La caída de Argentina en default estuvo lejos de ser tan traumática y apocalíptica como se profetizaba. El gobierno y los acreedores no se detuvieron en el incumplimiento del viernes (expiró el período de gracia por los U$S 503 millones de intereses impagos) y continúan negociando el canje de bonos. Para cumplir las formalidades, el Ministerio de Economía prorrogó la invitación a los tenedores de títulos para dialogar hasta el 2 de junio y anunció que “continúa recibiendo opiniones y sugerencias de inversores”.

Al cierre de esta edición, la llave de la negociación estaba en la respuesta que deberá dar el gobierno argentino a las contrapropuestas de los tres grupos en que se nuclearon los fondos de inversión. De conjunto, detentan cerca del 40% de los bonos bajo ley extranjera que el gobierno quiere canjear y esa fracción los convierte en interlocutores ineludibles, sobre todo tras la baja aceptación de la oferta inicial hecha por el Palacio de Hacienda. El ministro Martín Guzmán estudia sus reclamos para diseñar una nueva proposición. “Estamos planeando realizar modificaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible con nuestros acreedores. Aún hay una importante distancia que cubrir, pero todas las partes están a la mesa para encontrar una solución”, dijo el funcionario a la agencia Reuters.

Entre los bonistas hay halcones y palomas. Por ejemplo, el grupo Ad Hoc, que lidera BlackRock (uno de los fondos más expuestos con bonos argentinos), emitió una declaración atacando por elevación a Guzmán, a quien creen soberbio y poco dispuesto a ceder. “El Grupo celebra que Argentina haya expresado una intención de trabajar con los acreedores, pero durante el último mes el país no ha tenido prácticamente ninguna comunicación sustancial con sus acreedores”, expresa la nota. En cambio, Hans Humes, CEO de Greylock Capital y uno de los líderes del autodenominado Comité de Acreedores, usó modales más suaves. “Va a ser muy difícil evitar algún tipo de default”, había predicho durante la semana en una videoconferencia del Centro Woodrow Wilson. “Pero es muy diferente si se encuentra alguna forma de solucionarlo poco tiempo después», agregó Humes.

Esa división alienta la idea de ofrecer soluciones particulares para cada grupo, que animan algunos integrantes del equipo negociador. Por ejemplo, dar algún trato preferencial a los poseedores de bonos Par y Discount, creados tras los canjes de 2005 y 2010 y que irían por su segunda reestructuración. Eso beneficiaría al Exchange Group, liderado por los fondos Monarch y Cyrus, pero dejaría afuera al Ad Hoc, que concentra sus tenencias en los bonos Global emitidos por el macrismo.

El interés de los acreedores pasa por mejorar el valor presente neto (VPN) de los nuevos títulos. Para ello, contabilizan los flujos de fondos que recibirán, año a año, y los traen a la actualidad aplicando una tasa de descuento (exit yield) que lleva implícita la rentabilidad de su inversión. En sus borradores, entienden que en la oferta oficial el VPN ronda el 40% del valor nominal de los títulos y aspiran a llevarlo a un rango de 55% a 60%. Claro que esa tasa es muy subjetiva. “Si se utilizan tasas altísimas como la que presentan los acreedores y consultoras afines en sus análisis, se exagera la quita hecha por la Argentina. Pero para fondos que acepten el canje y esperen a que se normalice la situación financiera, corresponde utilizar una tasa más acorde al costo de financiamiento regional”, evalúa un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). El análisis sugiere que la tasa arranque en el 5% anual, como la que se les aplica a Brasil y México, en lugar del 10 o 12% que pretenden los acreedores.

En cambio, al gobierno le preocupa el flujo de salida de divisas en el corto plazo. La comparación hecha por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) es ilustrativa. Mientras el gobierno ofrece abonar intereses por sólo U$S 334 millones hasta 2023, los bonistas pretenden cobrar entre U$S 5400 millones y U$S 6100 millones en ese lapso. “Las contrapropuestas tienen menor quita de principal, cupones de interés más altos, menor período de gracia y todas incluyen el pago en efectivo de los cupones de interés vencidos y devengados al momento de la liquidación”, afirma el estudio de la OPC. Ese es el meollo de la cuestión y es lo que tendrá en cuenta Guzmán antes de ver si acepta adelantar pagos, capitalizar intereses en los primeros años o algún instrumento atado al crecimiento del PBI.

Mientras tanto, se descuenta que los fondos acreedores se abstendrán de cualquier demanda ante la justicia de Nueva York. Si se alcanza un acuerdo, el tan temido default habrá pasado sin mucho que lamentar.

Respaldo a Kicillof

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Indio Solari, Alejandra Darín, Darío Grandinetti y trabajadores y trabajadoras de la cultura salieron a “apoyar a (l gobernador bonaerense) Axel Kicillof en la negociación de la deuda”. En una solicitada aseguran que se la hace “para evitar más sufrimiento en nuestro pueblo” y que de su resultado depende “el futuro de millones de bonaerenses”. Y concluye: “En este contexto tan complejo para el mundo entero, debe primar el bienestar social por encima de las especulaciones”.