Las reservas del Banco Central cayeron a U$S 41.517 millones, luego de que el gobierno ordenara abonar U$S 692 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar una nueva cuota del préstamo otorgado en 2018 a la administración de Mauricio Macri.

El monto de reservas internacionales, según informó el BCRA al cierre de la jornada del lunes, cayó U$S 743 millones con relación a los U$S 42.260 millones del viernes pasado. En la reducción, además del pago al FMI, influyeron las operaciones en el mercado abierto (la entidad vendió unos U$S 28 millones para abastecer la demanda en el mercado oficial) y diferencias de cambio en la valuación de los activos.

De esa manera, los pagos de capital realizados al Fondo sumaron U$S 2.670 millones durante enero. Para cancelarla se utilizaron los alrededor de U$S 6.000 millones que la entidad había girado en diciembre, en el marco del acuerdo de facilidades extendidas pactado justamente para afrontar el stand by anterior. Ese préstamo para pagar otro préstamo fue la única manera que encontró el organismo para refinanciar la deuda del gobierno argentino sin vulnerar sus estatutos, que le impiden esa operatoria.

Como antes de Navidad el gobierno también había abonado unos U$S 2.720 millones, eso significa que ya se consumió el 90% del desembolso de diciembre. La sucesión de pagos no terminó: este miércoles 1 de febrero habrá que pagar los intereses trimestrales por un monto estimado de U$S 710 millones.

Plata propia

Si bien el nuevo programa está diseñado de tal manera de proveer el dinero suficiente para cumplir con los pagos del trimestre, la correspondencia entre ambos flujos de fondos no es tan lineal. En diciembre, por ejemplo, el FMI giró más dinero del que se precisaba para las amortizaciones hasta marzo (los intereses no entran en ese cómputo) previendo que se trata de una época donde el BCRA no suele acumular divisas. Para los próximos giros, el panorama es inverso. Se aguarda que en el otoño comience la época de liquidación de la cosecha gruesa; por eso en la próxima remesa no habrá colchón alguno y en la siguiente, a materializarse en junio, el Central deberá poner unos U$S 1.300 millones de reservas propias.

Los giros de dinero desde Washington son autorizados luego de las revisiones trimestrales que realiza una misión de auditores del FMI, que verifican si se cumplieron las metas cuantitativas y estructurales fijadas en el acuerdo. La cuarta inspección se realizará en febrero y se descuenta que también será aprobada. Para ello, el equipo económico ajustó el gasto público para poder cumplir al cierre de 2022 el tope de déficit primario de 2,5% del PBI (quedó una décima porcentual por debajo, según el informe oficial); además lanzó otra etapa del “dólar soja” para incentivar la liquidación del sector agroexportador, lo que le permitió asegurar la meta de acumulación de reservas. En cuanto al financiamiento del Tesoro a través de las transferencias del Banco Central (al que el Fondo también le había puesto límites), ese mecanismo fue suspendido en agosto.

Sin embargo, en el informe de los auditores no todo fue color de rosas. Se alertó sobre la continuidad de los múltiples tipos de cambio y hasta de la creación de algunos nuevos, lo que choca con la promesa de las autoridades de ir eliminándolos paulatinamente hasta lograr la unificación. También se insistió con los riesgos de no poder cumplir el plan convenido en época de agitación preelectoral. “En este contexto, la planificación de contingencias y el ajuste ágil de políticas, incluido un mayor endurecimiento de políticas si se materializan los riesgos, será fundamental para salvaguardar la estabilidad macroeconómica”, dijo el informe del staff técnico del FMI.