Como ya hemos mencionado en columnas anteriores, la continua recuperación de la actividad económica en nuestro país presenta cierta heterogeneidad en el análisis sectorial, algo que también ocurre en la mayoría de las economías del mundo. Aquellas actividades mayormente vinculadas al turismo y los servicios asociados a él aún padecen las consecuencias de la fuerte reducción o paralización en la circulación que produjo la pandemia. No obstante, el importante avance de la vacunación en nuestro país, y aún con el desigual progreso en el mundo, está generando buenas expectativas de reversión de este escenario en un plazo no muy lejano.

Por lo pronto, las estadísticas de actividad industrial en Argentina continúan mostrando un significativo repunte. El nivel general de Utilización de la Capacidad Instalada de ese sector (UCII) alcanzó el 63,5% en el mes de abril, más de 2 puntos porcentuales superior al del mismo mes de 2019, cuando la pandemia sanitaria aún no había llegado. Si tomamos los promedios del primer cuatrimestre 2021 y los comparamos con igual periodo de 2019, se observa que varios sectores industriales aumentaron la utilización de su capacidad. En algunos casos de manera significativa, como la industria automotriz: 21,7%, los minerales no metálicos (asociados a la construcción): 17,7% y los productos textiles: 12,7 por ciento.

El sector industrial es uno de los más dinámicos en la recuperación, con niveles que superan también los de la prepandemia sanitaria, es decir, se encuentra por encima de la producción vigente durante la pandemia neoliberal. Además de la buena evolución de la UCII, la producción industrial creció, en términos desestacionalizados, un 6,8% en abril de 2021 en relación con diciembre 2019.

Lo interesante es que esta gradual mejora del sector se debe, en gran parte, al activo rol del Estado desde el comienzo de la actual gestión de gobierno. Hace ya más de un año, las medidas tendientes a sostener la actividad y el empleo durante el necesario aislamiento y distanciamiento social obligatorio, consecuencia de la pandemia, evitaron situaciones límite en varios sectores. Muchas de ellas, como la prohibición de despidos o los programas Repro (de recuperación productiva), continúan vigentes para aquellos rubros que lo necesitan.

Esto fue señalado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el marco de la primera reunión del Comité Ejecutivo de la UIA, luego de la asunción de su nuevo presidente, Daniel Funes de Rioja. El también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) se mostró crítico ante las políticas públicas implementadas hasta ahora para paliar los efectos del Covid y minimizó la evidente recuperación de la economía argumentando que “hay reactivación en aquellas industrias ligadas a la construcción y en la construcción misma”. El ministro Kulfas rebatió esta afirmación aclarando que, según el Indec, “de un total de 16 ramas industriales, hay 12 que están en claro proceso de recuperación respecto de 2019 y esto lo encabeza maquinaria de equipo, electrónica, equipamiento médico, alimentación y ramas que no necesariamente están vinculadas con la construcción”.

No es la primera vez que los grandes empresarios y sus representantes se muestran contrarios a las políticas de fomento de la actividad y el empleo de este gobierno, por ejemplo, criticando las medidas de doble indemnización, prohibiciones de despidos y suspensiones que fueron implementadas para proteger el empleo durante la pandemia. Resulta paradójico que, junto con ello, no se mencione la importante ayuda a las empresas industriales que significó el ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) que involucró la reducción o postergación de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales y el subsidio de una parte importante del salario de los trabajadores de las empresas más afectadas, entre otras.

Es evidente que, con el aval de algunos medios, existen diversas maneras sesgadas de interpretar la realidad. Pero en el fondo, los ejes de la discusión son siempre los mismos: la puja distributiva entre aquellos que poseen el poder económico y la férrea voluntad de gobiernos como el actual, que brega por modificar el marco económico aplicado durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri, una administración que se tradujo en mayor endeudamiento e inequidad distributiva, junto con caída de la actividad.

En este sentido, cabe citar las frases del ministro Martín Guzmán en la reunión que mantuvo con empresarios la semana pasada. Ante el recurrente pedido de reducción de impuestos, Guzmán fue tajante: “No es nuestra idea un país de impuestos bajos y gasto público bajo”. El concepto subyacente es que el equilibrio fiscal también puede lograrse aumentando el gasto público en sectores clave de la economía, lo que a su vez genera un círculo virtuoso en el que aumenta la recaudación por vía de la mayor actividad. Un esquema en el que el Estado interviene regulando, invirtiendo, fomentando la actividad. Es decir, aquello que, sobrada experiencia tenemos, no hace el mercado.

Otro de los temas álgidos en ese convite fueron los precios. Días antes, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó que “este año los salarios le ganan a los precios, le ganan a la inflación, los haberes jubilatorios le ganan a la inflación”, y sostuvo: “Nosotros no tenemos problema en que las pautas salariales estén por encima de la inflación y tengan una recuperación real”. Ese es el objetivo primordial, incluso si ello requiere que se renegocien las paritarias de algunos sectores. Esto también se espera que ocurra en el caso de los haberes jubilatorios cuya fórmula de actualización toma en cuenta la variación de precios del trimestre inmediatamente anterior junto con la recaudación impositiva, que está creciendo en términos reales.

No obstante, según el último dato conocido esta semana, el nivel general del IPC muestra una variación mensual menor a la de meses anteriores: 3,3 por ciento.

A pesar de que aún se encuentra en niveles elevados, y el acumulado del primer cuatrimestre fue del 21,5%, los valores que se registren en los meses venideros serán clave para marcar la tendencia a la baja.

Pero más allá de los datos duros, las bien conocidas “expectativas” resultan importantes a la hora de coordinar un proceso desinflacionario. El ministro Guzmán fue claro en este sentido al enfatizar que la inflación es un fenómeno multicausal. “Hay que tener un enfoque integral que ataque la situación cambiaria, fiscal y monetaria. Hay un trabajo colectivo de coordinación en una economía que transitó una economía inflacionaria y tiene problemas de anclas en las expectativas” y sostuvo que para resolverlo es necesaria “la cooperación de todos los agentes de la economía (…). Si remarcamos precios en función de expectativas que no van, es posible que terminemos en un sendero muy alto que no le hace bien a nadie”.

A esta altura ya no caben dudas de que estamos ante un gobierno cuyos objetivos principales se mantienen firmes desde un comienzo. Objetivos que tienen como prioridad generar las bases para una economía inclusiva que crezca a partir de sus propios recursos y una política soberana que priorice la equidad distributiva, genere trabajo, desarrolle el mercado interno y los sectores productivos. «