La gran discusión de la economía Argentina es si queremos volver a la política económica del pasado, del populismo ( ) o si queremos seguir construyendo esta Argentina que piensa en el futuro», sentenció el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
Esta frase permite reflexionar sobre la historia reciente: las políticas económicas de Cambiemos tienen semejanzas con las aplicadas por la dictadura cívico-militar del ’76 o las impuestas en los noventa.
Más aun, los sucesos que estamos viviendo, como el corte de pensiones (utilizando los parámetros de un decreto del expresidente Carlos Menem) así como los despidos, la invasión de importados y el incremento de la deuda externa, recuerdan las políticas de los noventa, para no ir tan atrás en el tiempo.
Las grandes empresas son las grandes beneficiarias. En el primer trimestre de 2017 las sociedades que cotizan en el mercado de valores local incrementaron sus ganancias un 95% en comparación con igual período del año anterior. Ganancias que no se condicen con la situación productiva. Por ejemplo, el índice de producción industrial evidenció recién en mayo de este año el primer guarismo de crecimiento, después de 15 meses consecutivos de caídas. La ocupación sigue con problemas y el desempleo en alza.
Según el Ministerio de Trabajo el empleo está creciendo, pero cabe desmenuzar las cifras. En el primer cuatrimestre de 2017, comparado con igual período del año anterior, el empleo privado cayó en 8400 trabajadores, los autónomos también se redujeron en 4000, mientras que el empleo público aumentó 32.400 puestos, y hubo 99 mil monotributistas más, debido a una masiva inscripción en esta modalidad. Resumen: no hay impulso alguno al empleo desde el sector privado.
Las cifras de despidos durante junio son impactantes: 600 en PepsiCo, 170 en la química Lanxess, 180 trabajadores en Puma, y 637 empleados y 145 supervisores en Atucha de Zárate, entre otros.
En este entorno, se continúa con los ataques al fuero laboral. Nuevamente Mauricio Macri cargó contra las «mafias de los juicios laborales» y dijo que con su denuncia está «defendiendo a los trabajadores» y a las pymes que «quieren y pueden crecer pero no lo hacen por miedo a la maquinaria perversa de los juicios sin razón». Luego de hacer referencia a una carta que recibió del dueño de una pyme que con 25 empleados enfrenta siete juicios laborales, Macri se preguntó: «¿Cómo quedarnos frente a esto con los brazos cruzados?», y criticó a «esa minoría de vivos». En la disputa intervino también Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes, quien sostuvo: «Las pymes pusieron el freno de mano con el empleo por los juicios».
Parecería que las grandes empresas no tienen juicios laborales o no se preocupan por ellos. Falso. Se está utilizando a las pymes para atacar a la justicia del trabajo, y para ocultar los verdaderos causantes de los problemas de las pymes, como la caída de demanda del mercado interno, la competencia de los productos importados y las subas de costos por los abultados aumentos de tarifas de los servicios públicos, entre otras dificultades.
La fijación unilateral del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por parte del gobierno macrista rompe una historia previa de acuerdos desde la instalación del Consejo del SMVM en 2004, por decreto del entonces presidente Néstor Kirchner. Pero además, este gobierno ubica el salario mínimo muy cerca de la solicitud de los grandes empresarios y muy lejos de los reclamos de las distintas centrales sindicales. Es toda una definición de vuelta al pasado. Aquí cabe además destacar la solicitud de participación de las organizaciones sociales en el Consejo del SMVM, dado que el valor fijado incide fuertemente en el monto de los planes y pensiones que reciben sus integrantes, una participación que el gobierno rechaza.
Paralelamente, la gobernadora María Eugenia Vidal incrementó la oferta salarial a los docentes, a pesar de que sostenía que la Provincia estaba quebrada y no tenía presupuesto: ¿de dónde aparecieron los fondos, entonces? Además, cabe preguntarse si el conflicto y la pérdida de días de clase no terminan siendo responsabilidad del gobierno bonaerense, puesto que partió de propuestas inaceptables, queriendo fomentar un conflicto con fines políticos. La llegada del Ministro de Educación de la Nación como candidato a senador por Cambiemos alteró el panorama. Un tema que tiene un claro componente electoral.
Los funcionarios de Cambiemos han sido claros al expresar, tanto en los foros internacionales como en los vernáculos, la necesidad de obtener la mayor cantidad de votos posible en las elecciones de medio término. Lo expresó el diputado Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: «Si las elecciones ratifican un triunfo del gobierno ( ) seguramente se va a poder avanzar en temas como la reforma tributaria, la ley de presupuesto, el impuesto al cheque y reformas en carpeta como las cuestiones del mercado laboral, blanqueo laboral y la ley de primer empleo». Es decir, un gran avance en la conocida agenda neoliberal.
Caro endeudamiento
Por su parte, el bono a 100 años no permite aplicar la estrategia de Cambiemos del pasa o no pasa, e intentar volver atrás con las medidas que toman, como las que recortan derechos, y que la sociedad critica masivamente, porque ¿cómo reconocer que cometieron un error que durará un siglo?
Pero no fue un error. Entre las condiciones abusivas, se sostiene una cláusula que encarece la recompra del bono. En trazos gruesos, si el gobierno decidiera recomprarlo hoy debería pagar entre U$S 215 y U$S 230 por cada U$S 90 recibidos. De allí que, haciendo uso de las atribuciones de la Cámara de Diputados de la Nación respecto a la deuda externa, surgió por parte de varios legisladores una solicitud de información al Poder Ejecutivo sobre los aspectos esenciales del endeudamiento gubernamental, y del bono centenario que fue colocado en secreto y a un círculo muy selecto de inversores, y de los costos de estas emisiones. Los diputados también preguntamos si los fondos adquiridos se utilizarán para obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo económico y social, o serán utilizados para pagar la fuga de capitales, o para financiar el creciente déficit fiscal.
Es así que, en defensa de lo indefendible, el ministro Dujovne sostuvo: «El país no es el primero que emite a 100 años, no es una extravagancia argentina. Tomar deuda larga a tasa fija es tomar un seguro contra aumentos en las tasas de interés. Hay muchas chances de que esta tasa termine siendo barata». Esta definición lleva a pensar: ¿es una estrategia para sostener el bono, o en verdad, están esperando un significativo aumento de las tasas de interés para nuestro país? En este entorno, la política de endeudamiento que lleva adelante el gobierno se convierte en mucho más preocupante. Más aun cuando el ministro de Finanzas, Luis Caputo, reconoce que «seguimos teniendo el ratio de deuda más bajo de América Latina en relación al producto bruto». Lo que significa un implícito reconocimiento a la positiva herencia recibida, como también lo son los números que colocan en el prospecto del bono a 100 años: un déficit fiscal primario del 1,8% del PIB para 2015 (cuando los funcionarios y algunos analistas sostenían que llegaba al 7%), y una desocupación en ese año del 5,9%. Herencia que les permitió un gran margen de maniobras, y que hoy utilizan, entre otras cosas, para seguir endeudando al país. «
