Los gremios reclaman llevar el aumento del 34,6% hasta al menos un 45%. Educación habría ofrecido sólo un 40%. Siguen las negociaciones.
La negociación, en rigor, está referida al mínimo docente nacional y oficia de piso y referencia para las negociaciones que luego se realizan en cada una de las provincias.
Del cónclave participaron por el lado de los gremios Sonia Alesso, Roberto Baradel, Luis Branchi, Juan Monserrat y Noemí Tejeda por la CTERA, Sergio Romero por UDA, Fabian Felman de CEA, Ernesto Cepeda por AMET y Jorge Kalinger por el SADOP.
Del otro lado estuvieron el ministro Nicolás Trotta acompañado por el jefe de gabinete del ministerio Matías Novoa Haider, el secretario general del Consejo Federal de Educación Mario Oporto y otros integrantes de ese organismo como Agustina Vila por la región Centro, Juan Pablo Lichmajer por el NOA, José Manuel Thomas por Cuyo, María Cecilia Velázquez por Sur y Daniel Torrente por el NEA.
Cuando se selló el primer acuerdo a fines de febrero de 2021 las autoridades había celebrado que, la cifra del 34,6%, implicaría una recuperación de poder adquisitivo del salario docente en la medida en que, por entonces, el gobierno seguía aferrado al pronóstico de inflación pautado en el presupuesto 2021 y que estaba fijado en un 29%. En ese rango se habían suscripto otros acuerdos como el de los trabajadores bancarios que luego se elevaría hasta el 43%.
Sin embargo, a esta altura del año, los pronósticos de las consultoras privadas difundidas por el mismo Banco Central de la República Argentina, promedian un 48,3%. Por ese motivo, desde la CTERA, solicitaron que el acuerdo llevara el incremento hasta entre un 45% y un 50% y que se sustanciara antes de noviembre de este año en la medida en que es en ese mes cuando debiera comenzar la negociación para el ejercicio 2022 según lo dispone la normativa vigente.
Sin embargo, y según trascendidos, las autoridades educativas habrían ofrecido llevar el acuerdo apenas hasta un 40% y, por eso motivo, los gremios habrían rechazado la propuesta dando lugar a un cuarto intermedio de 72 horas luego del cual se daría continuidad a la negociación.
Sin embargo, en diálogo con Tiempo Argentino, la titular de CTERA Sonia Alesso, aseguró que “se discutieron distintas cuestiones pero no hubo un ofrecimiento concreto. Desde CTERA planteamos que la inflación será del 45% al 50%. En ese contexto, después de haber cerrado y planteado a principio de año un aumento del 35%, planteamos que se tenía que adelantar y que se tenía que aumentar”.
La dirigente de los maestros recordó que “en febrero se discutió con una inflación proyectada en el 29%. Para ese momento discutimos un aumento de los más altos. Ahora pedimos no perder con la inflación y, si se puede, recuperarlo”. La dirigente explicó que, de todas formas, “no hay audiencia fijada para discutir el salario”.
Con todo, el proceso abordó otras temáticas tales como los avances en la vacunación docente cuando se dispone el regreso a la presencialidad en todo el país así como el monitoreo de los protocolos para ese retorno a las aulas. Por último se ratificó el reclamo para la actualización de los haberes jubilatorios en las once provincias que dependen de la Caja Nacional.
Sobre el punto de las jubilaciones, Alesso explicó que “durante el menemismo, en medio del ajuste neoliberal, hubo una situación de crisis en las cajas previsionales. En ese contexto hubo cajas que pasaron a nación y cajas que quedaron en la provincias, Hay once provincias que tienen un régimen especial que, a partir de la restitución de Néstor Kirchner, otorgan el 80% del salario del activo. Lo que ocurre es que el porcentual es un promedio de los salarios de esas provincias. Allí están Mendoza y CABA que bajan el promedio y dio 31%. Pedimos una recuperación para que los jubilados docentes no pierdan salario sobre la base de algún mecanismo como fue el bono o un adelanto de lo de marzo”.
El 12 de agosto está pautada la reapertura de la negociación salarial de los docentes y no docentes universitarios mientras que el 19 de este mes será el turno de los empleados públicos nacionales.
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