Hace un año que Mauricio Macri asumió como presidente. Hace un año que se implementan políticas de ajuste, vaciamiento y transferencia de ingresos de los sectores asalariados a los conglomerados empresariales. Todas ellas, medidas que son legitimadas por el despliegue de fuerzas en el terreno del sentido común que día a día, los principales grupos económicos de la comunicación (dueños de sus medios y ahora también, de los medios públicos), quieren imponer.
El primer punto de inflexión durante este año, en materia de comunicación, fue la derogación por decreto de una ley que fue gestada al calor de foros populares en cada rincón del país. Ampliamente debatida en diferentes ámbitos y convalidada constitucionalmente por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la que le faltó una implementación plena y efectiva para fortalecer, multiplicar y optimizar de una vez y para todas, las experiencias de comunicación popular.
Asaltó nuevamente una política comunicacional enfocada en los negocios y no en la participación social ni en la democratización del sistema de medios en el país. Todas las modificaciones que se hicieron en el plano de la comunicación (como en todos los demás) fueron para que las grandes empresas hicieran crecer sus negocios, mientras que las experiencias cooperativas, sociales y comunitarias ven peligrar la continuidad de sus medios por la asfixia económica que genera la devaluación de la moneda, la liberalización de las importaciones y el tarifazo en los servicios públicos. Además de enfrentar el problema de la asignación selectiva y directa de la publicidad oficial, con la cual nuevamente se privilegia a las cadenas corporativas de comunicación.
Hace pocos días, el Senado dio media sanción y giró a Diputados un proyecto de ley que pretende regular la pauta oficial pero paradójicamente, más que plantear soluciones, a este proyecto se le observan importantes consideraciones que aún no quedan claras y que son fundamentales tener en cuenta.
Nos encontramos en un contexto, en el que como dijera el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a dos días de haber asumido- los medios van a competir libremente. Claro está: sin que el Estado intervenga. Somos testigos de la restauración del viejo paradigma que ubica a la comunicación como negocio y con libertad de empresa, no de prensa.
Sin embargo, en estas páginas, contaremos experiencias de gestión colectiva y distribución equitativa del ingreso. Se trata de medios cooperativos que funcionan, son autogestivos y persiguen un objetivo claro que nada tiene que ver con la maximización de las ganancias. Compartiremos el testimonio de trabajadores y trabajadoras de medios cooperativos que, ante las adversidades y el peligro de perder sus fuentes laborales, han asumido la iniciativa de darle continuidad a un proceso colectivo que les permita seguir manteniendo viva su voz. «
