Martín Guzmán hará hincapié en la disponibilidad de divisas frescas que tendrá el Banco Central en un futuro inmediato y en la falta de exigencia de reformas estructurales para defender el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía se presentará mañana en el Congreso para exponer ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que debe emitir dictamen para refrendar el nuevo programa, que ya fue cerrado con el staff técnico del organismo. Junto con él acudirán Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI y mano derecha del ministro en la negociación, y Miguel Pesce, quien en su carácter de titular del BCRA pondrá su firma en la carta de intención.

Para el gobierno, la aprobación del acuerdo alcanzado es clave por varios factores. En primer lugar, para ordenar el cronograma de compromisos externos, que preveía para este año pagos imposibles de cumplir por cerca de U$S 19.000 millones al FMI; además, porque permitirá calmar las expectativas del mercado; y desde un punto de vista operativo, porque garantizará los dólares necesarios para asegurar las importaciones de los próximos meses.

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Guzmán cree que una cosa tiene que ver con la otra y así lo explicó en un raid de entrevistas radiales que otorgó el viernes, a la misma hora que el texto del acuerdo llegaba a la mesa de entradas del Congreso. «Reducir la inflación es el principal objetivo de la política macroeconómica. Lo principal (para eso) es calmar las expectativas. Y si hay pocas divisas no hay manera, porque si hay escasez todos esperan que el tipo de cambio suba y entonces suben los precios. Acumular reservas es fundamental, es el punto de partida», graficó. «Lo importante es mejorar el perfil de financiamiento. Y después ir ordenando lo fiscal, disminuir el déficit mientras el Estado sigue jugando su rol coordinador de mediano y largo plazo, invirtiendo en infraestructura pública, desarrollo científico y tecnológico. Ese es el sendero», afirmó.

La necesidad de que el Central no se quede sin dólares, unida a las revisiones trimestrales que impuso el Fondo como requisito antes de girar cada cuota del préstamo, fue la premisa que llevó al equipo económico a diseñar la seguidilla de desembolsos que finalmente se solicitó. La mirada estuvo puesta en los vencimientos del stand by pactado por el macrismo en 2018, que continúa vigente, y en la necesidad de contar los fondos líquidos para afrontarlos. También en armar un colchón inicial tal que sirva para amortiguar un eventual bochazo en alguna de las inspecciones que implique una demora en las remesas de dinero.

Si se sella el acuerdo, el organismo efectivizará un depósito inicial de U$S 9700 millones, que servirá para pagar las cuotas de marzo (U$S 2800 millones) y abril (U$S 720 millones). La diferencia quedará en el Banco Central, que la usará para recuperar el nivel de reservas internacionales que había antes de septiembre de 2021, cuando comenzaron las amortizaciones. Desde entonces ya se pagaron tres cuotas.

En el Palacio de Hacienda señalan que el primer desembolso se efectivizará al día siguiente de que el directorio del FMI apruebe el programa. En Washington esperarán a que el Congreso otorgue su visto bueno antes de llamar a su propia votación. Se espera que eso ocurra en la reunión acordada para el 18 de este mes, antes del pago de capital previsto para cuatro días después. Si así sucede, los siguientes depósitos serán después de cada auditoría trimestral. Los montos son variables porque dependen de los pagos a realizar en cada período: el gobierno pidió dos remesas de U$S 4100 millones y una última de U$S 6200 millones para lo que queda de 2022.

Con ese cronograma, a fines de 2024 la Argentina habrá recibido en una mano (y devuelto con la otra) U$S 44.200 millones, la misma suma que obtuvo el macrismo. La cuestión es clave para uno de los aspectos más políticos que usará Guzmán en su defensa: que este no es un nuevo préstamo sino una refinanciación del que tomó Mauricio Macri en 2018. «No estamos sumando un solo dólar de deuda. Estamos creando una solución al enorme problema que el gobierno anterior creó. Estamos ganando tiempo para no quedar ahogados por una carga de deuda insostenible», dijo Guzmán el viernes.

El FMI, con Kristalina Georgieva a la cabeza, discutirá el acuerdo con la Argentina en una reunión convocada para el 18 de este mes.

Foto: Jim Watson / AFP

¿Refinanciar o reestructurar?

En ese tema, sin embargo, radica uno de los principales cuestionamientos que desde el propio Frente de Todos realizan al ministro: que se trate de una mera refinanciación del saldo, que postergará el pago efectivo de las primeras cuotas hasta septiembre de 2026, y no una reestructuración que incluya una quita de capital, una rebaja de intereses (la eliminación de los sobrecargos finalmente no se produjo) y un plazo de devolución que se aleje de los manuales del Fondo y se vincule con las características y el volumen de la deuda a cancelar.

Por fuera de estos puntos, Guzmán insistirá ante los diputados en que, a diferencia de otros programas, «no hay reforma laboral ni previsional, no hay quita de derechos, no hay privatización de empresas públicas ni ajuste del gasto» y lo confrontará con el celebrado por el macrismo, que imponía una lógica de contracción del gasto, congelamiento de la base monetaria y liberación del tipo de cambio. «Dijimos que la principal restricción es la externa y que las cuestiones estructurales no son que el Estado sea un problema para la economía, sino crear condiciones para que los sectores generadores de divisas puedan crecer más. Creo que hicimos un trabajo que va a ayudar a hacerle bien a la Argentina», resaltó.

En Economía creen que las metas cuantitativas del acuerdo, sobre todo la reducción del déficit fiscal a 2,5% del PBI este año y de la emisión monetaria a 1% del PBI, se pueden cumplir gracias al esperado crecimiento de la actividad y a que el tan mentado recorte a los subsidios en las tarifas de energía habilitará un mayor gasto en términos reales, focalizado en obras públicas e inversiones en tecnología y desarrollo productivo.
En ese sentido, el memorándum de políticas económicas y financieras que forma parte del acuerdo expresa que «hemos asegurado financiamiento neto para los primeros 12 meses del programa». Según el documento, el Banco Mundial, el BID y otros organismos prestarán U$S 2600 millones para inversiones a cargo del Estado durante 2022.