Los expositores plantearon este jueves una serie de dudas en torno de la propuesta de segmentación de tarifas de los servicios de gas natural y electricidad realizada por el Gobierno, por entender que no se cuenta con la información necesaria tanto de las condiciones socioeconómicas de los usuarios como de los costos que deben afrontar las empresas de generación, transporte y distribución.

«No podemos tomar decisiones sobre un esquema en el que ustedes mismos tienen dudas», manifestó a los funcionarios presentes en la audiencia pública María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, quien criticó el criterio de segmentación geográfica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Al respecto, dijo que la segmentación «es un error», ya que consolidaría una división entre «barrios de ricos y barrios de pobres y no queremos más ghettos de Puerto Madero y de countries».

Por su parte, la diputada radical Jimena Latorre aseguró que, con los subsidios, el Gobierno deja «una enorme hipoteca que están dejando para el próximo gobierno», a la vez que ironizó sobre la caracterización de «pro-rico» que hiciera sobre el esquema de subsidios el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, en el inicio de la audiencia. «Me pareció excelente la presentación del informe: se reconoce que los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández aplicaron un esquema de subsidios pro-rico», sostuvo Latorre.

Para Paula Soldis, del Cepis (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad), «eliminar masivamente los subsidios sin reparar en los costos de las empresas es una estafa al pueblo argentino».

El directo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), Daniel Martini, advirtió que «si bien la segmentación es una prerrogativa del Estado, es imperioso que en su instrumentación no se vulneren derechos de las distribuidoras».

Asimismo, señaló que la segmentación propuesta «Implica modificaciones en los sistemas informáticos y de facturación», cuya puesta a punto no sólo tendrá «un costo significativo» sino que demandará «un plazo estimado de ocho semanas».

Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, objetó que «se pretenda instrumentar una segmentación con información insuficiente» y que «todo es una incógnita, con una única certeza, que es que todos recibirán facturas con incrementos».

Federico Méndez, de Edenor, reiteró la presentación que hiciera en la audiencia de ayer y aseveró que «lo que aquí se está tratando tendrá impacto en los bolsillos de los usuarios, pero no en nuestros ingresos».

También señaló que, pese a tratarse de la principal distribuidora de energía eléctrica del país, «nadie nos ha hecho consultas respecto a la segmentación».

Jorge Pascualini, de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, subrayó que «los subsidios energéticos son una solución de corto plazo, pero pueden agravar el problema en el largo plazo», por lo que se pronunció en favor de una segmentación concentrada en la asistencia a los sectores vulnerables.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, planteó que ante la falta de información precisa acerca de la segmentación «existen serios riesgos de incurrir en errores de inclusión», y que el esquema «debe contemplar no sólo a los más desprotegidos sino también a los asalariados y sectores medios».

Por tal razón, consideró «esencial» que se apele «a los datos del próximo censo del 18 de mayo» para evitar inequidades en la segmentación.

José Leonardo Gialluca, de la Defensoría del Pueblo de Formosa, cuestionó la característica de la convocatoria a la audiencia, por entender que «las decisiones ya están tomadas» y que las propuestas que formuló con anterioridad «no son tenidas en cuenta».

En el mismo sentido se expresó el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien solicitó «modificar el formato de audiencias públicas», ya que «la verdad, es mejor no participar», porque a los oradores les queda un «sabor a nada».

Lorenzino manifestó su «alarma» por lo que consideró las diferencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los funcionarios del área de Energía, que «parece más una batalla que una decisión consensuada».