El ministro de Producción, Francisco Cabrera, se paseó de buen humor esta semana por las automotrices de Córdoba, Fiat y Renault.

Llevó un mensaje para los anfitriones y lo soltó ni bien puso los pies en suelo mediterráneo: «Nosotros, en nuestro afán de mejorar la productividad de la economía, estamos trabajando en una reforma tributaria porque entendemos que la presión para las empresas que pagan es muy alta y tenemos que darles un sendero de previsibilidad».

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Con esta frase, Cabrera puso de relieve que el gobierno ha dado su bendición a una de las patas del reclamo de las fábricas de autos, que exigen una carga tributaria menor. Ese planteo forma parte de una propuesta de la Asociación de Fábricas de Automóviles (Adefa), la Asociación de Concesionarios (ACARA) y los autopartistas de AFAC.

Ese texto, al que accedió este medio y que el gobierno recibió hace poco, lleva el título «Sustentabilidad del sector automotriz argentino», y asegura que los costos de producción locales, en el caso de un sedan mediano, son un 25% mayores que el promedio brasileño y un 65% más caros que los de México. Las fábricas advierten que esos números van a contramano del plan del gobierno para fabricar un millón de autos en 2023.

La propuesta incluye todo un capítulo sobre las relaciones laborales. Propone avanzar sobre los convenios colectivos, el salario y las condiciones laborales en general, e incluye detalles como la eliminación de la hora para el almuerzo.

El documento está dividido en tres partes. La primera consta de cinco grupos de medidas. El primer grupo plantea un acuerdo con los sindicatos para fijar un tope del 3% al ausentismo; aumentar el nivel de utilización del tiempo del trabajador (saturación); implementar metodologías para subir la productividad; reducir el tiempo de actividad sindical y la cantidad de delegados; y revisar la contribución a la obra social.

El segundo grupo reclama cambios en los convenios colectivos: subdivisión por servicios; polivalencia entre puestos de trabajo y áreas; revisión de incentivos, premios y bonos por objetivos de calidad, productividad y ausentismo; enganche de la antigüedad a la productividad y el ausentismo; salarios más bajos en períodos de prueba; retiro del tiempo de comedor de la jornada de trabajo; y que se implemente un banco de horas acumuladas en paradas o suspensiones para compensar horas extra.

El tercer grupo pide modificar la legislación: que se revisen la alícuota y el reintegro del costo de la ART y que se reduzcan las cargas sociales; flexibilizar la contratación de personal temporario; legalizar la tercerización; disminuir las «contingencias legales» y reducir los costos por antigüedad; y bajar las escalas de Impuesto a las Ganancias.

El cuarto propone planes de formación técnica e incentivos para el desarrollo de pasantías y el quinto, inversión en tecnología y automatización.

Los empresarios leyeron positivamente la frase del ministro de Industria y destacaron que los cambios que piden están en sintonía con la reforma laboral que acaba de aprobar Brasil en medio de fuertes críticas. En el caso local, prevén que habrá problemas para consensuar las reformas con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pero descuentan que el Sindicato de Mecánicos (SMATA) «no va a ser un obstáculo» en la negociación, según expresó una fuente empresaria.

En la segunda tanda de propuestas las empresas, reclaman el pago de $ 777 millones que el Estado les adeuda por reintegros previstos en el Decreto 774/05 y en la Ley 26.393. También exigen la «implementación inmediata» de la Ley de Autopartes entre otras medidas para la «competitividad».

La mesa que discute el Plan 1 Millón volverá a reunirse este mes. La incógnita ahora pasa por el rol que jugarán los gremios frente a una propuesta que reclama una concesión histórica, en un mes atravesado por la protesta social y el creciente descrédito de la dirigencia sindical. «

General Motors: solo 30 reincorporados

Apenas 30 de los 350 trabajadores suspendidos por General Motors fueron reincorporados a fines de mayo a sus tareas habituales en la planta automotriz de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Los trabajadores informaron que unos 300 de los empleados que estaban cesantes aceptaron el retiro voluntario al 200 por ciento.

En tanto, un grupo de unos 20 que no fue reincorporado ni aceptó la propuesta de la patronal sigue suspendido y a la espera de una definición de la compañía de capitales estadunidenses. Cuando la compañía anunció los nombres que volvían a la línea de montaje informó a los 20 que siguen suspendidos que no serán tenidos en cuenta en el futuro. Estos trabajadores esperan cobrar la indemnización legal el primer día de diciembre, cuando vence el acuerdo con General Motors. Fuentes de la empresa confirmaron a Tiempo esta información.