Las nuevas limitaciones al mercado oficial de cambios impuestas por el Banco Central podrían estabilizar la demanda de divisas en un nivel apenas por encima de los U$S 6.000 millones mensuales, según los cálculos oficiales. Esto permitiría que la entidad evite el continuo drenaje y, en sentido contrario, pueda acumular reservas.
El paquete de medidas, instrumentado por la comunicación A.7532 del BCRA y con vigencia hasta el 30 de septiembre, dispone agregar un nuevo lote de productos inscriptos en el régimen de licencias no automáticas de importación al grupo que deberá buscar financiamiento por su cuenta para traer la mercadería, ya que recién le serán entregados los dólares a los 180 días del despacho a plaza. En ese período deberán conseguir el dinero para poder traer la mercadería.
Esto traspasa el esfuerzo por obtener los billetes a las empresas y desalienta a la vez maniobras especulativas, como el stockeo preventivo por parte de importadores que quieren acopiar mercadería a un tipo de cambio que consideran barato ($ 126 por dólar). En el gobierno cree que esa es la razón de la fuerte suba en la demanda de divisas que en mayo llegó a U$S 7.700 millones y que este mes, se especula, rondaría los U$S 9.000 millones.
Una cuenta que hicieron en el equipo económico es que el total de partidas arancelarias (el código aduanero bajo el cual se clasifican las mercaderías a efectos impositivos y de comercialización) afectadas por el cambio normativo abarca al 17% del total de compras. Esto implicaría unos U$S 1.300 millones por mes que dejarían de salir del Banco Central. Si la cuenta fuera correcta, la entidad podría acumular divisas por unos U$S 3.900 millones en ese período, el 70% del objetivo anual previsto en el acuerdo con el FMI.
La cuestión ya no sólo pasa por cumplir con el Fondo, sino por dar señales de solvencia ante un mercado que está apostando cada vez con más fuerza a una devaluación. Este martes hubo nuevas señales de ello cuando el blue tocó los $ 236 a primera hora y la operatoria bursátil conocida como CCL, utilizado por las empresas para sacar dólares del país, trepó a inéditos $ 251 por unidad. A la urgencia económica por la escasez de billetes se suman las políticas, sobre todo después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner pusiera el “festival de importaciones” como uno de los ejes de su discurso de la semana pasada en Avellaneda.
En el éxito del nuevo régimen están comprometidos tres funcionarios de primer nivel del gobierno: el ministro de Economía, Martín Guzmán; su par de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y el titular del BCRA, Miguel Pesce. Cada uno de ellos se juega la credibilidad sobre el plan económico, la relación con el empresariado y la administración de las escasas reservas internacionales, respectivamente.
Las dudas radican en si este techo forzado a las importaciones ahogará la mejora en la actividad, cuyos números hasta ahora se parecen más a un arrastre estadístico de la suba del PBI en 2021 (rebote, a la vez, de la crisis generada por la pandemia) que a un crecimiento genuino de la producción. La Unión Industrial Argentina, por ejemplo, ya sacó una declaración oficial manifestando su preocupación porque “el acceso a insumos importados es clave para que el proceso productivo no se detenga” y cree que con este régimen se le dificultará aún más obtenerlos.
Rápido de reflejos, Scioli logró introducir un paraguas para las pequeñas y medianas empresas que importan montos reducidos (menos de un millón de dólares por año) y que se verán exceptuadas del nuevo sistema. “Yo me hago cargo de la parte de la responsabilidad que me corresponde. Cuando uno gobierna tiene que elegir prioridades”, dijo Scioli, quien además prometió que trabajará «sector por sector, empresa por empresa, para que lejos de desacelerarse, pueda incrementarse el desarrollo productivo”.
