y disponibilidad de divisas que garanticen el pago de los U$S 45 mil millones adeudados. Como contrapartida, el gobierno insiste en tener la certeza de que se reducirán las tasas de interés adicionales que paga Argentina por superar los topes de crédito y que le representan U$S 1.000 millones anuales: la eliminación de esos sobrecargos no se concretó en octubre, como se esperaba, y hay un compromiso no escrito de que el directorio del organismo la aprobaría en diciembre.

Como contó Tiempo en su versión impresa del último domingo, las diferencias en esos puntos son las que vienen trabando la negociación. Aceptar las condiciones propuestas por el staff técnico del FMI, encabezado por Julie Kozack y Luis Cubeddu, comprometería la capacidad del Estado para apuntalar la recuperación económica; tanto Fernández como Guzmán dijeron públicamente que no lo aceptarán. Por lo demás, la plana mayor del gobierno ya se resignó a que los abultados vencimientos previstos para los próximos dos años (U$S 19 mil millones en 2022 y otro tanto en 2023) no dejan otro camino que un nuevo programa para postergar esos pagos al menos.

Versiones que corrían en la noche del martes daban cuenta del optimismo oficial por cerrar el acuerdo de facilidades extendidas la semana que viene y someterlo enseguida a la consideración del Congreso, tal como establece la Ley de Sostenibilidad de la Deuda. Si así fuera, podría firmarse el convenio hacia Navidad. Claro que ello dependerá del compromiso de todos los bloques parlamentarios; principalmente, de Juntos por el Cambio, bajo cuya gestión se tomó el préstamo a renegociar.

El motivo del apuro oficial es que el miércoles 22 de este mes vence una segunda cuota de amortización del capital, por cerca de U$S 1.900 millones, similar a la que se abonó en septiembre. Firmar el nuevo programa antes de esa fecha evitaría el desembolso. Una de las alternativas bajo estudio es que el FMI devuelva el importe de esas dos cuotas para fortalecer las reservas del Banco Central.

Desde el punto de vista formal, el cronograma de pagos previsto en el stand by de 2018 seguiría vigente, pero el Fondo giraría dinero fresco en coincidencia con ellos, por lo que en los hechos las divisas no saldrían de las reservas del BCRA. Las cancelaciones de capital arrancarían a comienzos de 2026 y se extenderían hasta fines de 2031.