Los principales ejes de discusión en el mundo esbozan un cambio de época. Con matices, avances y retrocesos, las dificultades que debieron afrontar las economías a nivel planetario en el contexto de la pandemia dejaron expuestas y exacerbaron las inequidades preexistentes en las sociedades.

Uno de los principales aspectos en juego es el rol del Estado como regulador del mercado. Por un lado, se plantea un sistema en el que algunos gobiernos intentan poner límites a la concentración de la riqueza, mejorar la redistribución del ingreso a través de los impuestos y piensan en regular los servicios públicos para que toda la ciudadanía tenga acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda digna, etc.

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En el otro extremo, se plantea la idea del Estado mínimo, aunque está siendo cuestionada por los obscenos resultados en términos de desigualdad económica que emanaron de las políticas libremercadistas, inequidades expuestas con más visibilidad y crudeza por efectos de la pandemia de Covid-19.

Por caso, en su intervención en la reunión virtual organizada por las Naciones Unidas y la OIT, el martes pasado, Alberto Fernández señaló que existen “temas que ocupaban nuestra agenda previa a la pandemia que demandan nuevos abordajes y mayores recursos”. Instó a “profundizar el debate sobre el nuevo Impuesto Mínimo Global, para que favorezca puntualmente a las economías emergentes y contribuya a una acción de desconcentración de la riqueza”. El mandatario también exhortó a “repensar una nueva arquitectura financiera internacional” para hacer frente a la “triple crisis de pandemia, cambio climático y deuda que golpea duramente a los países de renta media como la Argentina”.

En un mundo en el que aún se hacen sentir las voces que bregan por reducir o eliminar impuestos, ahora varios de los países más desarrollados proponen elevar o crear tributos para financiar las políticas que benefician a sus poblaciones. No sin dificultades, como se está observando estos días en Estados Unidos.

Con más detalle, los actuales proyectos de Joe Biden destinados a la población más vulnerable en Estados Unidos marcan algunas semejanzas con lo que ocurre en estas latitudes. “Los demócratas se esfuerzan por llegar a un acuerdo con respecto a incorporar al Presupuesto la inversión de 3,5 billones de dólares que constituye el paquete central de políticas de la Administración Biden en la economía doméstica”, señala una nota periodística norteamericana y así resaltan las diferencias en el propio partido gobernante. El Plan se refiere a una serie de medidas que involucran una inversión de 1,8 billones de dólares en subsidios en educación y salud para los hijos de las familias con menores ingresos.

Un rasgo a destacar es que se busca financiar esta importante inversión pública a partir de aumentos en los tributos a las grandes corporaciones y a los contribuyentes de mayores ingresos. Un aspecto que se topa con fuertes resistencias por parte de los sectores parlamentarios más conservadores que actúan en paralelo a los grupos de presión empresariales.

Situaciones que, insisto, se repiten en todos los países del mundo y que deberían ser los principales ejes de discusión de los gobiernos. Hacen a los recursos necesarios para financiar las políticas de los Estados y apuntan a disminuir las desigualdades que genera el mercado.

Datos alentadores

Mientras tanto, en nuestro país se avanza en medidas progresivas. El Poder Ejecutivo oficializó la semana pasada el programa de jubilaciones anticipadas, una medida que, como tantas otras, tiene que ver con un rol activo del Estado en la economía local. Se trata de una ley que garantizará la cobertura social y el 80% del haber jubilatorio a todos aquellos varones y mujeres que no hayan alcanzado la edad jubilatoria, tengan hasta 5 años menos de lo que indica la ley para jubilarse, hayan completado los 30 años de aportes y se encontraran desocupados al 30 de junio de 2021. El espíritu de esta iniciativa tiene que ver con el hecho de que muchos/as trabajadores/as perdieron su puesto de trabajo en el marco de la pandemia sanitaria pero también como consecuencia del deterioro de varios sectores económicos durante los cuatro años de administración de gobierno macrista. Adicionalmente, les resulta más difícil reinsertarse en el mercado laboral debido a su edad.

Una política inclusiva más, que responde a los preceptos que desde diciembre de 2019 se vienen aplicando desde el gobierno del Frente de Todos. Queda mucho por hacer, especialmente para que continúe creciendo el nivel de empleo genuino en nuestra economía.

La presentación del proyecto de ley del “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial” el pasado jueves constituye otro paso importante. Una iniciativa en la que se viene trabajando y consensuando con los sectores involucrados desde hace varios meses y que apunta a beneficiar a la producción agropecuaria y agroindustrial. Se proyecta incrementar las exportaciones de bienes y servicios agrobioindustriales hasta los 100 millones de dólares en 2030 y crear 700 mil nuevos puestos de trabajo en el sector, y alcanzar una meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres.

Además de los incrementos de producción y exportaciones esperados, el espíritu del régimen citado se relaciona con la idea de que la industria y el agro no son sectores antagónicos, sino que se potencian mutuamente con este tipo de políticas. Medidas como ésta no sólo generan beneficios para las actividades involucradas, van más allá: al mejorar la rentabilidad y la producción hacen a un programa de desarrollo de país. En este caso, permiten avanzar hacia una explotación agropecuaria menos primarizada, con mayor valor agregado y, consecuentemente, generadora de mayores beneficios, especialmente en materia de ingreso de divisas al país.

La evolución de la economía se observa en los datos de la actividad publicados esta semana. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró un alza del 0,8% en la medición de julio con respecto al mes anterior. La actividad ya acumula un incremento del 10,5% durante los primeros siete meses de 2021 con respecto a igual periodo del año pasado y sólo 0,8% por debajo de los niveles prepandemia sanitaria. Además, al interior de los sectores económicos se registra un incremento significativo en el acumulado con respecto a igual período de 2019, tanto en la industria (+4,2%), como el comercio (+4,4%) y las actividades inmobiliarias (+1,2%).

Por su parte, los datos de consumo privado relevados por la Encuesta de Supermercados y Autoservicios Mayoristas del Indec también son positivos. En julio pasado, las ventas totales medidas en términos reales crecieron un 6,4% con respecto a julio 2019; también registran un alza en el acumulado de los primeros 7 meses de 2021 comparado con igual período de 2019.

Además, la Cámara Argentina de la Construcción destaca en un reciente informe que en los últimos meses se recuperaron 80 mil puestos de trabajo en ese sector, superando los niveles prepandemia.

Todos registros alentadores y que, en muchos casos, reflejan el esfuerzo fiscal a la hora de reactivar la economía luego de las dos pandemias. Un camino que hay que continuar y que requiere del acompañamiento electoral de la ciudadanía, caso contrario se haría mucho más difícil poder avanzar en las medidas destinadas al bienestar general y al crecimiento productivo que viene aplicando este gobierno.