Al cerrar la presentación del Presupuesto 2022 el pasado jueves en el recinto de Diputados, expresé: “este presupuesto tiene los supuestos que nos permiten pensar y ver con optimismo el futuro. Por eso pedimos a este Congreso –insisto, más allá de todas las disputas y discusiones— que entienda que sería un grave problema que la controversia nos impida sancionar el proyecto de Presupuesto. Ello, en definitiva, no significará una victoria de la oposición sobre el oficialismo sino una derrota para el país, que se quedaría sin una herramienta fundamental para cumplir mejor con el objetivo planteado”.

Desafortunadamente, la controversia primó. El proyecto de ley de Presupuesto 2022 no consiguió la necesaria aprobación en Diputados por el rechazo de la oposición, que volvió a mostrar una fuerte dosis de irresponsabilidad ante las necesidades del conjunto de la sociedad.

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Sin embargo, observando la manera en que muchos de ellos gestionaron cuando fueron gobierno, no es algo que sorprenda. Nadie esperaba que hicieran un mea culpa. Sólo se estaba pidiendo que no bloquearan la posibilidad de que el Gobierno contara con una herramienta clave como es el Presupuesto. Cabe recordar que en 2010 el denominado Grupo A se negó a dar quórum, y fue la primera vez en 27 años, desde la restauración de la institucionalidad democrática en 1983, que se privó a un Gobierno de tener un presupuesto. El actual rechazo es inédito y aún más grave que la actitud de 2010, ya que en ese momento no se sufrían los efectos de las dos pandemias. No parece importarles en lo más mínimo que aún no se han superado los grandes problemas sociales, económicos y financieros que ellos mismos dejaron.

En distintas intervenciones, legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio no dudaron en quejarse de la oportunidad del tratamiento del proyecto, cuando en paralelo se está negociando con el FMI intensamente, otra forma de negar el condicionamiento que le dejaron al gobierno que les sucedió. ¿Por dónde transitaba la mentada institucionalidad cuando firmaron el stand by, de una magnitud no habitual por lo excesiva, sin que el acuerdo con el Fondo pasara por el Congreso? Acaso, ¿alguien puede dudar que la deuda contraída con el FMI fue tomada para condicionar a los gobiernos venideros, fuera cual fuera el signo, por años y años, con el gran impacto negativo que esto conlleva en la ciudadanía?

La negación a aprobar el Presupuesto es un hecho político, más allá de los argumentos técnicos que utilicen. Desde lo ideológico, no están de acuerdo con un Presupuesto que no convalida las políticas de ajuste que muchos y muchas de quienes lo rechazaron piden, como quedó demostrado en gran cantidad de intervenciones en el recinto, que ese es el modelo que “consensuarían”: en esta visión, sólo se logra consenso cuando se aplica lo que requieren. Lo han estado demostrando durante el transcurso de lo peor de la pandemia, en el cual la Cámara de Diputados pudo sesionar con los proyectos que la oposición, principalmente Juntos por el Cambio, habilitó a tratar: una actitud que dista mucho del consenso y de la convivencia democrática.

Dicen que el Presupuesto es un dibujo, cuando en realidad es una suposición de cómo avanzarán las variables. En materia de inflación, se dice que la meta del 33% es incumplible. ¿Era más factible acaso la del 23% de 2019 (terminó en el 53,8%), que convivió con una fuerte devaluación? Hoy, por ejemplo, ese escenario cambiario no se contempla, ya que la política del BCRA es administrada, no está en manos del mercado.

Un diputado economista que estrena su banca sostuvo que la única pauta de inflación posible es la de las consultoras, recopilada por el BCRA en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). El ministro Martín Guzmán le expresó que si hacemos política económica aceptando las proyecciones que se deciden en los mercados, no tendríamos soberanía. Tan claro como eso.

Pero, además, las estimaciones son altamente falibles. En agosto de 2017 (mes en el que habitualmente se está finalizando la confección del Presupuesto para el año siguiente) el REM esperaba una inflación para 2018 del 15,7%; el Presupuesto la proyectaba en 10 +/- 2% (es decir entre 8% y 12%) y el IPC del Indec marcó un 47,6% para ese año. Similar situación para 2019: REM 25,3%, y, como ya expresamos, Presupuesto 23% (mucho más baja que la del año anterior), inflación efectiva 53,8%.

La gestión seguirá

Más allá del problema que genera la no aprobación del Presupuesto 2022, el plan de gobierno no se apartará del objetivo de que los salarios estén cuatro puntos por arriba de la inflación y la economía siga creciendo con mayor equidad distributiva.

En cuanto a las manufacturas, según el Centro de Estudios de la UIA, la actividad se encamina a cerrar el año con una suba superior al 10% con relación al año pasado. Entre enero y septiembre, la industria acumuló un crecimiento de 17,7% interanual y de 6,8% respecto al 2019, mostrando que ya se empieza a recuperar parte de lo perdido con la anterior gestión. En el acumulado de 2021 se observó que, de los 12 sectores que componen el índice, 8 de ellos tuvieron subas respecto al 2019. El Indec informó que continúa expendiéndose el uso de la capacidad instalada en la industria. En octubre se ubicó en el 64,7%, tras registrar su octava mejora anual consecutiva, prácticamente el mismo nivel de octubre de 2018 (64,8%). Comparando el promedio enero-octubre de este año, se está 3,5 puntos porcentuales por encima de idéntico período de 2019.

Durante septiembre el empleo registrado presentó una suba del 2,4% frente a igual mes de 2020 y del 0,7% respecto a septiembre de 2019. De acuerdo a los datos sin estacionalidad, el aumento absoluto fue de 362 mil puestos frente al nivel de diciembre. De ese número, 129 mil corresponden al Sector Privado, subgrupo en el que se destaca el caso de la Construcción, con la creación de 46 mil puestos, seguido por los Servicios con 35 mil nuevos puestos.

En cuanto a la inflación, en noviembre se verificó el menor nivel de inflación mensual (2,5%) de todo el año, junto con el registro de agosto. No es obra del azar, sino un resultado de las políticas, como la de precios máximos para alimentos y otros bienes de consumo masivo envasados, que se implementó el 20 de octubre. Forma parte de un esquema integral en el que hay que insistir, pues la inflación obedece a múltiples causas. Lo contrario sería convalidar un fuerte ajuste.

El presidente Alberto Fernández, participó de la entrega de la jubilación 50 mil por tareas de cuidados y la anticipada N°2 mil. Allí comentó que “la pandemia –lamentablemente– lo que generó es una mayor concentración de la riqueza, en sectores muy poderosos del mundo. Pasó en todo el mundo, pero en América Latina es más notorio, la concentración fue más grande y en verdad lo que nosotros tenemos que hacer es permitir que el ingreso se distribuya de un modo más equitativo; no es posible que (…) la Argentina crezca el 10%, pero todo ese crecimiento no llegue a todos por igual. Esas ganancias quedan –muchas veces– concentradas en manos de unos pocos y seguimos distribuyendo pobreza entre muchos (…). Si el crecimiento no llega a todos no es un buen crecimiento; si el crecimiento es igualitario tiene sentido ese crecimiento. Y en ese sentido, nosotros tenemos la firme convicción y la certeza y la decisión política de que tenemos que recuperar el salario real y el ingreso real de los jubilados y jubiladas y estamos trabajando por eso”.

Palabras que, sin duda, reflejan el espíritu del gobierno y de su plan económico, contenido en los Presupuestos 2021 y 2022, y que permiten entender muchos de los porqués del rechazo a este último.