Es por el despido de un miembro de la Junta Electoral en 2018. Según el fallo, de segunda instancia, el hecho que la ley permita el despido sin justa causa no debe considerarse “una patente para arremeter contra derechos humanos ni para discriminar pagando”. Tras varios años de litigio, la empresa debe reincorporar, pagar los salarios desde el despido y cumplir con una reparación por daño moral.
En el fallo judicial, de segunda instancia, se destaca la importancia de la Junta Electoral “como organismo de vital trascendencia”. También resalta que el despido no se sustentó en ninguna causal ni motivación y que fue dispuesto inmediatamente después de su función sindical. Esos indicios fueron clave para que se considere que existió “un móvil discriminatorio por las actividades gremiales”. Además, el fallo agrega que el hecho que la ley permita el despido sin justa causa, no debe de considerarse como una “una patente para arremeter contra derechos humanos, ni menos aún para discriminar pagando”.
Por todo esto, Clarín/AGEA deberá reincorporar a Romero a su trabajo, abonar los sueldos caídos desde el despido hasta su efectiva reinstalación, pagarle diferencias salariales y una reparación de daño moral. Y, según indica el fallo judicial, la empresa también debe colocar un cartel en la planta de la calle Zepita notificando su reincorporación durante un año.
El delegado Alejandro Ontiveros relató la génesis del conflicto. «Que Alberto Romero vuelva a trabajar tiene que ver con la lucha en la redacción, que tras 12 años sin actividad gremial pudieron recuperar esa comisión interna tan importante. Cuando los delegados como Paco Rabini se acercaron, dieron el puntapié para que en la planta pudiéramos organizarnos, dado que vivíamos en un mundo distinto. La planta era el paraíso de la precarización. Por ejemplo, había contratos por día. Pero logramos hacer elecciones y Alberto Romero fue parte de la junta electoral. Al otro día de las elecciones, fue despedido».
«Hubo varios reclamos con la empresa y ante la negativa de restituirle el puesto se recurrió a la vía judicial con los compañeros de SiPreBA. Alberto tuvo que enfrentar el despido y la pandemia. Pero ahora el fallo quedó firme y Clarín queda obligada a pagarle. Que vuelva a trabajar es una alegría inmensa y hace creer que la lucha sirve. Es un espaldarazo para regularizar los sectores que en la empresa están siendo postergados. El apoyo del gremio es importantísimo», expresa Ontiveros, también recientemente reincorporado.
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