Ante la amenaza de corte, acceden a pagar planes de pago que significan la descapitalización de la empresa y que sus trabajadores prácticamente no cobren nada.
El programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, destacó en octubre de 2018, al comparar la situación actual de las recuperadas con diciembre de 2015: «Encontramos que ha crecido el número de casos (384 recuperadas contra 367) pero ha disminuido el número de trabajadores (de casi 16 mil a poco más de 15.500). Esto se debe a que hubo cierres en mayor proporción que en años anteriores (el índice de «mortalidad» empresaria de las recuperadas siempre fue muy bajo en relación a las empresas con patrón), en algunos contados casos por desalojos o ventas de terrenos, en la mayor parte por no poder resistir las nuevas condiciones que impone el contexto económico».
Sobran los ejemplos de recuperadas contra las cuerdas por los tarifazos. Al IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina) le cortaron la luz y funciona con un generador. A La Nueva Unión (encuadernación) también le cortaron la luz. La velera Cotravel, de Punta Indio, pasó de producir al 80% de su capacidad, a hacerlo al 25 por ciento. Según dijeron a Tiempo, «se mantienen por la municipalidad; son 50 personas que están a punto de quedarse sin trabajo». A Canale, en Llavallol, le exigen pagar la deuda del anterior patrón para conectarlos a la red. Acetatos Argentinos se vendió por una deuda con Enarsa de 15 millones de pesos que nunca pudieron afrontar. A la cerámica ex Zanón, las últimas facturas de gas le llegaron con montos de 11 y 13 millones de pesos.
José Mansilla, presidente de la cooperativa Unión Papelera Platense (ex Papelera San Jorge, quebrada en 2001), relató la experiencia actual de la recuperada: «Hace un mes Camuzzi nos cortó el gas. Estuvimos tratando de negociar, sin respuesta. Cortamos Camino Centenario y 515 como protesta y logramos que se acerquen desde el municipio». La medida de fuerza duró dos días y la solución presentada fue un programa de 24 cuotas para pagar una deuda de $ 8 millones. «Estamos produciendo lo mismo de siempre, pero pagamos cuatro veces más por el servicio. Hace un par de meses que no nos estamos llevando nada a nuestras casas porque priorizamos el funcionamiento de la empresa. Pagamos los servicios y después si queda, queda; si no, mala leche». Son 62 familias que están en la cuerda floja. «Con la luz, tuvimos un problema parecido y Cammesa también nos hizo un plan de pagos. Entre luz y gas, pagamos $ 2,3 millones por mes.»
Luis Kunz, de Cerámica Neuquén, apuntó: «La situación es alarmante. Al gas lo sacan a un par de kilómetros de donde están las cerámicas y nos lo venden dolarizado. Es imposible de pagar. El consumo de cerámicos bajó, es muy difícil competir con las importaciones y con todo eso nuestras ventas cayeron un 50 por ciento. Estamos trabajando al 50% de nuestra capacidad». Así las cosas, «la factura de gas duplica el dinero que generamos por mes: $ 4 millones de gas contra $ 2 millones de ingresos». De luz pagan $ 500 mil, «y ahora se viene un aumento del 38%», agregó.
La gráfica Chilavert tenía un aviso de corte y realizó un festival para visibilizar la situación. «Toda la recaudación del evento, $ 80 mil, lo usamos para pagar a Edesur», detalló Martín Cossarini. «Levantamos el corte y nos hicieron un plan de pagos, que sigue siendo inaccesible para nosotros.» La deuda es de $ 800 mil y el plan de pagos incluye cuotas mensuales de ntre $ 70 mil y $ 120 mil. «Agarramos un trabajo de boletas para las PASO y posiblemente lleguemos a pagar estos meses. Después, no sabemos. Es una espada de Damocles, estamos pateando la pelota para adelante», se lamentó. Cada trabajador se está llevando $ 12 mil por mes a su casa.
Pablo Peláez, integrante de Facultad Abierta, explicó a Tiempo: «Todas las empresas encuestadas este año informaron que el tarifazo les afectó mucho. En algunos casos, las llevó al límite». Peláez advirtió también por un proyecto de ley presentado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de «dar de baja a viejas expropiaciones, que en algunos casos tienen más de diez años y la única solución que les ofrecen es mudarlos a todos a unos terrenos de Soldati». De sancionarse, «esa ley sentaría un precedente muy preocupante”, aseguró.
Marcelo Amodio, director de la Cátedra Libre de Fábricas Recuperadas de la Universidad Nacional de La Plata, planteó: «Está explotando algo que ya se viene sumando desde hace años y, de seguir con esta política, va a ser muy difícil la subsistencia de las recuperadas. Judicialmente, no hay nada para hacer. Desde que la Justicia rechazó la presentación que hizo Cepis con un grupo de intendentes, ya quedó claro. La salida es política: hay que establecer una tarifa social con cargos mínimos y planes de pago para cooperativas y recuperadas. No son empresas normales: vienen de una quiebra, lo cual ya es complicado, aunque es un tema que afecta a todas las pymes, está claro». «
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