Llegó la hora de rendir cuentas. Con la tinta de la firma todavía fresca, el Fondo Monetario Internacional anunció el envío de la primera misión para revisar el cumplimiento del acuerdo rubricado en junio entre ese organismo y el gobierno argentino. Este lunes arribará a Ezeiza el grupo de técnicos liderado por el italiano Roberto Cardarelli, el economista que viene monitoreando el caso argentino y que realizó el diagnóstico a partir del cual el Fondo aprobó hace apenas siete semanas un préstamo por U$S 50 mil millones. La delegación tiene previsto quedarse diez días durante los cuales realizará entrevistas y recabará información para verificar el cumplimiento de las metas pactadas para el 30 de junio pasado. Esa es la condición para habilitar el desembolso, a partir del 15 de septiembre, de la primera de las 12 cuotas establecidas, por poco más de U$S 2900 millones. La rutina de auditorías se repetirá cada tres meses.
Puntualmente, el Fondo viene a comprobar la evolución del balance fiscal primario, de las reservas internacionales y de las metas de inflación, los únicos que debían mostrar resultados concretos en el breve lapso de diez días transcurrido entre la concreción del acuerdo y el final del semestre. Los dos primeros serán aprobados. El déficit fiscal entre enero y junio fue de $ 105 mil millones, bastante por debajo de los $ 148 mil millones fijados como techo. Y las reservas del Banco Central terminaron el período unos 6000 millones de dólares por encima del piso establecido.
Sin embargo, en materia de inflación, el gobierno tendrá que dar explicaciones. La variación del índice de precios al consumidor del Indec (fijado como parámetro en el memorándum de entendimiento) de los 12 meses previos fue de 29,5%, dos puntos y medio por encima de la meta central comprometida. Según el acuerdo, el primer rango de tolerancia es de dos puntos. Por encima de él, deberá haber una consulta técnica entre el Banco Central y el staff técnico del FMI para decidir eventuales cambios en la política monetaria que ayuden a cumplir la meta. Si el desvío es mayor a cinco puntos (en este caso, 32% de inflación anual), las reuniones serán a un nivel más alto, entre las autoridades económicas y el directorio del Fondo, como requisito previo para las siguientes remesas de dinero. Tal como están las cosas, las próximas decisiones de política monetaria que tome Luis Caputo en su rol de presidente del BCRA deberán estar refrendadas de manera expresa por Cardarelli y sus superiores con oficinas en Washington.
Mal momento
La visita del FMI es tan inoportuna como la de los suegros un domingo a la mañana, que encuentran la cama revuelta y los platos sin lavar de la noche anterior. Es que llegará después de una semana en la que se diluyó la paz cambiaria que el gobierno creía haber alcanzado y cuyo fin se manifestó en un auténtico viernes negro, con suba del dólar a niveles récord (el minorista llegó a pasar la barrera de los 30 pesos y terminó a $ 29,85), caída de bonos y acciones argentinas en el exterior y suba del riesgo país a niveles inéditos en dos años y medio.
El panorama es, de mínima, tan difícil de resolver para el gobierno como el que desató la decisión del presidente Mauricio Macri de recurrir al Fondo, a comienzos de mayo. Desde entonces, el dólar avanzó 30% y si se descuenta la fracción del préstamo destinada a capitalizar el Central, las reservas internacionales bajaron más de U$S 5800 millones. Esta es una muestra de cómo está afectado el poder de fuego del ente regulador para estabilizar el peso, una de las principales obligaciones fijadas por su Carta Orgánica: si interviene de lleno y vende dólares en el mercado abierto, corre riesgo de perforar el piso de U$S 55.500 millones impuesto en el acuerdo. El viernes sus reservas terminaron en U$S 56.870 millones, con una pérdida neta de U$S 6404 millones desde el 22 de junio, cuando entró la ayuda financiera del FMI (ver gráfico de la página 4). El monto está engrosado artificialmente con el swap por el que el Banco Popular de China entregó yuanes en calidad de préstamo. De hecho, en el memorándum entre Argentina y el Fondo, las reservas internacionales netas fueron valuadas en sólo U$S 23.100 millones.
Acorralado por su escasa capacidad de maniobra en un momento tan caliente, Caputo pedirá (dicen que ya lo hizo) una flexibilización de ese margen de intervención. Lo hará amparado en la carta de intención firmada por su antecesor Federico Sturzenegger y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, en la que anticipaban su deseo de que el préstamo stand-by sirviera para «restaurar la confianza del mercado» y que se guardarían el recurso de realizar «ventas de divisas muy limitadas para acomodar las presiones del mercado cambiario». El disparador para pedir ese mayor margen de movimientos fue el fallido intento de gestionar ante bancos extranjeros un préstamo que permitiera reducir la masa de Lebac, las letras que el BCRA emitió para sacar circulante del mercado y que el Fondo también exigió reducir. Las tasas de interés pedidas habrían disuadido a Caputo de esa idea.
Todas esas dificultades para sostener el tipo de cambio y reducir la inflación, sumadas a la lentitud con que se negocia el recorte fiscal para el año que viene, demuestran lo difícil que será sortear los sucesivos exámenes trimestrales del FMI, previstos hasta que expire el acuerdo, en junio de 2021. Hace tres semanas, Tiempo anunció que el gobierno no descarta pedir un waiver (exención de alguno de los requisitos exigidos) si la situación se sigue complicando.
Por de pronto, la desconfianza de los inversores se sigue manifestando en la aceleración de la fuga de capitales. En el primer semestre, la formación de activos externos (término que aplica el Banco Central a los fondos que se escapan del sistema financiero local) trepó a U$S 16.676 millones, más del doble del mismo período del año anterior. En los últimos dos años y medio el acumulado fue de U$S 48.775 millones, casi lo mismo que lo que Argentina pidió al FMI para restaurar la confianza. «La plata que se está yendo del país va a paraísos fiscales, a inversiones que tienen mayores rendimientos en otras plazas financieras. Hay una fuerte incertidumbre por la capacidad de pago del país de sus deudas en dólares», señaló Pedro Biscay, exdirector del BCRA. «
El megacanje de Macri
Una de las claves financieras para 2018 y 2019 es el desarme de la bola de Lebacs, un título que emite el Banco Central a corto plazo.
Por los elevados intereses de la Lebac el Central pagó de 209 mil millones de pesos el año pasado.
Cada renovación de Lebac genera –desde mayo último– un sismo financiero y todo indica que la de este martes será igual.
Por su volumen, las Lebac se han transformado en una bola de nieve. Por caso, el próximo vencimiento es de 525 mil millones de pesos, el equivalente a la mitad del total de billetes y monedas que circulan en la economía. Entonces, las decisiones que tomen los dueños de las Lebac impactan en toda la economía. Si no las renuevan y deciden cobrar esos pesos más los intereses, el BCRA se vería obligado a emitir una enorme masa de dinero. Con esos pesos en la mano, por caso los bancos, dueños del 40% de las Lebac, podrían pedir dólares y llevar la cotización mucho más arriba.
El acuerdo con el Fondo Monetario incluye el canje de las Lebac por otro tipo de deuda, en principio las Letes, que son emitidas por el Tesoro y en dólares.
Pero esto no ha sido posible por dos razones. La primera es que en el cuadro de desconfianza más general con la capacidad de pago de la deuda, los inversores comienzan a reclamar su plata y no renuevan sus acreencias. Esto se vio la semana pasada cuando se renovó apenas el 55% de las Letes. La segunda es que la tasa de interés de las Lebac debería bajar, pero cada vez que se lo intenta, sube el dólar.
Ajuste y confianza
Entre esta semana y fin de mes se debería hacer la foto que espera el gobierno nacional y con la que busca recobrar una parte de la confianza de los inversores del exterior: la que muestre el acuerdo federal por el ajuste y cuyos detalles quedarían fijados en el Presupuesto 2019.
A pesar de la necesidad, no es seguro que el gobierno logre el objetivo. Hasta el momento hay cinco ítems sobre los que están debatiendo los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, con sus pares de las provincias.
Un bloque temático es el previsional. Anteayer, el gobierno publicó una resolución que aprieta a las provincias cuyas cajas previsionales aún no pasaron a la órbita de la Nación y a las que Anses envía remesas para sostenerlas. La norma esteblece criterios estrictos que las provincias deben cumplir para poder recibir esos montos. Al mismo tiempo, el gobierno propone modificar el destino de una parte del IVA que se coparticipa, de forma que financie la Anses.
También vinculado al aspecto impositivo, se debate el destino del Fondo Federal Solidario, que se construye con el 30% de lo recaudado en concepto de retenciones a la soja. La propuesta del gobierno nacional es eliminarlo.
El cuarto tema es el destino del Fondo de Incentivo Docente, que depende de una ley para su eliminación. Este fondo fue la consecuencia de la carpa blanca y los docentes ya advirtieron que se oponen a su derogación. Por último, el gobierno nacional propone eliminar los fondos destinados a las viviendas sociales que se construyen en las provincias.
