En un intento de demostrar gestión, tanto para los de afuera como los de adentro, el gobierno tomó ayer una serie de decisiones con las que avanzó en su agenda energética. En una inusual edición sabatina del Boletín Oficial, definió, de un lado, el aumento de las tarifas de luz y gas para reducir los subsidios, y del otro, la liberación de dólares para las petroleras que incrementen su producción de crudo. Además, el jueves pasado se publicó el decreto que aprueba el restablecimiento del contrato para financiar las obras de las represas de Santa Cruz.

La cuestión tarifaria traerá cola. Los aumentos definidos por el gobierno son para la producción de gas y de electricidad, es decir, no incluyen los otros segmentos de esos servicios: el transporte y la distribución. Ahora bien, como los incrementos van en forma directa a las boletas a través de los distribuidores, en algunos círculos se hablaba de la necesidad de nuevas audiencias públicas para que esos aumentos puedan implementarse. De hecho, se menciona la posibilidad de que las organizaciones de defensa del consumidor hagan planteos a la justicia por ello.

Ayer, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en una entrevista radial que este será «el último» aumento de este año y que las tarifas energéticas quedarán en el nivel que surja de los nuevos aumentos hasta fin de año. «Hemos ido redefiniendo prioridades en un contexto internacional que cambió muchísimo desde el momento en el cual se estaban llevando a cabo las negociaciones» con el Fondo Monetario, dijo en relación al pedido del FMI de que baje el monto de los subsidios energéticos.

Además, sostuvo que Argentina está «frente a una grandísima oportunidad» de desarrollo del sector energético del país por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que «le cambia la vida a la gente, porque implica que van a mejorar las oportunidades de empleo, mejores condiciones para atacar la inflación y para que Argentina pueda sostener un proceso económico duradero».

Tarifas

El aumento pautado ayer marca que quienes tienen tarifa social tendrán en sus facturas incrementos totales anuales inferiores al 21,6%, un porcentaje equivalente al 40% del incremento registrado por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año pasado. Por su parte, el resto de los usuarios residenciales tendrán «en promedio», según la comunicación oficial, aumentos en sus facturas totales anuales inferiores al 42,7%, un porcentaje equivalente al 80% del CVS de 2021. «Los valores de actualización firmados son los que establece el programa económico trazado por el Ministerio de Economía», señalaron fuentes del Palacio de Hacienda.

En el caso de la luz, el incremento del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) Residencial estará en el orden del 26%, lo que impactará en las facturas de usuarios con consumo promedio en el AMBA con una suba del 16,53%, según la Secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez. Esto porque la factura de la luz está compuesta por varios ítems, de los cuales el más importante es la electricidad propiamente dicha (además están el costo de transporte y distribución, por lo que las subas en cada provincia serán diferentes). Los beneficiarios de la tarifa social sufrirán un incremento del 7,7% promedio.

Respecto del gas, los usuarios con tarifa social no tendrán ningún aumento. En tanto, para el para el resto de los usuarios de todo el país, el precio de venta del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) aumentará entre un 41,7% y 46,3%, lo que representará un aumento en la factura promedio para usuarios residenciales de entre 18,55% y el 25%.

El Indec relativiza

El Indec salió en las últimas horas a relativizar el impacto inflacionario que tendrán estos incremntos en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor. Según el organismo estadístico, el aumento teórico del 60% en la tarifa del gas natural de red tiene una incidencia del 0,3% en el IPC calculado en forma «anual» para el Gran Buenos Aires, mientras que, a nivel nacional, el mismo es de 0,1%. Y la suba de la luz implicaría una incidencia de 0,2% para el IPC del Gran Buenos Aires y del 0,1% a nivel nacional en el cálculo anual.

Represas de Santa Cruz

El jueves pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 269/2022 que aprueba el «Modelo de Acuerdo de Enmienda y Restablecimiento al Contrato de Línea de Crédito», que restablece el acuerdo financiero entre la Argentina y las entidades bancarias chinas que financian los proyectos de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz.

En ese marco, el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, recibió ese mismo día, en la Casa Rosada, al subgerente general de China Gezhouba Group, You Xuhua; al gerente operativo, Liu Shangge; y Li Hongjiao, «un funcionario del grupo», según la comunicación oficial, para analizar el estado de las obras y «optimizar los recursos que permitan avanzar en los tiempos de su ejecución».

El tema provocó roces con el gobierno de Estados Unidos, aunque fuentes oficiales indican que ese resquemor «ya pasó».