El Consejo Económico y Social dio su primer paso, todavía informal, el viernes pasado. Será formalizado luego de que el Congreso sancione una ley específica que el Poder Ejecutivo aún no remitió al Parlamento. En la reunión se firmó un documento que esbozó una serie de conceptos, compartidos por los presentes, alrededor de los cuales se estructuraría el plan de gobierno para “honrar la deuda” y, al mismo tiempo, “garantizar el desarrollo económico y productivo”.

El jueves, la Dirección de Estadísticas de la cartera laboral dio a conocer los datos de empleo de octubre. Del informe surge que se acumularon 21 meses consecutivos de destrucción de empleo y que, en cuatro años, se perdieron 230 mil puestos privados registrados. Se trata de una caída del 3,7% que fue compensada parcialmente por el crecimiento de los trabajadores de casas particulares, del 12,1% en ese mismo período, de los monotributistas (+ 11,6%) y los empleados públicos (+ 3,9%). Los datos del empleo registrado muestran así una pérdida de empleo neto acompañada de una mayor precarización laboral.

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En los cuatro años de gobierno de Cambiemos, sólo en tres provincias el sector privado pudo generar empleos. Al revés, Tierra del Fuego es la más afectada por la destrucción de empleo registrado, con un retroceso del 24,2 por ciento.

El Compromiso suscripto por las partes que integran el Consejo Económico y Social sostiene “la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, y promover a las pequeñas y medianas empresas”.

Así las cosas, luego de la reunión, se esperaba el anuncio de un aumento por decreto de entre $ 6000 y $ 9000 remunerativos a pagar en tres cuotas con los salarios de enero, febrero y marzo, como había trascendido en las jornadas previas. Es que la decisión estaba al caer, atento al artículo 58 de la Ley de Emergencia que aprobó el Congreso y que le otorgó facultades al Ejecutivo para disponer de aumentos de salarios para el sector privado en forma unilateral. Eso no ocurrió y, a pesar del texto de la ley, el líder de la CGT Héctor Daer señaló que “eso nunca estuvo en agenda”.

Con todo, la estrategia oficial para recuperar el empleo destruido pasa por una reactivación de la economía, estimulando el consumo de los sectores más relegados y la actividad de las pymes. Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, destacó que “en 17 días empezamos a trabajar para reconstruir la economía de abajo hacia arriba. El bono a los jubilados y las personas que tienen la AUH y la tarjeta de alimentos por $ 60 mil millones van a mover la economía”.

La lógica de una suma fija por decreto, que puso en discusión la continuidad de las paritarias, busca impactar más sensiblemente sobre los sectores asalariados con menores ingresos y con menor capacidad de ahorro para que ese dinero se vuelque directamente al consumo y genere una reactivación económica y, a su turno, la incorporación de trabajadores al tejido productivo.

Previamente el gobierno había dispuesto por decreto la doble indemnización por un período de seis meses, aunque es una medida que si bien apuesta a desestimular las cesantías, no iguala la ley antidespidos vetada por Mauricio Macri en 2016.

Por otro lado, la política oficial apunta a estimular la reactivación del tejido productivo sobre la base de beneficios tributarios y la oferta de créditos blandos a las pequeñas y medianas empresas que podrían tener una tasa  de apenas un 3% anual.

En el título IV de la Ley de Emergencia se disponen estímulos impositivos bajo la forma de moratorias y exenciones en pagos de multas a la Afip para las pymes con el propósito explícito de promover la reactivación del entramado industrial generador de empleo. A mediano plazo, por otra parte, apuestan a retomar programas de estímulo al empleo joven sobre la base de eludir convenios vigentes o promover estímulos tributarios para las contrataciones.

A eso se refiere el texto del Compromiso cuando propone “enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0 y fomentar el empleo joven”. «

Un alza salarial de hasta el 7,5% por la suma fija

La ley de Emergencia dispuso la facultad para que el Ejecutivo otorgue un aumento unilateral en los salarios.

Si bien, contra lo que se esperaba, el viernes no se anunció ese incremento, trascendidos indican que podría ser de entre $ 6000 y $ 9000 remunerativos a pagar en tres cuotas entre enero y marzo de 2020 y a cuenta de futuros aumentos.

Se trata de una suma de entre $ 2000 y $ 3000 mensuales que, a la luz de la mediana del salario de octubre que informó la cartera laboral y situó en $ 39.893, implican una suba de apenas un 5% en el primer caso y de un 7,5% en el segundo. Aunque para los sectores asalariados más relegados, la suba de $ 3000 mensuales podría tener un impacto mayor. 

Según un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en el caso del salario inicial de un obrero textil que, según el convenio, hoy percibe $ 18.290 brutos, el aumento podría equivaler a un 16,4% mientras que, para un ingresante en UOM, llegaría al 12,36 por ciento. 

Para un empleado de la categoría inferior de Sanidad, gremio de origen de Héctor Daer, una suba de $ 3000 mensuales equivaldría a un 10,86 por ciento.

Cautela entre las empresas

La Encuesta de Indicadores Laborales  (EIL) que produce la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación sobre más de 3 mil empresas de todo el país arrojó resultados positivos por segundo mes consecutivo en lo que se refiere a las expectativas de generación de empleo.

Se verifica así una quiebra de una tendencia de nueve meses con resultados negativos sobre los últimos once relevados.

El indicador, que expresa el diferencial entre el porcentaje de compañías que preven generar empleos en los próximos tres meses y las que piensan hacer lo contrario, sin embargo, y con un 0,5% se ubica muy lejos del 3% que se considera el piso para caracterizar un mercado laboral en condiciones de “estabilidad”.