“Marzo o abril sería un plazo razonable para acordar con el FMI”. La frase de Martín Guzmán da pistas sobre cuándo podría arrancar 2021 para el gobierno. Así como la pandemia se comió ocho o nueve meses de la agenda oficial en el primer año de la nueva administración, el orden económico del próximo ejercicio podría quedar configurado recién a partir del tercer o cuarto mes del almanaque. Mientras tanto, habrá que pasar el verano.

Por cierto, la firma de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional sería un paso muy importante para despejar incertidumbres. Pero hay muchos otros temas, como la disponibilidad de divisas, la política tarifaria, la recuperación de la actividad interna y la situación del mercado laboral, que también comenzarán a tener certezas a partir del segundo trimestre del año.

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Gran parte de esas inquietudes provienen de una única incógnita: la evolución de la situación sanitaria. El inminente comienzo de los masivos operativos de vacunación es, hoy por hoy, la gran apuesta oficial para que la pandemia empiece a quedar atrás y muchos rubros de la vida cotidiana (no solo los vinculados a la economía) puedan retomar una cierta normalidad. Para paliar las consecuencias del coronavirus, el gobierno utilizó una batería de herramientas (los programas IFE y ATP, créditos a tasa cero o subsidiadas para monotributistas y pymes, bonos a jubilados y a personal esencial, entre otros) que insumieron $ 1,8 billones, algo más de seis puntos del PBI. El Presupuesto 2021 prescinde de todas esas partidas. Si la situación no mejora, habrá que cambiar las previsiones y rehacer las cuentas.

Escenario optimista

En esa hipótesis de un regreso a la cuasi-normalidad, un acuerdo con el Fondo sería efectivamente uno de los hitos del año. No solo porque permitiría evitar el desembolso a partir de septiembre de U$S 44 mil millones (de los cuales solo U$S 3700 millones corresponderían al año que se inicia) sino porque significaría un aval del organismo ante el resto de la comunidad financiera internacional. Por fuera de las cuestiones técnicas, parece difícil que su directora, Kristalina Georgieva, tome una decisión sin el aval explícito de Estados Unidos y del nuevo director por ese país que designe la administración entrante. Eso explica los plazos estimados por Guzmán.

El inicio del segundo trimestre coincide con el comienzo de la época fuerte de liquidación de divisas por parte de los agroexportadores. A pesar de una relación compleja con las empresas del sector, el gobierno contaría para ese tiempo con dólares que sirvan para sostener la mayor demanda de insumos importados en caso de que se produzca el esperado rebote de la actividad interna. El manejo de la cuestión cambiaria es seguido muy de cerca por los analistas, sobre todo por la velocidad con que las variaciones en el tipo de cambio se trasladan a los precios internos, como lo demuestra la historia reciente. “Si hay una devaluación, las tibias señales de mejora desaparecerán una vez más; en cambio, si se evita el salto del dólar oficial, es probable que la recuperación se fortalezca mes a mes”, señala un informe de la consultora Ecolatina.

A fines de marzo también vence el congelamiento de tarifas, que rigió por todo 2020 y que fue prolongado en el decreto del Ejecutivo que llamó a una revisión tarifaria integral. La decisión que se tome será seguida con atención, sea porque se autorice un aumento provisorio (lo que reduciría los subsidios que el Estado paga para que las empresas mantengan el servicio) o porque se lo niegue, medida que podría marcar el inicio de la campaña electoral.

Las matemáticas también transforman esa época del año en una bisagra. A partir de abril, todas las comparaciones interanuales de actividad tendrán como punto de partida una economía virtualmente paralizada por el coronavirus, la cuarentena y demás restricciones. Será más fácil para entonces presentar números que representen un despegue de la economía, aunque se abandone la referencia de los niveles previos a la pandemia.

Otras cuestiones, como la inflación, tienen su presencia asegurada en todos los meses del calendario. Aunque la previsión oficial es del 29% a lo largo de todo el año, las consultoras encuestadas por el Banco Central creen que podría trepar hasta el 50%. Un documento del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) adjudica a la política monetaria, notoriamente expansiva en los últimos meses, un rol clave en esas expectativas: “En base a las señales que está enviando la política macroeconómica, no es impensable una estrategia que tenga como referencia apostar por una normalización de la monetización de la economía como ancla nominal de cara al año que viene, acuerdo con el FMI mediante”. El ITE lo considera un regreso al punto de origen: “Los planteos macro pospandemia que comienza a deslizar Economía implican retomar la senda que forzosamente se había abandonado durante el aislamiento social preventivo y obligatorio”, resume. «