El jueves pasado se emitió el dictamen para que la Cámara de Diputados trate en plenario el proyecto de Ley de Presupuesto. Es para destacar el amplio debate que se produjo con ministros y otros funcionarios/as, las conversaciones dentro del propio oficialismo y también con diputados/as de la oposición, alcanzándose algunos acuerdos que se expresaron en el texto del dictamen.
El Presupuesto se encuentra atravesado por una mirada que define a las distintas políticas que se irán implementando, y lógicamente contempla toda una serie de proyecciones macroeconómicas que sirven para el cálculo de las distintas partidas. Allí aparece el nivel de actividad económica que se está proyectando (+2%), con qué recursos fiscales va a contar el Estado, y cuáles serán las prioridades de inversión y del gasto público. Si bien se elabora en un contexto mundial cargado de incertidumbre y de amenazas recesivas, el proyecto propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Proyecto 2023 “expresa en su mensaje las prioridades de política presupuestaria de gastos en cinco pilares: 1) Infraestructura, 2) Salud, 3) Educación, 4) Ciencia e Innovación e 5) Inclusión Social Activa con Perspectiva de Género”.
Considerando estos ejes, cabe resaltar también el significativo aumento de partidas en temas sociales que se ha determinado durante el debate legislativo, en especial en políticas alimentarias y en asignaciones familiares. También en el Fondo de Integración Socio Urbana, en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, en becas a estudiantes, y en el incremento de los recursos destinados al manejo del fuego en los bosques, entre otros.
Una solicitud de la oposición, que se incluyó en el dictamen, es una cláusula que establece que si al 31 de agosto del próximo año la tasa de inflación supera en 10 puntos a la proyectada, o si los ingresos del sector público superan en dicho porcentaje los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo deberá enviar una ley complementaria en septiembre con el nuevo cálculo de recursos y el plan de gastos para el último trimestre 2023. Todo está listo para dar los últimos debates en el recinto durante la sesión, para que este gobierno pueda contar con un Presupuesto para el año siguiente aprobado, un hecho que es habitual, pero que el año pasado no se pudo concretar.
Seguimos creciendo
En estos días se publicaron los números del nivel de actividad económica (EMAE) del mes de agosto, un dato clave, ya que el crecimiento es fundamental para poder encarar los problemas aunque, como suelo mencionar, con crecer no alcanza y hace falta un Estado activo para regular la puja en favor de los más débiles.
Se registró un aumento del 6,4% respecto a idéntico mes del año pasado y un 0,4% si lo comparamos con el mes anterior. Un dato a tener muy en cuenta es que si se acumulan los ocho primeros meses del año, y se los compara con iguales períodos de los años anteriores, el nivel de producción es el mayor desde que el INDEC elabora la serie (2004) y muy cercano al alcanzado en 2013, 2015 y 2017.
La suba de la actividad viene siendo generalizada, ya que 13 de los 14 sectores que componen el indicador registraron alzas interanuales en agosto, siendo la industria manufacturera la de mayor incidencia en este desempeño. Esta evolución de la industria se condice con el incremento de la Utilización de la Capacidad Instalada, que pasó del 64,4% en agosto 2021 al 69,5% en igual mes de 2022, destacándose la industria automotriz y la metalmecánica. Del promedio de los ocho primeros meses de cada año se concluye que 2022 es el más alto de la serie, que comenzó en 2016. La diferencia entre modelos de país no deja lugar a dudas.
En este marco, los ingresos del fisco nacional en septiembre se incrementaron un 21,7% interanual real. Gran parte debido al significativo incremento de la liquidación de exportaciones del complejo sojero a partir del Programa de Incremento Exportador, que registró una fuerte expansión en los derechos de exportación (126,5% interanual real). Pero también se observó una mejora en los indicadores laborales y en la actividad, que se tradujo en un alza de los ingresos por Impuesto a las Ganancias (+20%) y, en menor proporción aunque siempre por encima de los valores inflacionarios, del impuesto a los créditos y débitos (+3,8%).
Medidas de la semana
El gobierno anunció una serie de medidas de distinto alcance para tratar de recomponer parte de los ingresos reales que los hogares vienen perdiendo por la inflación. El grupo más afectado, quienes no tienen trabajo ni reciben asistencia del Estado, recibirá un ingreso de $45.000 en dos tramos durante los meses de noviembre y diciembre. Los fondos provendrán de parte de lo recaudado por las retenciones a lo exportado por el Programa de Incremento Exportador y beneficiarán a unas 2,1 millones de personas.
También se anunció el aumento del piso para el pago del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría (empleados/as en relación de dependencia) a $ 330.000 brutos mensuales. El objetivo, según señaló el ministro de Economía Sergio Massa, es garantizar que los trabajadores no pierdan en el Impuesto a las Ganancias lo que ganan en horas extras y en la paritaria. Agregó que tendrá una escala descendente hasta los $431.000, para que no pase que aquel que gana $ 330.000 no pague Impuesto a las Ganancias y el que gana $331.000 pague la tasa plena. De esta forma, 380.000 trabajadores/as y jubiladas/os no se verán alcanzados por este impuesto a partir de noviembre.
Seguramente estos mayores ingresos se terminarán destinando a las compras postergadas por estos sectores, y es por ello que hay un riesgo concreto de que las grandes empresas de consumo masivo, por la vía de la remarcación de precios, neutralicen el objetivo principal de las medidas. Es importante que se termine de avanzar con el programa Precios Justos, que estabilizaría por al menos 90 días una canasta de entre 1.500 y 2.000 bienes. Hay espacio para sostenerlo, dado que la evolución de las ganancias de estas empresas ha superado a los incrementos de los salarios, según afirmaron funcionarios de Economía.
A su vez, para estimular el consumo y el empleo local, se anunció un plan “Ahora 30” para la compra de televisores, heladeras, lavarropas, aires acondicionados y celulares a una tasa de interés del 48%. Para el caso de las jubiladas y los jubilados, habrá un esquema de 42 cuotas.
En definitiva, los datos permiten concluir que con las distintas políticas, el gobierno sigue trazando el círculo virtuoso de consumo, empleo y producción. El gran desafío pasa por sostener el proceso de crecimiento y profundizar el sendero de reducción de la inflación y la mejora en la distribución del ingreso.
