El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, comunicará mañana los detalles del llamado Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino, con el que el gobierno nacional apunta a estabilizar el precio de la tonelada de ese cultivo para desacoplar el precio internacional del que pagan a nivel local los molinos, y que deriva después en los precios que deben afrontar los trabajadores y la clase media en los comercios.
Así lo anunció ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que desmenuzó el DNU 132/22 publicado en el Boletín Oficial a primera hora de la jornada.

El decreto indica que el Fondo Estabilizador se conformará con un fideicomiso financiero suscripto por el Ministerio de Desarrollo Productivo y una entidad bancaria a designar.

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La composición surgirá de los recursos resultantes de la modificación temporal de los derechos de exportación que establece el DNU 131/22.

La facultad para aprobar el flujo y uso de fondos para el ejercicio 2022 es del jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur.

En la presentación, Julián Domínguez ubicó la medida en el contexto del aumento del 37% de la tonelada de trigo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El funcionario informó que el objetivo es retrotraer el precio del trigo a valores pre-bélicos mientras dure el conflicto y sus consecuencias. También señaló los objetivos de cuidar a los consumidores y no perjudicar a los productores.

Para asegurar la medida se procederá con una actualización de dos puntos porcentuales de los derechos de exportación de harina y aceite de soja, y de un punto porcentual al biodiesel.

El gobierno comunicó la medida como la “suspensión temporaria del diferencial del 2% de la exportación” de esos productos que estaba vigente en el marco del DNU 790/2020. Debido a la modificación, la alícuota que era del 31% volverá al 33 por ciento. En el caso del biodiesel, pasará del 29% al 30 por ciento.

El titular de Agricultura remarcó especialmente que la resolución no afecta al interés de los productores agropecuarios y que apunta a los exportadores de harina y de soja. En concreto señaló a las 11 empresas exportadoras de subproductos de soja y subrayó que ocho empresas de ese grupo dominan el 95% de las exportaciones sectoriales.

Domínguez también anunció la apertura del registro de exportación de trigo y maíz por ocho toneladas que se sumarán a los 2 millones de toneladas ya autorizadas.

El funcionario puso ese anuncio en el marco de la cosecha récord de trigo y del buen nivel de la cosecha de maíz “con el propósito de captar los precios internacionales de esta coyuntura histórica” y con el fin “de dar previsibilidad” a los productores para la siembra.

El DNU regirá hasta el 31 de diciembre de 2022. La constitución del fideicomiso estará a cargo de Feletti y su equipo a quienes Domínguez encomendó la responsabilidad de que el efecto de la medida se exprese en una baja concreta del precio del pan.

Mensaje presidencial

En la noche del viernes el presidente dio un mensaje televisivo previamente grabado en el que alistó una serie de razones con las que explicó la escalada inflacionaria.

Fernández apuntó en primer término a la actividad de operadores locales que suben los precios por especulación o por razones de expectativas y, luego, a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.
El presidente intentó aclarar de ese modo que la formación de los precios que pagan los consumidores argentinos no dependerá, exclusivamente y en este momento particular de la historia, de lo que se pueda hacer a nivel local.

Con todo, el mandatario destacó el entendimiento con el Fondo Monetario como necesario para el crédito y como instancia previa para apalancar nuevas oportunidades al sector productivo. “Podremos financiar el gasto de capital del gobierno con organismos y fortalecer el financiamiento interno”, explicó. Eso, continuó, permitirá «depender menos de la emisión monetaria y hacer que el Banco Central tenga una mayor fortaleza”.

Fernández planteó que el acuerdo con el organismo servirá para fortalecer la generación de reservas y consideró que también desalentará las expectativas de devaluación como una forma de moderar la escalada de precios.

Aunque el viernes a la noche no informó políticas, sí adelantó que el objetivo sería garantizar provisión de insumos para que se cumpla el abastecimiento en las fábricas y, en consecuencia, se puedan asegurar el consumo de las familias.

Para abordar esas problemáticas, informó que el gobierno nacional redoblará el diálogo con los diferentes actores que intervienen en las cadenas de formación de los precios y anunció la creación y pronta convocatoria a una «mesa de acuerdo».

Sin embargo, adelantó que, de no lograr el objetivo de esa forma, estará dentro de las consideraciones del gobierno la aplicación de la ley de abastecimiento en caso de que fuera necesario así como “todos los instrumentos del Estado para cumplir el objetivo de bajar precios”.

Fernández remarcó que “la batalla es contra los especuladores, los codiciosos que buscan sacar una renta extraordinaria” y volvió a llamar a la población en su conjunto a participar de los controles de precios, aunque en este caso tampoco indicó de qué manera. De esa forma, ratificó la estrategia de contener los precios mediante acuerdos y controles.

La cuestión de las expectativas, completó, se intentará moderar en una mesa de entendimientos con los sectores más importantes de la economía local.

“Algunos suben precios con total desdén. Acumulan ganancias en desmedro de la sociedad argentina. Esto nos afecta como conjunto social. A las empresas y a las familias. Es un problema de todos que se tiene que resolver entre todos”, aseveró el mandatario sin hacer alusiones con nombres puntuales.

La respuesta con el bolsillo

Ya desde el momento en el que el presidente adelantó la intención de anunciar medidas contra la inflación y se alistaba su mensaje, los formadores de precios remarcaban a discreción los precios de las listas que enviaban a los comercios.

A los almacenes y autoservicios bonaerenses llegaron aumentos de las principales lácteas del 8,9% sólo en la última semana. Las galletitas acumulan subas del 35% en lo que va del año en forma similar a los fideos. Los artículos de limpieza personal y del hogar se incrementaron entre el 15 y el 18 por ciento. Además, las grandes marcas del sector anunciaron nuevas subas para la semana que viene.

Esos números complican mucho más el panorama de febrero.

Esta semana, el Indec sorprendió a los más pesimistas cuando informó que el IPC del segundo mes del año llegó a los 4,7% con un pico del 7,5% en los alimentos.

La tendencia que confirman los comerciantes de barrio sintoniza con las previsiones de las consultoras que empiezan a hablar de una inflación que promediará el 6% en marzo y que, de mantener su tendencia, podría superar el 60% durante el año.

37 por ciento

Es lo que se incrementó el valor global de la tonelada de trigo desde el comienzo del conflicto en Ucrania.

Rechazo de la Sociedad Rural y la oposición

En la conferencia de prensa de ayer, Julián Domínguez informó que se había comunicado con los dirigentes de la Mesa de Enlace, a quienes adelantó el fundamento de las medidas que se anunciaron.

Después de la presentación, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), lamentó la llamada «guerra contra la inflación» y la calificó como «una batalla contra la producción». En pie de guerra por la posible actualización de las retenciones, la Sociedad Rural hizo circular entre sus asociados una carta modelo para poder accionar contra la medida del oficialismo.

Sin embargo, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, se manifestó en su cuenta de Twitter en sintonía con Domínguez y destacó «la importancia de dar previsibilidad».

Quien se había posicionado antes con cierto optimismo es el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Las empresas comerciales optaron por la moderación.

Las pymes, generalmente más demoradas en el acceso a las mesas de negociación más importantes, esperaban con especial atención el llamado al diálogo.

Desde la oposición de Juntos por el Cambio llovieron las críticas. Alfredo Cornejo en su cuenta de Twitter señaló que «las retenciones no son temporales, son ilegales», y reclamó un debate en el Congreso. Desde el bloque legislativo del PRO difundieron una carta titulada «Es fácil gobernar destruyendo el valor de todos los argentinos».

Las críticas vinieron también desde el peronismo federal. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, reiteró su «rechazo al aumento de las retenciones. Es otra metida de mano en los bolsillos de los cordobeses. Es un impuesto a la producción que no existe en ningún lugar del mundo».