En un video editado por el Frente Nacional Multisectorial 21F se pone de relieve el discurso del gobernador de Salta y candidato a vicepresidente en la fórmula de Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, en el que legitima el trabajo esclavo para tareas de Vialidad Nacional. En un acto en el que anuncia la incorporación de maquinaria vial por un valor de $140 millones, promete la creación de trabajo en blanco aunque, luego, en la intimidad de una charla con trabajadores que exigen mejoras en sus condiciones, naturaliza el trabajo en negro y prácticamente esclavo en el sector de la obra pública provincial.

En la denuncia se especifica que los trabajadores que se desempeñan en ese sector trabajan más de 12 horas diarias y perciben un salario de $10 mil. Se trata de haberes que los ubican por debajo de lo establecido en el convenio de la Construcción.

Ante las muestras de disgusto de esos obreros que lo increparon, el propio gobernador les señala que “es un tema más viejo que la escarapela, hermano, yo estaba en la primaria y estaban en ese sistema de laburo, no es que soy yo que no quiero resolverlo, el sistema es así, vienen laburando de esa manera y de esa manera los contrató el municipio.”.

La grabación la realizaron los mismo trabajadores viales y las difundieron por redes hasta que se viralizaron. El reclamo es simple: al menos, ser reconocidos como trabajadores del Construcción, registrados y remunerados tal como lo dicta el convenio colectivo sectorial.

Según detalló el portal La Alameda que difundió la situación, los trabajadores viales viajan en los mismos camiones donde se transportan las herramientas e insumos para la construcción de las rutas. Tampoco tienen la protección y medidas de seguridad básica para la tarea laboral que desarrollan en la construcción de rutas.

Por ese motivo, en estas horas, los trabajadores de Vialidad, organizados mediante una autoconvocatoria, acampan en las puertas de la municipalidad local a la espera de un blanqueo de su trabajo algo que, desde ya, es ilegal en el sector privado pero inadmisible cuando la contraparte es el propio Estado.