El Fondo Monetario Internacional estudia una ampliación de capital que significaría un incremento de U$S 3300 millones en las reservas del organismo a las que Argentina tendría acceso. La decisión está siendo debatida por los líderes financieros del G-20, quienes luego instruirán a los representantes de esos países en el directorio del organismo.

La iniciativa, generada en una idea del gobierno italiano (que este año asumió la presidencia de ese espacio que agrupa a las mayores potencias económicas del planeta), implica una emisión de U$S 500.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del Fondo Monetario. Cada país accedería a parte de ese paquete en función del capital que aporta al organismo. En el caso de Argentina, la proporción es del 0,67 por ciento.

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Esos fondos podrían ser contabilizados por los socios como un activo de reserva, aunque cada país podría darlos en préstamos a terceros. La idea implícita es que las naciones con más espalda financiera hagan circular esos DEG entre las más acuciadas por la pandemia. La mira está puesta en las naciones africanas de menores ingresos.

Los líderes del G-20 debatirán la cuestión en dos semanas, pero una reunión previa entre los ministros de Finanzas del G-7, grupo todavía más selecto, ya dio luz verde al proyecto. “Hay un total acuerdo sobre el acceso a las vacunas, el apoyo de políticas hasta la salida de la crisis, la acción climática y el apoyo integral para los países vulnerables”, tuiteó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

La maniobra es, dentro de las modalidades del Fondo, una emisión de dinero que busca reactivar la economía mundial, languideciente por el coronavirus. Mientras, el staff técnico del organismo evalúa la misma medida tomada a nivel local por el gobierno argentino: cuáles son los límites de la emisión de pesos que tolera la economía sin sobrecalentar la inflación. Esa cuestión, junto con el déficit fiscal, domina las frecuentes videoconferencias entre Washington y Buenos Aires.

Sigue la auditoría al stand by argentino

El acuerdo que el equipo económico negocia con los técnicos del FMI es una secuela del fallido stand by de 2018, que pese a su suspensión aún genera consecuencias (como los U$S 44 mil millones que Argentina debe devolver). La Oficina de Evaluación Independiente (OEI), que reporta directamente al directorio del organismo, anunció que aquel programa será uno de sus principales objetos de estudio este año.

La OEI funciona como un ente auditor que revisa los procedimientos internos del Fondo. En su primer documento de trabajo del año, planteó que uno de los temas a revisar serán los préstamos con acceso excepcional otorgados en los últimos tiempos. En particular, el de 2018 a Argentina y los del año pasado a Egipto y Ecuador.

Lo que quiere estudiar la OEI en el caso argentino es “si los criterios de acceso excepcional (incluidas las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda y las perspectivas de éxito del programa) y los procedimientos de toma de decisiones se siguieron con suficiente rigor e imparcialidad; la idoneidad de la consulta temprana a la Junta (de directores); y la aplicación de evaluaciones internas ex pos”, dice el documento.

Aquel stand by, firmado en junio de 2018 y ampliado tres meses después, se pactó por U$S 57 mil millones, el triple de lo que Argentina podría haber conseguido en condiciones normales. El staff lo avaló con el argumento de que una vez adjudicado el préstamo, el gobierno podría acceder a los mercados internacionales para devolverle el dinero al Fondo. La premisa no se cumplió y los auditores buscan saber por qué. «

Una ley que es un aval

El Congreso sancionó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. El jueves pasado, por amplísima mayoría, la Cámara de Diputados (233 votos contra dos, más dos abstenciones) ratificó la norma que ya había sido aprobada por el Senado (65 positivos y una abstención).

La norma establece que el Presupuesto determinará un límite para todo endeudamiento en moneda y bajo ley extranjera, superado el cual el Ejecutivo necesitará aprobación parlamentaria para tomar nuevos préstamos.

El proyecto había sido planteado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en busca de aval político para la negociación en curso con el Fondo Monetario por la refinanciación de los U$S 44 mil millones pendientes de pago.