El juez Javier Ríos del Tribunal Oral n° 3 dispuso un fallo condenatorio a los militantes populares Daniel Ruiz (PSTU) y César Arakaki (PO) e impuso penas de cumplimiento efectivo de tres años al primero y tres años y cuatro meses al segundo por los delitos de intimidación publica y atentado contra la autoridad agravado.

El fiscal había solicitado idénticas penas. Los condenados, sin embargo, no resultaron detenidos porque existen todavía instancias de apelación luego de que el juez publique los fundamentos definitivos del fallo en los primeros días de febrero. La defensa podrá cuestionar las condenas apelando primero en la Cámara de Casación Penal y luego llevar el diferendo hasta la Corte Suprema de Justicia.

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La condena a César Arakaki sumó algunos meses adicionales por la supuesta agresión al policía Brian Escobar que había sido quien dio inicio a la causa como querellante. Lo curioso y polémico del fallo es que el propio Escobar se retiró de su lugar de querellante cuando, en el desarrollo del juicio, consideró que no existían pruebas que incriminaran directamente a los acusados por las lesiones recibidas en uno de sus oídos. El juez, sin embargo, decidió dar continuidad al juicio que llevó a la condena.

En un hecho insólito y precisamente por la ausencia de pruebas que incriminaran a los acusados en forma directa, el fiscal Juan García Elorrio fundamentó su pedido de condena asegurando que la acción de Arakaki y Ruiz había resultado intimidante para el resto de los manifestantes coartando su derecho a la protesta.

El contexto en el que se produjeron los hechos

En diciembre de 2017, a apenas tres meses de su triunfo de medio término, el gobierno de Cambiemos, impulsaría un proyecto de ley en el Congreso Nacional para una nueva reforma previsional mediante la cual se modificaría la fórmula vigente de actualización de los haberes jubilatorios, las pensiones y asignaciones como la AUH, entre otras.

La nueva fórmula, si bien indexaba los haberes futuros a la inflación, ampliaba el período de actualización y, a la vez, pasaba por alto un trimestre entero de actualización que, en aquel momento, implicó un ajuste directo sobre esos haberes por un monto estimado en $100 mil millones equivalentes, al tipo de cambio de aquella fecha, a casi U$S 6 mil millones.

El proyecto no había podido tratarse en el recinto el 14 de diciembre por la gigantesca movilización popular que desafió a los legisladores y, represión mediante, llevó a la suspensión del debate y su postergación para el 18 de diciembre. Pero ese día la movilización fue todavía más imponente, la CGT se vio obligada a convocar a un paro una hora antes y se produjo una intensa represión que fue parcialmente doblegada por la resistencia que ofrecieron decenas de miles de manifestantes. Se estima que participaron ese día de las protestas unas trescientas mil personas.

Sin embargo, y a pesar de que la represión resultaba aún más cruenta que en la jornada previa, el proyecto de ley terminó siendo aprobado con los votos del oficialismo de Cambiemos y el concurso de numerosos diputados del peronismo vinculados con los gobernadores. Así lo hicieron, entre otros, los que respondían a Juan Manuel Urtubey de Salta, Juan Schiaretti de Córdoba o, incluso, los alineados al actual jefe de gabinete Juan Manzur, entonces gobernador de la provincia de Tucumán.

La masividad de la protesta, sin embargo,  tuvo un fuerte impacto político y resultó clave para impedir que avanzara otro de los proyectos que pretendía imponer el gobierno de Cambiemos: la reforma laboral. El proyecto que en una nueva versión ya había consensuado con la conducción de la CGT y parte de la oposición quedó en el olvido y se avanzó en una nueva estrategia de reforma laboral sector por sector.

La respuesta de los condenados

Una vez conocida la sentencia, César Arakaki y Daniel Ruiz salieron a la puerta de los tribunales de Comodoro Py para encontrarse con miles de manifestantes que dieron apoyo al reclamo de absolución. Lo hicieron acompañados de sus abogados Martín Alderete, Claudia Ferrero y Liliana Alaniz y de los dirigentes de sus organizaciones políticas.

Arakaki tomó el micrófono y visiblemente conmovido agradeció su presencia a los asistentes recordó que “el primer mensaje de apoyo que recibí esta mañana fue el de Nora Cortiñas, una mujer que me marcó desde mi adolescencia y que me llevó a militar como lo hago y seguiré haciendo toda mi vida”. Arakaki confió a los manifestantes que “al juez le dije ´yo vengo de una familia de inmigrantes japoneses y trabajadores de la que estoy orgulloso, aportaron 30 años para tener una jubilación digna´. Fui el 18 de diciembre a la plaza porque tenía que estar ahí. Junto a las trescientas mil personas que había. Con las detenciones y los juicios quieren meter la reforma laboral. Con mi condena, condenan a los que se movilizaron ese día y a las futuras movilizaciones sociales que van a venir”.

El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, tomó la palabra y señaló que “estamos ante un nuevo bochorno político de la justicia. La condena que se acaba de dictar viola cualquier prueba llevada al tribunal. El supuesto policía lastimado retiró su querella del juicio porque no había pruebas. El juicio siguió porque la Justicia, el Gobierno, la oposición y la burocracia sindical están obsesionados con meter la reforma laboral en la Argentina y Daniel Ruiz y César Arakaki son luchadores contra esa reforma laboral. Es un fallo irracional desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista político es un fallo dictado por todas las fuerzas capitalistas”.