No todas son rosas en la relación entre el gobierno y las empresas privadas que, si bien es cierto que son las primeras impulsoras de la administración de Cambiemos, también es real que constituyen un complejo entramado de intereses muchas veces contradictorios entre sí.

En particular, la industria empieza lentamente a acomodarse en una posición crítica de un programa económico que no disimula sus preferencias por otros sectores del quehacer económico, como la agricultura y los servicios, en especial, con el ámbito financiero, grandes beneficiarios del primer tramo de la era macrista. 

El enojo, lejos de ser de inspiración popular, es un reclamo para que el gobierno de Mauricio Macri reencause el ajuste con políticas más beneficiosas para el sector de las empresas productivas. En ese sentido, las políticas que proponen para corregir la situación apuntan a la flexibilización laboral y al levantamiento de cargas impositivas como vehículos hacia una mayor competitividad. Además cuestionan una supuesta voluntad de la alianza Cambiemos de sostener el consumo de cara a las elecciones del año que viene y su presunta negativa a proceder con la reforma fiscal que es una demanda empresaria de larga data. 

Ayer la Unión Industrial (UIA) manifestó su «preocupación»  por escrito con un comunicado que difundió oficialmente tras su reunión ordinaria de los martes. El mensaje coincidió con un llamativo tirón de orejas de la liberalísima consultora FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) que por medio de su economista jefe, Daniel Artana, cuestionó los resultados de la política económica en general y puso en la mira la teoría de los «brotes verdes», presuntas señales de recuperación de la actividad según el discurso oficial.

En la comunidad de hombres de negocios no son pocos los que miran de costado los desaguisados de algunos funcionarios. El caso del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, que hace un mes anunció en un foro empresario que «la inflación dejó de ser un problema» para la economía local, es paradigmático. Apenas un mes después de esa afirmación (que, por ejemplo, no contempló la suspensión momentánea del tarifazo de los servicios) los pronósticos coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojará en octubre un 3 por ciento.

El texto que publicó ayer FIEL, una entidad que se financia con aportes de las grandes compañías del mercado local, lamentó la inexistencia de reactivación económica y le bajó varios tonos al «optimismo» del gobierno nacional, cuando destacó que hay indicadores económicos que plantean que «en el mejor de los casos la economía habría dejado de caer».  El informe que firma el economista jefe de la entidad, Daniel Artana, resumió que: «puede haber  algunos brotes verdes pero hay que buscarlos con lupa».

El informe cuestionó los resultados de la economía en general y resaltó en particular la situación de la construcción y de la industria, así como también el fuerte retroceso del consumo. A nivel externo, advirtió que las exportaciones están afectando el balance cambiario, cuyo déficit se está financiando con deuda, lejos de cubrirse con inversión extranjera directa, que apenas alcanzó el 15% del desequilibrio.

FIEL también criticó la política fiscal que «se ha vuelto  más expansiva en el margen con gastos que crecen al ritmo de la inflación». Además destacó el primer tramo del blanqueo, que ayer cerró en el orden de los U$S 4600 millones, pero advirtió que «no sería suficiente para asegurar, junto con el crecimiento económico, la eliminación del déficit fiscal primario para el año 2020».

Sobre la base de esa crítica general, la entidad alertó sobre el rumbo de las políticas del año que viene que «se contrapone con los problemas que la economía debe resolver» en pos del crecimiento. Le atribuyó al macrismo una voluntad de incentivar el consumo mediante la «reparación histórica» a los jubilados y lo acusó de postergar una reforma fiscal. Esas dos medidas combinadas, acusó FIEL, son responsables de que el ahorro doméstico sea del 12 o 13%, y puede ocasionar un incremento significativo del déficit externo, lo que a su vez podría afectar el ingreso de capitales, según la consultora. 

«El gobierno le reclama al sector privado que mejore su productividad pero eligió una mezcla de políticas que lo obliga a este a ajustar de ‘shock’ dados los costos en dólares», además «no avanza en medidas que ayuden a reducir costos, tales como encarar la rigidez en la legislación laboral o desregular para eliminar los sobrecostos que existen en muchas actividades como consecuencia de la protección arancelaria y de los privilegios sectoriales», planteó la consultora.

En paralelo se hicieron sentir críticas de las grandes Industrias. La UIA emitió un comunicado en el que manifestó su «preocupación» por la caída de la actividad. «Esta situación se refleja, entre otras cuestiones, en la cantidad de líneas de producción inactivas, con una capacidad ociosa del sector industrial que ronda el 40%», en coincidencia con lo que informó Tiempo este fin de semana.

El comunicado de la entidad fabril agrega que los diferentes representantes sectoriales y regionales detallaron situaciones «preocupantes», tras haberse conocido el informe preliminar de actividad industrial de septiembre y octubre de la UIA que en coincidencia con el Indec  «marca que continúa la caída de la actividad».