«Es factible que el Gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible; sin embargo, muy poco se logrará si no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste», es parte de la conclusión del informe titulado “Tiempo de Balance: Deudas Sociales Pendientes al Final del Bicentenario”, realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA.

En ese marco, advierte que «el mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social», sino también los «millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales», quienes -según señala el informe- no recibieron una «especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad».

El informe indica que a este segmento de la población «no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales» y considera a esta «masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares» como los «‘nuevos pobres’ que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno».

En la introducción, si bien se destaca que el gobierno de Macri busca «soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar» considera que se han tomado medidas de alivio para atravesar la «tan inevitable como dolorosa transición» pero que -por lo general- se adoptaron «de manera tardía».

Además, el informe le dio la derecha al gobierno con respecto a la “pesada herencia”, aunque fue crítico en cómo intentó solucionarlos problemas. En ese sentido, recibió duras críticas desde el Frente Renovador. «Si uno tuviera que graficar, tendría que decir que el Gobierno tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, le metió un ajuste encima, y le llevó la temperatura a 41 grados. El informe plantea que aumentó la pobreza porque subió la inflación y que si bien se extendieron algunos programas sociales, los que se benefician igual pierden por la suba de los productos básicos, y a esto se suma un parate del trabajo», indicó el ex viceministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo en radio La Red.

El actual dirigente del Frente Renovador -quien ayer participó de la presentación del estudio- agregó que si bien cree que las autoridades nacionales «tienen buena fe, está mal orientada la política».