La reforma laboral que impulsan el gobierno nacional y las cámaras empresarias tiene en el conflicto aeronáutico de estos días un laboratorio que muestra la complejidad del tema.

Es que la reforma laboral que no pudieron hacer avanzar por medio de una ley ómnibus, ahora tratan de aplicarla sector por sector, con los problemas que ello trae aparejado para sus ideólogos.

En el caso de la aviación comercial, la reforma estuvo atada al cambio profundo en la propia industria. Eso que el Ministerio de Transporte llama «la revolución de los aviones» ha sido una flexibilización de las condiciones operativas de la aviación comercial.

Los sindicatos denunciaron en su momento que tanto la llegada de las aerolíneas low cost como la política de cielos abiertos que promovía el gobierno iban a tener impacto en el régimen laboral.

A poco más de dos años de implementada, la flexibilización aérea se ha traducido en problemas para la seguridad aérea, eliminación de comodidades para los pasajeros y una presión constante, con Aerolíneas Argentinas a la cabeza, para modificar las relaciones laborales del grueso del personal que trabaja en la industria (pilotos, personal de vuelo, técnicos de tierra, controladores). En este punto, Flybondi y Norwegian dieron el salto de calidad al lograr imponer los sindicatos por empresa.

De a uno

Entre los empresarios que plantean la reforma laboral hay una certeza y muchas dudas. La certeza es que el tema se incluya en las agendas de los candidatos presidenciales y en las plataformas de los partidos.

Las dudas están más vinculadas a la implementación práctica de la reforma.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, ha manifestado en varias oportunidades a lo largo de este año que más que buscar una reforma integral en el Congreso, el gobierno apuntará a lograr cambios convenio por convenio.

Esto no implica una rebaja en las aspiraciones reformistas sino, más bien, una adecuación a la realidad: después de las manifestaciones populares de diciembre de 2017 se le hizo muy difícil al gobierno impulsar una ley de reforma laboral en el Congreso; ahora, el inicio de la campaña electoral paralizó el Congreso.

El sector empresario más afín a la idea de una reforma integral se impacienta por los avances parciales en algunas actividades. Por eso vuelven todo el tiempo sobre los temas centrales. La semana pasada fue el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, quien se encargó de recordar que la eliminación de la indemnización por despido sin causa sigue en el tope de las preocupaciones. Funes señaló que para un empresario «tiene que ser previsible que si le va mal, pueda descontratar».

Pero no fue sólo él. En un encuentro con Sica, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa pidió lo mismo, aunque limitado a los trabajadores temporarios. Al presentarle al ministro una serie de «propuestas para mejorar la competitividad», CAME incluyó en el punto «Modernización del Régimen Laboral» la idea de que «una vez concluida la tarea se termina la relación laboral entre empleador y empleado» temporario.

Tanto el gobierno como los empresarios basan su campaña por la reforma laboral en que sólo así se logrará salir del actual derrumbe del empleo y crecimiento del desempleo.

Sin embargo, tal como consignó Tiempo en su edición del domingo pasado, estudios académicos demuestran que no existe tal relación entre la flexibilización laboral y el mejoramiento de los indicadores de empleo. Por el contrario, las consecuencias fueron mayor informalidad laboral y menor calidad en el empleo. «