El programa para que empresas privadas puedan tomar a beneficiarios de planes sociales a cambio de que el gobierno se haga cargo de una parte del sueldo del nuevo empleado despertó muchas dudas, tanto entre las organizaciones que nuclean a quienes reciben los subsidios como a los potenciales empleadores.

El Plan Empalme, tal como lo llaman las autoridades, fue anunciado por el presidente Mauricio Macri en el acto del 1º de mayo en Ferro, donde fue el orador por invitación expresa del sindicalista Gerónimo Venegas. No se trata de una novedad, sino de una ampliación del beneficio para las empresas que ya podían tomar a los titulares de los planes ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y ahora podrán replicarlo con los anotados ante el Ministerio de Desarrollo Social (planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen). La norma se publicó el martes en el Boletín Oficial y abarca a unas 200 mil personas.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Las organizaciones populares enseguida mostraron su desconfianza con el éxito de la medida a causa del contexto de recesión económica. En el mismo sentido se pronunciaron dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) que reconocieron que, con los actuales niveles de consumo y producción, difícilmente estén en condiciones de generar empleo. De hecho, una encuesta reciente publicada por la consultora Manpower señala que, sobre 800 empleadores, el 74% no prevé contratar ni despedir empleados durante este segundo trimestre; sólo un 13% piensa en incrementar su dotación y un 7% planea incluso reducirla.

Bien leída, la medida se inscribe en la estrategia del gobierno de reducir los costos laborales para las empresas, más que en un intento por crear nuevos puestos de trabajo. A pesar de los reparos que fija la letra del decreto, la resolución podría promover despidos de trabajadores formales para reemplazarlos con otros nuevos cuyos salarios son subsidiados por el Estado. La operatoria podría realizarse aprovechando las deficiencias (o la connivencia) en los controles estatales o por la vía más extendida de la tercerización de tareas.

Según Tamara Seiffer, investigadora del Conicet especializada en políticas sociales, gasto social y pobreza, «estos planes están cerrados para nuevos beneficiarios desde el año pasado. El impacto de la medida está acotado a estos porque los del Ministerio de Trabajo ya están incluidos desde 2006. Es complicado establecer una cantidad exacta porque del Presupuesto 2017 se deduce que habría 387.500 titulares, mientras que en el Ministerio de Desarrollo Social hablan de 185 mil». Con todo, explicó que «el Presupuesto 2017 destina poco más de $ 15 mil millones para estos planes. En el improbable caso de que el sector privado absorbiera a todos los beneficiarios, ese sería el monto de la transferencia directa a empresas por ahorro de costo laboral. Digo improbable porque de la información que contamos sobre el Programa de Inserción Laboral se deduce que el impacto ha sido magro».

Consultados acerca de los beneficiarios que fueron contratados por empresas desde 2006, voceros del Ministerio de Trabajo señalaron que «no tenemos ese dato. La idea es darle mayor importancia a la política de inserción laboral». También aclararon que, a diferencia de lo señalado por varios medios, «no existe un tope de salario neto para acceder al beneficio».

Otra incógnita es qué ocurrirá con estos empleados cuando acabe el plazo de 24 meses que estipula el plan, sobre todo en el caso de una eventual indemnización. Según aseguró a este diario la misma fuente, «están dentro de todos los parámetros de una relación laboral, con todas las coberturas. Si son despedidos podrán recuperar su programa y acceder a los beneficios propios del despido por el monto total del salario».

Sebastián Etchemendy, asesor de Carlos Tomada cuando fue ministro de Trabajo, opinó que «la realidad es que lo van a usar como flexibilización encubierta. El balance del Programa que creamos en 2006 es positivo. La diferencia es que nosotros apuntábamos a la formación profesional y no a subsidiar empresas».

Sin embargo, Oscar Martínez, especialista del Taller de Estudios Laborales, opinó que «en términos generales, los planes de subsidios no tienen éxito. Lo que los define es la relación de fuerza de las patronales que tratan de trabajar con la misma o una menor cantidad de gente. Lo que prima es la cultura del trabajo en negro. Estos puestos financiados por el Estado son usados para mover las condiciones a la baja, pero no tienen efecto sobre la desocupación. Son para subsidiar a los empresarios, no para generar empleo», concluyó. «